Por ARI LIJALAD

El capítulo Justicia del discurso de apertura de las sesiones legislativas por parte del presidente Alberto Fernández puede separarse en tres climas: la situación de CFK, el rol de la Corte y el balance general esa área de su gestión. Pese a que radio pasillo buscó instalar que la proscripción de CFK no sería parte de su discurso el presidente hizo un movimiento doble de crítica al lawfare y señal hacia la unidad del Frente de Todos. No sólo reclamó por lo que sucede en la (no) investigación del atentado contra la vicepresidenta sino que apuntó hacia la “estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición” como la responsable de la condena contra CFK, con lo que se convirtió en blanco de insultos de la oposición a los que contestó con una sonrisa. Agregó que CFK fue condenada en un juicio irregular buscando “su inhabilitación política”. En lugar de usar la palabra proscripción, que no figura en el Código Penal, usó inhabilitación, que es la que sí aparece. Le gusta presentarse como un hombre leyes.

El índice del discurso fue hábil. Con una oposición que amenazó con retirarse del recinto si se la señalaba como parte del esquema del lawfare, el presidente incluyó en la introducción por los 40 años de democracia el hecho de que se cumplieran 6 meses del atentado contra la vicepresidenta, reclamó que se “juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio” y pidió “ a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”. Enseguida pasó a repasar su gestión, con toda la oposición sentada y en silencio, y dejó lo más punzante de la crítica judicial para casi el final, cuando se produjeron los momentos más tensos donde los legisladores de Juntos por el Cambio lo insultaron e interrumpieron varias veces.

El dicho dice que hay que pegarle al chancho para que salte el dueño, pero lo cierto es que ni los jueces ni los fiscales ni los diputados ni los senadores de Juntos por el Cambio ni los operadores con patente de periodista son dueños de nada, sino apenas herramientas de los dueños de todas las cosas que usan el lawfare para imponer sus planes económicos. Todos huelen mal, eso sí. 

Algo huele mal también en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema. El presidente criticó la intervención de la Corte en la coparticipación de CABA, en la toma por asalto del Consejo de la Magistratura y en la cautelar para que el Grupo Clarín mantenga la discrecionalidad en sus tarifas de cable, internet y celular, mencionó la existencia de los chats que muestran el grado de promiscuidad en las relaciones entre jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios mediáticos (el Grupo Clarín repetido). Los acusó directamente de ser los que “atropellan a las instituciones republicanas”.

El profesor de Derecho Constitucional Gustavo Ferreyra, en diálogo con El Destape, señaló un hecho novedoso: "Por primera vez desde 1853, el Presidente de la República, Alberto Fernández, al cumplir con su obligación constitucional de abrir con un ‘Discurso’ las sesiones del Congreso y dar cuenta del estado de la República, mencionó la promoción del juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que se encontraban sentados a su derecha, fundado en el mal desempeño de los mismos”. Por primera vez un presidente señala a los miembros de la Corte en el Congreso en medio de un juicio político. Recordó casos anteriores como el de Juan Perón en 1946 o Néstor Kirchner en 2003, que no incluyeron el tema con los cortesanos presentes pero luego impulsaron juicios políticos. En el caso de Perón y Kirchner lograron desplazar a los cortesanos y sanear la Corte. ¿Lo logrará Fernández?

El otro momento fue el de balance, donde fue casi exclusivamente de todo lo que no se logró. La cuestión judicial es central en el discurso de Fernández desde el día uno de su presidencia. Ocupó un lugar importante en su discurso de asunción, donde además prometió terminar con los sótanos de la democracia. Se refería al uso de la ex SIDE para el espionaje político y el armado de causas judiciales y en eso cumplió. Intervino, saneó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, afirmó ayer, “el espionaje interno ya no existe”. Cuando asumió en Comodoro Py creyeron que la cosa iba en serio. Esperaron, como siempre había ocurrido, la llegada de los emisarios de Casa Rosada para negociar los términos de la gobernabilidad y de revisión de lo hecho en la era Macri. Los operadores no llegaron y los jueces se inquietaron. ¿No iba a haber negociación? El anuncio de una Reforma Judicial también los puso nerviosos. Pero finalmente le tomaron el tiempo al gobierno y el proyecto final de Reforma Judicial, que sigue trabado en el Congreso, los tranquilizó. Casi no tocaba sus intereses.

En plan de balance, la limpieza de la AFI fue importante, más que importante, pero la mesa del lawfare tiene cuatro patas: jueces y fiscales, medios de comunicación empresariales, espías y la embajada de Estados Unidos. El Presidente cortó una, que justo es como la cola de la lagartija: se regenera aunque sea por fuera del aparato estatal, de seguro con los fondos que ahorró mientras eran reservados. Las otras 3 siguen intactas. Y en parte por acción e inacción del propio gobierno.

Lo reconoció el propio presidente, en ese pasaje donde apoyó explícitamente a CFK. Dijo: “Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.  

