Laura Serra

Salvo que en las próximas semanas se alcance un acuerdo de cúpula entre el Gobierno y un sector del peronismo, las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (PASO) se mantendrán en pie en el calendario electoral del año próximo. El presidente Javier Milei pretende derogarlas, pero el oficialismo sigue sin conseguir los votos necesarios en el Congreso para avanzar, con el agravante de que los márgenes de tiempo se agotan por los plazos que impone la legislación.

En la Justicia Electoral hay expectativa y no poca preocupación frente a las incertezas que exhiben las autoridades políticas en la definición del cronograma de los comicios legislativos que se avecinan. Si bien la legislación de nuestro país no contempla un plazo máximo para modificar las reglas electorales, en la Justicia deslizan que lo razonable es que cualquier cambio debería producirse, cuando mucho, antes de la convocatoria formal a elecciones que debe realizar el Poder Ejecutivo.

Según la ley vigente, el presidente Milei debe convocar a elecciones primarias 90 días antes de su realización; el plazo máximo es el 5 de mayo próximo. En la Justicia Electoral advierten que en abril, a más tardar, quede establecido el cronograma definitivo ya que, a partir de ese mes, corren los distintos plazos que prevé la ley para que los 24 distritos del país pongan en marcha el operativo con vistas a las elecciones generales de octubre. Operativo que podría complejizarse con el debut de la boleta única de papel (BUP), advierten.

“Después de esa fecha cualquier cambio en las reglas electorales podría ser política y jurídicamente objetable”, deslizan.

Sin convocatoria a sesiones extraordinarias este mes, en enero continuará el receso legislativo que podría incluir febrero si en el transcurso del mes próximo el Gobierno no logra un acuerdo político con un sector del peronismo para derogar las PASO.

Una vía alternativa, la suspensión por única vez de las primarias –opción que seduce a un sector de Unión por la Patria–, tampoco reúne, al menos por ahora, un consenso generalizado. El oficialismo requiere la mayoría absoluta de los votos para que cualquiera de estas alternativas prosperen, mayoría que hoy no logra alcanzar ya que en los bloques dialoguistas –Pro y la UCR– no hay consenso interno para avanzar.

Los márgenes de tiempo se acortan –apenas un par de meses para que ambas cámaras sancionen la reforma–, con el agravante que, desde el principal distrito electoral del país –Buenos Aires–, el juez federal Alejo Ramos Padilla ya alzó su voz para reclamar premura en la definición del cronograma.

Alejo Ramos Padilla

“La planificación de los procesos electorales en la provincia de Buenos Aires para 2025 requiere de prontas decisiones. La falta de certezas sobre la modalidad de convocatoria (simultaneidad, concurrencia o desdoblamiento) y los nuevos desafíos que acarrea la BUP imponen una pronta y eficiente planificación”, advirtió Ramos Padilla.

El magistrado envió la semana pasada un informe al gobierno nacional y provincial en el que alertó sobre la “falta de certezas” para las elecciones del año que viene en ese territorio que concentra, nada menos, que el 40% del padrón electoral. “Es urgente que las autoridades políticas brinden, cuanto antes, las certezas que permitan avanzar con la organización de los comicios para no ponerlos en riesgo”, advirtió.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, sin embargo, no apurará una definición sobre su estrategia electoral hasta tanto no se resuelva, a nivel nacional, si se derogan o no las PASO. Sucede que Buenos Aires tiene su propia ley de primarias, cuya realización está atada en tiempo y forma a las PASO nacionales. Entonces, si el gobernador insiste en desdoblar la fecha de los comicios legislativos en su provincia –estrategia con la que busca consolidar su liderazgo distrital y proyectarse como candidato presidencial en 2027– resulta clave que el Congreso derogue la ley nacional de primarias.

Axel Kicillof

A la espera de una definición del Congreso, el gobernador hizo trascender que se tomará su tiempo y que recién en febrero anticiparía una decisión. Cristina Kirchner, enfrentada a Kicillof, insiste en que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que las nacionales, es decir, que se mantenga la concurrencia para potenciar su posible candidatura a diputada nacional.

Quien también evalúa desacoplar las elecciones en su distrito de las nacionales es Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, preocupado por la avanzada libertaria que encabeza Karina Milei sobre su bastión; para ello necesita que la Legislatura apruebe la reforma, que incluiría la suspensión de las primarias locales.

El primo del expresidente Mauricio Macri también sigue de cerca lo que pueda suceder a nivel nacional con las PASO, ya que el bloque kirchnerista –clave para otorgarle los votos en la Legislatura– anticipó que cualquier decisión en el distrito debería estar atada a la estrategia electoral que se trace a nivel nacional.

La reforma política y electoral que pretende el Gobierno no solo incluye la derogación de las PASO. Abarca, además, una modificación en la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos al reducir significativamente el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado.

El paquete de reformas incorpora otra iniciativa que tiene en la mira a los partidos políticos de escasa representación popular, algunos de los cuales son utilizados como “sellos de goma” que suelen ofrecerse al mejor postor para permitirles postular sus candidaturas. Es paradójico: fue a través de estos “sellos de goma” con los que Javier Milei logró armar el frente electoral con el que llegó a la presidencia. La iniciativa endurece las condiciones para el reconocimiento jurídico de los partidos, moderniza el procedimiento de afiliación y aumenta los requisitos para que obtengan estatus nacional.

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Empero, si la derogación de las PASO le genera dificultades al oficialismo para ser aprobada, este último paquete de reformas prácticamente no tiene consenso, por lo cual difícilmente prospere en un año electoral.