Laura Serra

El Gobierno y la oposición en la Cámara de Diputados ingresaron en las últimas horas en una pulseada frenética por la suerte del decreto presidencial 656/24, por el que se aumentó en $100.000 millones los gastos reservados para el sistema de inteligencia. Mientras los opositores más críticos del Gobierno buscaban sumar voluntades para rechazar dicho decreto –este miércoles al mediodía, en sesión especial–, el Gobierno redobló la presión sobre los gobernadores, para que su tropa de legisladores no dé quorum en el recinto.

Ante el peligro cierto de que los opositores rechacen el polémico DNU en el recinto, en las últimas 72 horas el Gobierno aceleró pagos con el 80% de esos fondos reservados, lo que exasperó todavía más a la oposición. Los promotores de la sesión especial confiaban, este martes por la noche, en que los números para alcanzar el quorum estaban ajustados, por lo que no se atrevían a cantar victoria por anticipado.

La clave está puesta en cuántos votos aportará la bancada más numerosa, la de Unión por la Patria; desde la conducción de ese bloque se muestran confiados, aunque admiten que habrá algunas defecciones, en parte por la presión de la Casa Rosada sobre algunos mandatarios provinciales. Es el caso de Raúl Jalil, de Catamarca. En el radicalismo, en tanto, sus conductores anticipaban que una quincena de legisladores bajará al recinto; no estará presente el jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, de viaje por Estados Unidos: según pudo saber este diario, el cordobés intentó hasta último momento, con llamadas desde San Francisco, convencer a la tropa a que no dé quorum.

También darán el presente la mayoría de los diputados que integran los bloques Encuentro Federal –que conduce Miguel Pichetto–, la Coalición Cívica, Por Santa Cruz y la izquierda. En cambio, los legisladores radicales que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, no parecían entusiasmados con bajar al recinto, aunque de alcanzarse el quorum votarían por el rechazo, según trascendió.

Tampoco darían quorum Francisco Morchio (que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio), ni los diputados enlistados detrás del tucumano Osvaldo Jaldo. El oficialismo también se aseguró el faltazo del bloque Innovación Federal, que preside la salteña Pamela Caletti (que responde al gobernador Gustavo Sáenz).

La sesión especial se realizará luego de que la Comisión Bicameral de Inteligencia designara al senador radical Martín Lousteau como su presidente. Lousteau, en abierta confrontación con De Loredo, instó a la tropa de diputados radicales a que dé quorum.

“En un tiempo récord [el Gobierno] ha hecho una asignación de fondos reservados de nada menos que de 100.000 millones de pesos, de los cuales ya se han devengado y pagado el 80% –advirtió el senador y jefe de la UCR–. Y esto, esta urgencia, esta creación y asignación de estos fondos por DNU, ocurre en el medio de un montón de carencias donde se dice que no hay dinero. No hay dinero para los jubilados, no hay dinero para otras cosas, pero aparentemente para utilizar muy rápido gastos reservados dentro de la Secretaría de Inteligencia, sí. Y es parte de lo que tenemos que controlar”.

No es fácil encontrar un organismo del Estado que haya gastado tan velozmente, en poco más de tres semanas, casi toda su partida presupuestaria como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Presidida por Sergio Neiffert pero digitada, en los hechos, por Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, la SIDE recibió el 19 de julio $100.000 millones para gastos reservados; desde entonces hasta el miércoles pasado devengó –es decir, comprometió desembolsos– por $81.054,87. Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro pegó el grito en el cielo; los voceros de la Casa Rosada, en un intento de relativizar sus acusaciones, hicieron trascender que esos fondos no fueron efectivamente erogados.

Lejos de dar marcha atrás, y mientras negaba el gasto, el Gobierno aceleró a fondo y, al fin de la semana pasada, ejecutó los pagos correspondientes. Así figura en el portal Presupuesto Abierto que publica el Ministerio de Economía. La oposición interpretó que semejante apuro responde a un objetivo: que la SIDE consuma todos sus gastos reservados antes de que el Congreso voltee el DNU que los sustenta.

Sin embargo, nada asegura que esta jugada finalmente prospere. Hay un detalle que podría hacerla fracasar: que el decreto sea declarado “nulo de nulidad absoluta”. Si esto ocurriese, los actos administrativos provocados por el decreto –esto es, la ejecución de la partida– volverían a fojas cero, es decir, los fondos deberían ser transferidos de vuelta a la Secretaría de Hacienda.

Esto es lo que buscarán los promotores de la sesión especial: no solo rechazar el decreto en cuestión sino declarar nulos sus efectos administrativos. Para que esto se cristalice no bastará solo el pronunciamiento de una cámara, en este caso, la de Diputados. La ley 26.122 establece que ambas cámaras –es decir, también el Senado– debería pronunciarse de idéntica manera.