En el balance de cara al último año de gestión la cuestión judicial es más que un déficit. El Presidente dijo: “Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional”. Es cierto, pero para un presidente no alcanza. Es cierto que este gobierno no cometió ninguna de las tropelías de la gestión Macri en el manoseo titiritero del Poder Judicial. Tan cierto como que el diseño macrista de los tribunales sigue intacto. Ojo: más cierto es que un retorno de Juntos por el Cambio al gobierno hará parecer la era Macri como una muestra gratis. Y, de nuevo en plan balance, una de las razones de se puede venir una persecución judicial aún más feroz es que la ocurrida entre 2015 y 2019 no tuvo ninguna consecuencia para sus ejecutores.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Mariano Llorens, que se juntaban con Macri en Olivos mientras resolvían causas clave, siguen en sus cargos. Borinsky y Hornos revisarán esa condena contra CFK que critica el presidente; Llorens tiene el control de la (no) investigación por el atentado contra la vicepresidenta que critica el presidente. El procesado fiscal Carlos Stornelli sigue en su cargo, también el fiscal Diego Luciani que jugaba el fútbol con el juez Rodrigo Giménez Uriburu pero ambos armaron la condena contra Cristina y lo mismo Raúl Plee, otro habitué de Olivos en la era Macri. A todos los cobija el procurador interino Eduardo Casal, que no fue ni será reemplazado durante todo este mandato presidencial, algo inédito.

Un ejemplo que puso el propio Presidente. Dijo: “Nosotros no trasladamos jueces e integramos Cámaras para incidir en causas en las que se persiguen políticos opositores”. Se refiere a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo y sin concurso por Macri en la Cámara Federal de Comodoro Py, clave para el control de los expedientes sensibles. Macri los nombró por decreto, Fernández podía desplazarlos por decreto. No pasó: eligió que el Consejo de la Magistratura opinara, que la cuestión se judicializara y que la Corte los dejara en el cargo con un fallo tramposo donde, tal como advirtió El Destape, reconocía el nombramiento irregular pero lo mantuvo hasta que culmine el concurso para esos cargos. ¿Quién controla esos concursos? Hoy, la propia Corte, que tomó el Consejo de la Magistratura por asalto. Conclusión: esos jueces quedarán en los cargos que Macri les regaló.

El presidente también recordó que en 2020 convocó a un grupo de juristas para que le acercaran propuestas. Dijo que propuso reformas y el Congreso las frenó. Pero es cierto a medias. Efectivamente envió un proyecto de Reforma Judicial que no generó mucho temor en Comodoro Py (más bien lo contrario) y uno de reforma del Ministerio Público Fiscal, que limitaba el mandato del procurador y la mayoría necesaria para designarlo. Ambos fueron aprobados en el Senado y quedaron varados en Diputados.  

Ese proyecto de Reforma Judicial proponía ampliar los juzgados federales para licuar la concentración de Poder que existe en Comodoro Py, mejorar la transparencia de los concursos para jueces, unificar los fueros Civil y Comercial y el Contencioso Administrativo, fortalecer la justicia federal en todo el país en base al proyecto Justicia 2020 que impulsaba el macrismo y retomar la vigencia de pautas de actuación de los magistrados suspendidas por un decreto de Mauricio Macri apenas asumió la presidencia. Nadie explicó porqué ampliar de 12 a 24 los juzgados de Comodoro Py mejoraría la cuestión ni porque finalmente se excluyó de la reforma al fuero Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado y cuyos pasillos son controlados por el juez Sergio Fernández, ni porqué el propio presidente pregona por un sistema acusatorio donde sean los fiscales los que lleven adelante los expedientes pero solo propuso crear juzgados en lugar de fiscalías. Como fuere, la ex ministra de Justicia Marcela Losardo nunca tuvo la muñeca o el interés en conseguir los pocos votos que faltaban para que pasara la Cámara de Diputados.

Algo similar pasó con la modificación de la ley que rige el Ministerio Público Fiscal. Logró media sanción del Senado pero Diputados lo bloqueó. Proponía que el cargo de Procurador no fuera vitalicio y, por ende, eliminar el requisito de dos tercios del senado para su nombramiento para pasarlo a mayoría simple.

Por otro lado, el Consejo Asesor elegido por el presidente un compendio de 969 páginas con propuestas para una Reforma Judicial integral, mucho más abarcativa que lo que envió al Congreso. Planteaban aumentar el número de miembros de la Corte, que se regulara su funcionamiento para limitar la discrecionalidad en las miles de causas que resuelta, que la oficina de escuchas vuelva al Ministerio Público Fiscal, que se cree un tribunal intermedio antes de la Corte, que se reglamente el uso del artículo 280 por el cual la Corte resuelve la mayoría de los casos sin justificar, que la Unidad de Información Financiera (UIF) fuera autónoma e independiente, entre decenas de ideas.

Nada de eso se convirtió en proyectos enviados al Congreso. La explicación fue que el gobierno no tenía los números para que se aprueben. Es la misma respuesta ante la consulta de porqué el presidente no propone a nadie para la silla vacante en la Corte Suprema (que sí o sí debe ser una mujer y, como le reclamaron desde distintos espacios, con perspectiva de género). Que el gobierno no tiene los números es tan cierto como que en algunos temas no se sabe realmente qué piensa si no envía el proyecto o la propuesta para la Corte. Para bloquear está la oposición.

Hay un dicho común que reza que los jueces hablan por sus sentencias. Es útil para los magistrados para no dar explicaciones y a la vez es cierto: es desde sus fallos donde demuestran su poder. También hablan pero no en público y, al parecer, bastante a través de aplicaciones de celular. De forma análoga un gobierno, un presidente, habla por sus medidas en políticas públicas. Pero en este caso no es del todo cierto: el presidente habla, tiene que dar explicaciones, y hace rato que las decisiones presidenciales en materia judicial no se corresponden con el poder de ese cargo.

Si los jueces hablan por sus sentencias y el Presidente habla por sus medidas de gobierno lo cierto es que en los últimos años solo se escuchó un coro de magistrados. Y suena muy mal.