Referentes de entidades y organizaciones sociales, económicas, de derechos humanos, de sectores productivos y de la economía repudiaron el reciente fallo de la jueza Loretta Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF.

Lo hicieron a través de una carta, publicada en las últimas horas, en donde la calificaron de "amañada, discrecional y sin sustento jurídico". En línea, y "ante tal grado de atropello", llamaron al Estado y a la sociedad en general "a pronunciarse en forma unitaria y contundente".

"Rechazamos también la utilización de argumentos faltos de dignidad y patriotismo elemental por parte de candidatos que llaman 'a pagar como sea' o referir que 'es culpa de la casta privilegiada', ocultando la evidencia que los demandantes son ellos buitres profesionales ya denunciados internacionalmente en forma pública por sus irregularidades", agregó el escrito, en clave electoral y apuntando contra las ideas de la oposición, principalmente a las relacionadas con el libertario Javier Milei.

En este marco, convocaron a "realizar una intensa campaña de esclarecimiento público del caso" y a "promover una inmediata acción declarativa de nulidad del fallo en base a fundamentos doctrinarios", como los establecidos por la Doctrina Calvo, que sostiene que "las demandas reclamaciones y quejas de reclamantes del exterior deben resolverse en jurisdicción de tribunales locales".

Por otro lado, aseguran que el Congreso "debe ratificar el derecho de nuestro país a sostener su independencia jurídica y la soberanía nacional" y, por último y aunque no menos importante, pidieron un referéndum para "evidenciar si el pueblo argentino acepta o rechaza la sentencia contra el Estado".

"Con ese referéndum, el Congreso de la Nación tendrá un claro pronunciamiento del pueblo argentino en relación a pagar o no una gigantesca indemnización injusta e improcedente por daños y perjuicios inexistentes", concluyó el escrito.

Quiénes firman el escrito contra el fallo de la jueza Preska

Entre las primeras firmas que forman parte del documento, que aún está abierta a nuevas adhesiones, se destacan la de la exministra de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, Felisa Miceli, la del sindicalista y senador, Omar Plaini, la del Presidente de Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Julián Moreno, la del Secretario General de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, Raúl Hutín, y la del Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, entre otras.

¿Cuáles son los argumentos de la solicitada?

El grupo firmante plasmaron cuatro bases para rechazar el fallo de Preska. 

Inmunidad Soberana: el Estado Argentino no puede ser enjuiciado por tribunales extranjeros. Más aún ante esta atravesada sentencia de una jueza de EE.UU. sobre supuestos daños y perjuicios de socios minoritarios de YPF S.A. a partir de la intervención del Estado el 16/04/2012, es procedente la aplicación del procedimiento del derecho internacional, "exequatur", conforme el cual el ordenamiento jurídico de un Estado verifica si decisiones de un tribunal de otro país reúnen o no los requisitos que permiten reconocimiento u homologación

Que la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN) ha establecido que una abrumadora cantidad de convenios bilaterales e internacionales suscriptos por nuestro país, en concordancia con la legislación interna, supeditan el reconocimiento y la ejecución de decisiones foráneas a la condición de que no afecten el orden público, en este caso además a través de una Ley Nacional de orden jurídico superior, o las políticas públicas fundamentales.  Aun de haberse definido en su momento  la aceptación  de una eventual "prórroga de jurisdicción" por parte del Estado Nacional, siendo que ésta no inhibe la "inmunidad de jurisdicción" que "no puede condicionarse al debido resguardo del orden público local" (CSJN ante fallo de Griesa: Caso "Clarence Corporation" contra el Estado Nacional, 2014)

La maniobra especulativa de los demandantes se evidencia ante el incumplimiento del requisito previo insustituible establecido por la legislación societaria argentina que establece que demandas por daños y perjuicios deben realizarse ineludiblemente ante la Justicia Argentina, debiendo además cumplirse  los requisitos previos establecidos por la legislación societaria del nuestro país para entablar acciones. El derecho argentino solo reconoce reclamos hacia sociedades -YPF lo es- y personas por parte de accionistas que pudieran  demostrar ser perjudicados directamente por daños y perjuicios, lo que es evidente no resulta en este caso al mencionarse por parte los propios demandantes ganancias esperadas por el fallo de un 37000% en relación a su inversión inicial

Que resulta evidente el sesgo amañado del fallo ante el hecho que éste desestima la responsabilidad de YPF SA, pero sí se pronuncia condenatoriamente contra el Estado Argentino, aun siendo que en forma incoherente y contradictoria basa sus referencias justificativas en una interpretación atravesada del Derecho Privado (Estatuto de YPF) para desconocer la soberanía argentina y preeminencia de los actos de Estado y del Derecho Público Argentino 

Piden el embargo de bienes a la Argentina

En las últimas horas, los abogados representantes del fondo Burford Capital solicitaron que, en el plazo de 30 días, se empiecen a ordenar los embargos sobre bienes argentinos.

El pedido se fundamenta en la sospecha de que el país no cumpla con la decisión judicial, según alegan los letrados en su presentación. Asimismo, señalan la existencia de antecedentes negativos que indican que Argentina "es un mal pagador".

El requerimiento también hace alusión a “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la sentencia”.

En ese sentido, los litigantes se adelantaron con un escrito ante la jueza que presidió el juicio contra el Estado por la expropiación de YPF. Mientras tanto, la defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro, dirigida por Carlos Zannini, anticipó que apelaría la medida solicitada; algo que, de momento, no ocurrió.