Por LEANDRO RENOU .

“Hay que respetar los precios como sea, estamos en una emergencia y hay un compromiso”. La frase, inflexible, fue de la secretaria de Comercio, Paula Español, dirigida a los popes del supermercadismo del interior nucleados en las cámaras CAS y FASA. En una reunión por Zoom que duró unos cuarenta minutos, la funcionaria, acompañada por la encargada de Defensa del Consumidor, Laura Goldberg, escuchó el reclamo más común en los últimos tiempos: que los proveedores están pasando listas con aumentos en productos esenciales y que eso es ilegal dado que rige la Resolución 100, que prohíbe comercializar con aumentos mientras dure la pandemia.

De hecho, les llevaron a los funcionarios una lista con nombres de esos proveedores, pero les exigieron que se respalden con listas reales, documentos que puedan darle al Gobierno la herramienta para hacer los reclamos. “Ustedes nos traen eso y nosotros hacemos las inspecciones”, devolvieron. "Eso" era una lista precaria, con poco más que los nombres de los fabricantes implicados. 

Participaron por los súper Ricardo Zorzón, presidente de CAS, Víctor Palpacelli, jefe de FASA y el titular de la Cámara Argentina de Mayoristas (CADAM), Alberto Guida, que plantearon que tienen dos alternativas: trasladar el aumento a riesgo de ser clausurados, o no comprar y quedar al borde del desabastecimiento.

Según datos a los que accedió Letra P, la “servilleta” que acercaron tiene los siguientes nombres, que aumentaron entre un 10% y un 30% en plena pandemia: aceiteras como AGD, Molinos Río de la Plata, que también entró con subas en harina; Molino Cañuelas, SC Johnson, Clorox. Mondelez, Arcor y todas las lácteas, incluída La Serenísima. También toda la cadena de yerbas y azúcares, incluidas Ledesma y Chango.

En el listado, se incluyó información que también refiere cambio en las condiciones de pago de las mercaderías, eliminación de promociones, racionamiento y aumento de precios. Hace un tiempo, este portal contó que esas maniobras se iniciaban con la intención de presionar para flexibilizar el esquema oficial de Precios Máximos, que permite tener los valores congelados a los registrados en góndola el 6 de marzo.

En este contexto, Español les pidió que cuando alguna empresa les aumente los precios presenten las facturas para poder accionar. Y, en paralelo, afirmaron que van a seguir con las inspecciones en industrias de alimentos y canasta básica, para verificar que los valores sean los de la fecha permitida.

El martes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a Español, estuvieron reunidos con los grandes de la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y los proveedores de la Copal. En ese careo, ninguno se animó a tocar el tema precios. En los sectores admiten que en el interior hay un problema más serio con la remarcación, mientras el Gobierno tiene controlados los valores en las grandes cadenas.