La asesora legal de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, Alejandra Gómez, cuestionó la promulgación del Ejecutivo a la ley de Biocidas aprobada por la Legislatura del Chaco al asegurar que con la inclusión del artículo 27 se impedirá el “control social” a la fumigación con agrotóxicos por parte de los pobladores de los pueblos fumigados. Además, apuntó que los funcionarios provinciales “serán responsables de lo que suceda de aquí en más tanto del aumento de patologías asociadas al uso de agrotóxicos como también de la degradación y contaminación del ambiente”.

“Se habían hecho llegar notas desde distintos lugares de la provincia pidiendo el veto de este artículo porque echa por tierra todo lo que se venía requiriendo desde las distintas poblaciones expuestas a las fumigaciones, que eran normas claras, normas precisas, normas que permitan el control social, que la misma gente pueda decir: sabemos que el avión fumigador no puede pasar a tal distancia, que los aplicadores mosquitos también. Sin embargo, esta posibilidad de flexibilizar distancias a través de la autoridad de aplicación le quita claridad a la ley”, aseguró Gómez, en declaraciones a RADIO CIUDAD. Y consideró que “es lamentable que el poder Ejecutivo no haya tenido en cuenta los reclamos de la población, los fundamentos vertidos por la población en las audiencias públicas, también en las reuniones que tuvimos con funcionarios del Ministerio de Planificación y Ambiente tanto el año pasado con el proyecto anterior como durante este año también con las comisiones legislativos”.

“El artículo 27 no fue sometido a debate”

En el mismo sentido, la abogada ambientalista advirtió que “el artículo 27 fue incluido a último momento, no fue sometido al debate ni a la discusión democrática con las organizaciones, como se manifiesta desde los poderes públicos como que se dio lugar a la participación”. Y puntualizó que “ellos –por los funcionarios provinciales- serán responsables de lo que suceda de aquí en más tanto del aumento de patologías asociadas al uso de agrotóxicos como también de la degradación y contaminación del ambiente”.

“El Estado no garantiza los controles”

Gómez recordó que “nosotros proponíamos el veto porque el mismo Estado no garantiza los controles. Desde hace años se viene reclamando que se realicen los controles, que se cumpla con los mismos y sin embargo no se los ha realizado. La autoridad de aplicación funciona únicamente ante casos de denuncia, es decir cuando los hechos ya están consumados, cuando ya la población estuvo expuesta a los efectos de los agrotóxicos, como también la contaminación del agua. Por la escasa capacidad de control que tiene el Estado en la aplicación de estos venenos es que se exigían normas claras que puedan estar sujetas al control social”.

“Esto demuestra la poca capacidad del Estado en generar políticas que propongan un modelo productivo distinto, realmente sustentable y amigable con el ambiente”, concluyó la letrada que integra la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”.