En estos días volvió a surgir en el ámbito del municipio local y más concretamente en el Concejo Deliberante una discusión que ya parece interminable en torno a los destinos que el gobierno vecinalista ha dado y sigue dando a los recursos que recibe por el llamado Fondo de Financiamiento Educativo.
Este Fondo es de origen nacional y fue instrumentado por la Ley 26.075, cuya finalidad era aumentar la inversión en educación y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades en el aprendizaje y la calidad en la enseñanza.
La ley dispuso por el plazo de 5 años, una asignación específica de recursos coparticipables con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene la finalidad de garantizar condiciones equitativas en la educación nacional.
Asimismo la provincia de Buenos Aires estableció un sistema de coparticipación automática de parte de esos recursos recibidos con los municipios que la componen, con el fin de cubrir gastos ligados exclusivamente con la educación. Para ello, se estableció que los municipios podrán afectar este dinero a la mejora de la infraestructura escolar de gestión estatal, en cualquiera de los niveles del Estado.
La coparticipación de estos fondos denominados bajo el título de Fondo de Financiamiento Educativo comenzó a ser recibida por los municipios bonaerenses a partir de 2013, y de acuerdo a información proporcionadas por diversas fuentes confiables a La Voz del Pueblo, los montos que llegaron a nuestro partido fueron los siguientes: año 2013 $ 4.157.811; año 2014 $ 9.222.822; año 2015 21.826.426 y hasta agosto del corriente año $ 19.673.386, perfilándose que para 2016 el monto a recibir estará algo por encima de los 30 millones de pesos. Es decir que Tres Arroyos durante los 4 años de establecido el programa habrá accedido a aproximadamente 65 millones de pesos.
Primeras discusiones
Si nos trasladamos a los primeros meses del año 2013, cuando los tresarroyenses tomaron conocimiento del arribo de las primeras partidas de dinero del Fondo en cuestión, comenzaron las primeras discusiones respecto del destino que debería darse al mismo.
Fue entonces cuando el intendente Carlos Sánchez manifestó que ese dinero venía a reemplazar otras partidas que habían dejado de percibirse, y por lo tanto eran de libre disponibilidad. Este argumento, a partir de la lectura de la legislación que creó este aporte, fue rebatido por otros sectores políticos que señalaron que a Sánchez no le asistían razones valederas.
Fue en ese momento cuando los ediles del Frente para la Victoria y la entonces consejera escolar Laura Aldalur, plantearon la posibilidad de crear un ámbito de estudio y programación de la utilización de los fondos a recibir, incluyendo en este espacio la participación activa de sectores del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante, el Consejo Escolar y las asociaciones cooperadoras de los establecimientos educativos del partido, como una forma de que fueran los propios beneficiarios los que determinaran necesidades y prioridades en el uso de esos dineros. La propuesta no avanzó y es el gobierno municipal el que sigue administrando y fijando el criterio de utilización, con una activa intervención en la entrega de aportes por parte de Hugo Fernández, jefe de Gabinete.
En más de una oportunidad, la oposición coincidió en subrayar que una parte de los fondos se asignaron a cuestiones ajenas a las que dispuso su creación. A tal punto que en la última sesión del Concejo se aseguró que de los más de 21 millones de pesos percibidos en 2015, sólo ha sido informado el destino de 15 millones. Al respecto, una fuente consultada por este medio indicó que una de las finalidades probables habría sido el pago de sueldos en áreas determinadas.
Nuevo intento
A pesar de los continuos planteos sobre el manejo de esta importantísima partida en un tema tan sensible como es la educación, incluyendo las críticas y protestas planteadas por la oposición en su conjunto en ocasión de las diferentes rendiciones anuales de cuentas presentadas por el Ejecutivo al Concejo Deliberante, no hubo mayores cambios. La muestra más reciente es el rechazo del vecinalismo en el Concejo a la creación de una Comisión por el Fondo Educativo.
Según aseguran en el Frente Renovador y Cambiemos, impulsores de la iniciativa de conformar la citada Comisión, se buscaba acercar ideas sobre prioridades y destinos más equitativos hacia los distintos establecimientos. Cabe señalar que esto no es una novedad en el ámbito de las municipalidades, dado que -por ejemplo- en Azul existe por ordenanza una Comisión Asesora del Fondo Educativo Municipal que juntamente con la Secretaría de Educación y Cultura del municipio trabajan en el mismo sentido que proponía el proyecto local. También se discutió la decisión municipal de afectar fondos al programa de Capacitación de Enfermeras a través del CRESTA. Solamente el doble voto del presidente del Concejo posibilitó el rechazo del proyecto.
Resolución clave
Ante las discrepancias se plantó la concejala vecinalista, Marta Pellegrini, quien defendió la tarea del municipio en el reparto y destino de los fondos, mencionando además que nunca el Tribunal de Cuentas de la Provincia había realizado objeciones.
Este Tribunal de Cuentas, que por otro lado, y de acuerdo con informaciones publicadas en los principales medios nacionales, se encuentra en la mira de las máximas autoridades provinciales, por, entre otras cuestiones, el nombramiento de familiares y allegados en dicho organismo y graves falencias en su accionar, emitió el día 4 de diciembre de 2014 una resolución muy interesante respecto del destino a dar de los recursos del Fondo.
En tal sentido, en su artículo 2° se establece que "los municipios podrán utilizar los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para el ejercicio 2015 en: a) construcción y/o mantenimiento de infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los niveles del Estado. b) Generar programas de capacitación y apoyo pedagógico destinados al mejoramiento de la calidad educativa y a evitar la deserción escolar. c) Adquisición y/o mantenimiento de equipamiento escolar. d) cualquier otra finalidad estrictamente educativa".
Pero en su artículo 3° es más preciso aún ya que indica que "los gastos efectuados deberán ser imputados según los siguientes clasificadores presupuestarios: 3.4.1. (tierras y terrenos) 3.4.2. (Construcciones) 3.4.3. (Máquinas y Equipos) y 3.4.4. (equipos de seguridad)".
Con esto queda establecido mucho más específicamente cuál es el direccionamiento que la Provincia quiso darle al Fondo de Financiamiento Educativo. Y se brinda un parámetro concreto, desde el cual se puede determinar sin lugar a dudas si se dio el uso correcto o por el contrario, ha sido desnaturalizado.
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