Omar Perotti es el primer gobernador desde la restauración democrática de 1983 que no propone reformar la Constitución de Santa Fe, como sí lo hicieron sus siete predecesores: José María Vernet, Víctor Reviglio, Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Acaso para compensarlo, los diputados y diputadas socialistas presentaron ayer un nuevo proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma, que es el sexto que ingresa a la Cámara este año. Los seis coinciden en no habilitar la reelección de Perotti en 2023, pero abren el debate sobre las reelecciones infinitas, entre ellas las de los senadores –que junto al privilegio de los fueros absolutos- le garantizan, por ejemplo, al senador Armando Traferri zafar de una investigación judicial en una causa por corrupción, hasta ahora. “Creemos que este puede ser el año de la reforma”, se entusiasmó el jefe del bloque socialista Joaquín Blanco al pedir un acuerdo multipartidario que saque la ley, convoque a una Asamblea Constituyente y que el “próximo gobernador o gobernadora pueda jurar por la nueva Constitución de la provincia”.

Blanco señaló tres “factores” políticos que favorecen la reforma. El primero es paradójico. Perotti es el primer jefe del Poder Ejecutivo en casi 40 años que no propone cambiar la Constitución de la provincia durante su mandato y eso “despeja el principal escollo” que ha tenido la reforma en ese mismo lapso: que “sea un traje a medida para la reelección de un gobernador”, intepretó el socialista. Crítica y elogio, al mismo tiempo. “Creemos que Perotti no tiene vocación reformista, que su gestión es que transcurra el tiempo”, exageró Blanco. “Por eso, ni el propio Partido Justicialista plantea la posibilidad de que este gobernador pueda reformar la Constitución con reelección. Despejado eso, creemos que la reforma no se ajusta a una especulación de un sector que busca una conveniencia electoral, sino que podamos pensar en forma colectiva de qué manera reformamos la Constitución de cara a la gente y que sea un proceso que impacte positivamente en las futuras generaciones”.

Según Blanco, los otros dos “factores” políticos que favorecen la reforma son:

*La crisis: "Vivimos una profunda crisis económica, social y de seguridad, pero fundamentalmente una crisis política”, planteó. “Los ciudadanos no se sienten representados por sus instituciones. Los partidos políticos no estamos a la altura de las demandas ciudadanas. Por eso, en una crisis muy profunda hace falta audacia, pensar lo nuevo, innovar. Creemos que en un proceso democrático y con mucha participación ciudadana estamos en condiciones de pensar la Santa Fe que viene, a partir de una reforma constitucional, como nos merecemos los santafesinos”.

*El tercer factor. “No es casual que en la Cámara haya seis proyectos de reforma constitucional con estado parlamentario”, repasó Blanco. Hasta la semana pasada eran cuatro, impulsados por sus colegas Gabriel Real (PDP), Luis Rubeo (PJ), Rubén Giustiniani (Igualdad) y Nicolás Mayoraz (celeste). El quinto es de la diputada peronista Lucila De Ponti y el sexto de los socialistas, que ingresaron uno tras otro. “Hay una generación de legisladores y legisladoras que buscan generar una huella profunda en la historia institucional de Santa Fe. A pesar de las diferencias, se respira en la Cámara de Diputados un clima de diálogo y respeto que nos permite ser muy optimistas con la posibilidad de alcanzar un consenso profundo. Creemos que ese clima que se vive en la Cámara es el que necesita la provincia para resolver sus diferencias y los problemas graves políticos que tenemos”, opinó Blanco.

Lo que hace falta –insistió el legislador- son “propuestas serias, participación ciudadana, y que la gente se involucre activamente. Pero también señales concretas de la política. Estamos convencidos que si trabajamos, si le ponemos empeño y dejamos de lado especulaciones sectoriales, este año se puede votar la ley que declare la necesidad de la reforma y se convoque a la Asamblea Constituyente para que el próximo gobernador o gobernadora jure por la nueva Constitución" en diciembre de 2023, enfatizó.

Blanco dijo que el proyecto socialista responde al mandato del último congreso partidario. Propone la “reforma parcial” de la Constitución de Santa Fe. “Es un hecho trascendente porque marca una coherencia con una conducta reformista que ha sostenido el PS desde el retorno a la democracia. Tenemos una Constitución que ha quedado vieja. Santa Fe es una provincia progresista con una Constitución conservadora, es el momento de cambiarla”.

La iniciativa –remarcó- sintetiza el “trabajo de los últimos años” y la “impronta reformista de Lifschitz”, que remitió a la Legislatura “el último proyecto de reforma constitucional del Poder Ejecutivo en 2018. En ese momento no se pudo alcanzar los acuerdos necesarios para aprobarlo, "pero 2022 puede ser el año”, insistió Blanco. El proyecto de Lifschitz fracasó porque habilitaba su reelección, como ocurrió con los seis anteriores que impulsaron Vernet, Reviglio, Reutemann, Obeid, Binner y Bonfatti.