En ese momento, la votación fue 39 votos a favor y tan sólo 30 en contra.

Néstor y Cristina Kichner generaban fanatismo tanto en la gente como en la política. Se estaba a favor en todo o en contra de todo lo que ellos impulsaban, y ello actualmente está golpeando a muchos dirigentes que apoyaban sus políticas.

El miércoles 18 de diciembre de 2013, el general de división César Milani, sospechoso de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar argentina, se convertía en el nuevo jefe del Ejército luego de que su ascenso fuera aprobado en el Senado con el aval del entonces partido de gobierno, el Frente para la Victoria.

Milani, propuesto por la expresidente Cristina Fernández para conducir al Ejército, ya estaba acusado por algunos organismos de derechos humanos de participar en la represión ilegal de disidentes y también en la desaparición de un soldado durante el régimen (1976-1983).

Y aunque hasta ese momento la justicia no había determinado la responsabilidad de Milani en los hechos que se le imputan, su ascenso generó controversia por la derogación de las leyes de amnistía que favorecían a los represores y dieron respaldo político a los juicios por crímenes de lesa humanidad impulsadas en las presidencias del matrimonio Kirchner.

Pero quienes votaron el ascenso del entonces General de División para convertirse en teniente coronel. En el Senado la votación resultó 39 votos a favor y 30 en contra. Entre los votos a favor se encontraban las riojanas Hilda Soria y Teresita Luna.

Los integrantes del bloque oficialista argumentaron el “principio de presunción de inocencia”, mientras desde la oposición calificaron su designación como “una mancha para la democracia”. En ese momento, dos organismos de derechos humanos muy cercanos a CFK asumieron posturas opuestas sobre Milani.

La líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, respaldó la designación, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en varios juicios por crímenes de lesa humanidad, impugnó el pliego del general por considerar que las imputaciones en su contra “son contradictorias con fallos de la justicia que tienen autoridad de cosa juzgada y con la información pública disponible sobre aquellos años”.