Por: Antonio Rossi.

En medio de los crecientes reclamos de mayor seguridad y el paro de actividades realizado por los choferes de la empresa Almafuerte por la detención de dos conductores acusados de participar en la golpiza a Sergio Berni durante la protesta por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, el ministro de Economía, Sergio Massa, bajó una orden contrarreloj para destrabar el desembolso de una partida de subsidios de $ 20.700 millones destinada a las líneas urbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida se produce luego de que el crimen perpetrado el lunes en Virrey del Pino, distrito de La Matanza, pusiera en jaque a la dirigencia política y también a las empresas de transporte público del AMBA por la falta de cámaras de seguridad en las unidades. El gobierno de Axel Kicillof destinó $2.500 millones para la instalación de esos dispositivos, pero los empresarios advirtieron que ese dinero fue utilizado para pagar otros gastos, como combustible y sueldos del personal. Al mismo tiempo, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó en el centro de la escena: un sector del empresariado del transporte lo acusa de no controlar la ejecución de la medida.

Ahora, tras un trámite exprés y una celeridad pocas veces vista, el funcionariado del ministerio de Transporte que comanda el massista rosarino Diego Giuliano transfirió en las primeras horas de la tarde del miércoles el monto equivalente al 50% del total de los subsidios tarifarios que el Gobierno tiene previsto entregar durante abril a las empresas de colectivos de la Capital Federal y el Gran Buenos.

A cambio de la remisión de esos fondos, Massa y Giuliano se llevaron el compromiso de los empresarios de abonar entre el 50% y el 100% de los sueldos de marzo antes del sábado con el fin de aplacar el descontento y la bronca que se registra entre los choferes por el asesinato de Barrientos, que denuncian la falta de respuesta de la Nación y del gobierno bonaerense ante los ataques y robos que sufren casi a diario en las líneas de colectivos que prestan servicios en el Conurbano.

Las principales operadoras de la región metropolitana confirmaron la recepción de los subsidios correspondientes a la mitad de las compensaciones tarifarias que van a cobrar durante abril, pero remarcaron que aún el Gobierno les está debiendo una factura de casi $ 35.000 millones por saldos impagos y reconocimiento de mayores costos del primer trimestre del año.

Advirtieron que, si para mediados de abril se mantiene el atraso e incumplimiento en los pagos, no les quedaría otra alternativa que empezar a limitar los servicios, empezando por las frecuencias nocturnas, para luego extender la medida a los días hábiles y las franjas horarias de mayor circulación de pasajeros.

La canaleta

Más allá de que aparezcan los fondos y se normalicen los pagos pendientes, las entidades que representa a las empresas del AMBA coinciden en señalar que la reciente resolución 178 de Transporte, que aprobó las nuevas estructuras de costos y los montos de los subsidios mensuales que el Estado pagará entre abril y agosto, presenta varias inconsistencias que no permitirán solucionar los problemas y las complicaciones operativas que arrastra el sector.

En línea con el compromiso asumido con el FMI de reducir el déficit fiscal y los subsidios, la cartera de Transporte prevé mantener casi sin cambios el total de las compensaciones tarifarias a los colectivos metropolitanos que pagará en los próximos meses. Según las planillas anexas de la resolución 178, en abril los subsidios ascenderán a $ 41.505 millones, mientras que en agosto el total a abonar será de $ 42.064 millones.

Los equipos técnicos de Transporte estimaron que en ese período las empresas van a ver mejorados sus ingresos por venta de boletos en un 18% por los ajustes mensuales por inflación que elevarán la “tarifa media” de abril de $29,16 a $34,44 en agosto.

Para las empresas dueñas de los colectivos, los números y proyecciones oficiales no son creíbles porque se basan en una estructura de gastos operativos y salariales que se mantiene prácticamente congelada en medio de un contexto inflacionario creciente que no da señales de retroceder.

Según las planillas de Transporte, tanto el precio de los ómnibus nuevos ($ 18,8 millones), como el valor del gasoil ($226 el litro) se van mantener invariables durante los próximos cinco meses. Por el lado de los sueldos, los cuadros oficiales estiman que los choferes se van a conformar con un aumento de solo el 7% entre abril y agosto, frente a una proyección inflacionaria que se perfila en torno del 50%.

Con esos ítems y otros rubros de la actividad a los que les asignaron una actualización mínima, en Transporte calcularon que los costos operativos y salariales del sector van a crecer apenas un 3,5% desde ahora hasta el 13 de agosto, cuando se celebren las PASO.

“Solo tomando en cuenta los repuestos pagados al dólar libre, la suba de los seguros y los aumentos tarifarios en luz, gas y agua, ese 3,5% de incremento en los costos operativos que el Gobierno prevé en cinco meses lo vamos a tener en los próximos 15 días”, advirtieron a Letra P en una de las cámaras del sector que ya se apresta a impugnar la norma ministerial con el fin de blanquear y sincerar la situación económica que denuncian las firmas propietarias de los colectivos.