Por Ezequiel Rudman

El bloque UCR de Rodrigo de Loredo no dará quórum en la sesión especial convocada para las 15:00 en la Cámara de Diputados. Los radicales se suman así a la estrategia anunciada por el PRO de Mauricio Macri y no bajarán al recinto para intentar bloquear la aprobación de un proyecto de ley que limita la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia.

La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir…

— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 12, 2024

La presión de os gobernadores, tanto de la UCR como del PRO, hizo efecto en Diputados en medio de las negociaciones de las provincias con la Casa Rosada por la distribución de partidas en el Presupuesto 2025. La oposición ronda los 134 votos para avanzar con la modificación de la ley 26.122 que regula el alcance y vigencia de los DNU.

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La intención de los bloques opositores es que con el rechazo de una sola de las Cámaras del Congreso sea suficiente para descartar un DNU. Actualmente la ley exige el rechazo de Diputados y del Senado.

Fractura en la UCR

El bloque de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo viene de sufrir el éxodo de 12 diputados alineados con Facundo Manes y Martín Lousteau que abandonaron la bacada y conformaron su propio espacio "Democracia para siempre". Julio Cobos que integra formalmente el sector de De Loredo también se desmarca y anticipó que bajará al recinto para dar el debate.

Javier Milei suma así como aliados en Diputados al PRO de Cristian Ritondo que ayer se reunió con Mauricio Macri para anticipar que tampoco darán quórum en la sesión especial de esta tarde. El macrismo sostiene que la oposición busca atentar contra la gobernabilidad y que no están dispuestos a votar con el kirchnerismo.

En el encuentro de la mesa ejecutivo del PRO estuvieron también el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Entre Ríos -vía zoom- quienes se encuentran en medio de una inestable negociación por deudas de la coparticipación y de las cajas jubilatorias no transferidas al gobierno nacional.

A la necesidad de fondos de las provincias, se suman las negociaciones por un incipiente armado electoral conjunto entre La Libertad Avanza y el PRO. Un acuerdo macro que el ex presidente aspira a que abarque la definición de candidaturas tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal.

Los gobernadores de la UCR como Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdes (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se encuentran en la misma situación. A 18 días de la finalización del periodo ordinario de sesiones en Diputados, el Presupuesto 2025 sigue abierto con foco en la definición de las planillas obra pública en las provincias.

Límite a los DNU

En paralelo a la negociación de los gobernadores con la Casa Rosada por partidas presupuestarias, Javier Milei adelantó que vetará la reforma a la ley 26.122 para limitar a los DNU en caso de ser aprobada por el Congreso. El dictamen de mayoría es impulsado por Union por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre y Encuentro Federal de Miguel Pichetto.

El despacho de mayoría sobre la modificación a la ley que regula los DNU tiene cinco artículos y establece que los decretos de necesidad y urgencia “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación”.

También determina que en el caso de que los DNU sean emitidos durante el receso del Congreso, “las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional”.

La principal modificación consiste en que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Además, el proyecto establece que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.