Senasa e Iscamen defendieron las acciones contra la Lobesia

Senasa e Iscamen defendieron las acciones contra la Lobesia

Los organismos presentaron estudios técnicos que sostienen que no hay impacto ambiental negativo con la fumigación aérea de agroquímicos.

 

El conflicto por el Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana se encamina a su fin.

 

Tras las acusaciones y denuncias realizadas por organismos de protección ambiental, la mesa técnica conformada por especialistas de Senasa e Iscamen dio a conocer los estudios científicos que respaldan las acciones tomadas contra la polilla de la vid y con ello se da por cerrado el debate.

 

Cabe recordar que cuatro profesionales, en representación de la Asamblea por la Soberanía Alimentaria y Oikos Red Ambiental, presentaron una acción de amparo en el Segundo Juzgado Civil de la primera circunscripción de Mendoza contra el Gobierno Provincial, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria(Senasa), con el fin de detener la fumigación aérea con agroquímicos realizada para combatir la Lobesia botrana. 

 

En sus fundamentos, el amparo denuncia que "el tratamiento con agrotóxicos fumigados de manera aérea podría contaminar de modo perjudicial la salud y el medio ambiente".

 

El reclamo apunta contra los dos productos usados para las pulverizaciones aéreas, el Bacillus thuringiensis (Bt) -más amigable con el medio ambiente- y el chlorantraniliprole.

 

Para poner fin a las denuncias, los expertos de los organismos a cargo de la erradicación de la plaga se encargaron de desmentir, con fundamentos científicos, todas las acusaciones recibidas durante los últimos días. 

 

Dudas aclaradas 

 

El Senasa y el Iscamen se reunieron ayer con el Comité Técnico Científico, organización que reúne a más de 40 entidades públicas y privadas de Argentina, para dar sus explicaciones acerca del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana.

 

El encuentro se realizó en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y contó además con la participación de funcionarios del Gobierno de Mendoza, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y diferentes entidades vitivinícolas. 

 

Wilda Ramírez, directora de Sanidad Vegetal del Senasa, explicó que "durante el encuentro se analizaron todos los puntos técnicos y científicos de la operatoria, pasando por el análisis del producto que se está aplicando, la no toxicidad del mismo y la eficiencia de la aplicación aérea". 

 

La representante del Senasa aclaró además que el Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana funciona bajo un concepto de manejo integrado de plagas, similar al que se utiliza en todos los países vitivinícolas del mundo. 

 

"Siempre hacemos los estudios pertinentes y trabajamos con buenas prácticas agrícolas. Además, la tecnología que aplicamos es de última generación y nos permite hacer los ajustes necesarios para lograr un resultado óptimo", comentó. 

 

También compartió su postura Alejandro Molero, presidente del Iscamen. "Demostramos que se trata un sistema no contaminante. No sólo ayuda a los productores a terminar con la plaga, sino que también protege a la ciudadanía y a la flora y fauna autóctonas de cualquier tipo de contaminación", indicó. 

 

Aprobación general

 

Según Wilda Ramírez, del Senasa, los representantes del INTA y la UNCuyo quedaron conformes con la presentación técnica y el plan de acción presentado. 

 

También las entidades vitivinícolas manifestaron una postura positiva. Laura Alturria, coordinadora de comisiones técnicas de Bodegas de Argentina, contó que los organismos presentes pudieron despejar sus dudas y concluyeron que lo mejor es continuar con el programa.

 

"El Iscamen hizo todos los estudios correspondientes con tarjetas hidrosensibles para medir el nivel de desparramo de la fumigación. También se evaluaron los efectos que los productos utilizados producen sobre el resto de la flora y la fauna, y se determinó que no representa ningún riesgo", señaló.

 

Para Alturria, es fundamental que se prosiga con la campaña de lucha contra la Lobesia botrana y se consigan resultados exitosos. "De lo que pase en esta campaña depende la llegada de nuevos fondos en el futuro", comentó.

 

Cabe recordar, que el Gobierno Nacional aportó $ 400 millones para el programa de erradicación de la plaga, en un plan que dura cuatro años. "Si continúan los problemas o no se logran los resultados esperados, el Gobierno nacional podría decidir no continuar con el programa", insistió Alturria.

 

Coincidió con esa lectura Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), quien cuestionó la presentación del amparo ambiental.

"El Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana debe analizarse desde un punto de vista técnico. Los organismos que llevan adelante el programa llevan ya varios años trabajando en el tema y han realizado todos los estudios necesarios. No es correcto que se haga una denuncia sin fundamentos", apuntó.

 

"No hay que olvidar que la polilla de la vid afectó seriamente las cosechas de 2015 y 2016. En 2017 la situación mejoró un poco, pero para vencer la plaga es necesario que se desarrolle el plan desde el Gobierno y que los productores continúen trabajando desde su lugar. Son muy efectivas las feromonas, por ejemplo, que impiden la reproducción de las polillas", agregó.

 

Continúa la campaña

 

Alejandro Zlotolow, subsecretario de Agricultura de Mendoza, se refirió al amparo presentado por Oikos y la Asamblea por la Soberanía Alimentaria. El funcionario aseguró que "se hará lo que la Justicia ordene", pero mientras tanto, "se continuará con el programa de erradicación de la polilla de la vid".

 

Por su parte, Felipe Crespo, subsecretario de Ambiente Territorial de la Nación, pidió seguir con la campaña tal cual fue prevista. "Los perjudicados son los productores. Recordemos que perdieron más del 30% de su producción por la Lobesia y sufrieron graves problemas de stock y precios", advirtió.

 

 

 

San Carlos prohibió fumigar

 

Mientras los aviones contratados por el gobierno continúan fumigando viñedos en el Este provincial, ayer un nuevo rechazo se sumó al amparo presentado por Oikos y otras organizaciones sociales.

 

San Carlos sacó una ordenanza por la que se prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos en todo el territorio departamental. El mismo proyecto se estudia en el Concejo Deliberante de Tunuyán, donde los ambientalistas esperan que los ediles se expidan la semana próxima.

 

En San Carlos, el proyecto fue presentado por la organización Crece desde el Pie, que trabaja desde hace años por la soberanía alimentaria y el estudio del efecto que los agrotóxicos tienen en los alimentos y la población. 

 

Tras de una hora de exposición, con referencia a aportes científicos nacionales e internacionales, los ediles votaron el proyecto. Durante la sesión, se dijo que el Iscamen había desestimado realizar aplicaciones aéreas en el departamento. Sin embargo, los concejales votaron por unanimidad a favor del primer artículo y se comprometieron a analizar en comisiones los otros. 

 

El punto aprobado es el que más interesaba a vecinos y productores orgánicos, pues plantea que se "prohíba las aplicaciones aéreas de agroquímicos, mediante aeronaves y/o similares, cualquiera sea el producto activo o formulado en todo el departamento de San Carlos".

 

Antes de esa resolución, Alejandro Zlotolow, subsecretario de Agricultura de Mendoza, había aclarado que el Iscamen se reuniría con representantes de cada departamento para elaborar un plan de acción y conseguir su aprobación. / Gisela Manoni

Comentá la nota