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El Senado se mete en camisa de once varas. Va a debatir un tema difícil, de los que provocan más polémicas, y que parece poder tener efectos concretos sobre las vidas, los bienes y las libertades de los santafesinos. Esos valores están en juego en el texto que debatirán los senadores.

Se trata de la posibilidad de que los jueces en Santa Fe tengan más facultades para dictar la prisión preventiva sobre quienes están simplemente procesados por algún delito y la que mantengan sin excarcelaciones a los internos que ya fueron condenados.

El senador radical por General López, Lisandro Enrico, dijo que los legisladores santafesinos no deben “rehuir al debate que les reclama la sociedad frente a la inseguridad”. Tal vez, también hablaba de los miembros del Congreso.

Enrico ya tiene en favor de su proyecto de ley el apoyo de todos sus pares partidarios, y de apoyos muy significativos en el peronismo.

Al proyecto de ley que pasa -sin plazos para el debate- a las comisiones lo han firmado todos los senadores radicales (Orfilio Marcón, Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Hugo Marcucci, Hugo Rasetto y Germán Giacomino). Y también los justicialistas Armando Traferri, Rubén Pirola, Eduardo Rosconi y Joaquín Gramajo. El último, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, además argumentó en el recinto en favor del proyecto de ley. “Se busca evitar la excarcelación desmedida”, elogió Gramajo.

“No es una sensación”

Se trata de una reforma a la legislación procesal penal santafesina para “un mejor funcionamiento de las instituciones estatales en materia de investigación y juzgamiento de delitos”, según sus fundamentos.

Desde su banca, dijo que es la inseguridad “el mayor problema que preocupa a la gente” y siguió: “Queremos abrir el debate para darles más herramientas a los jueces y fiscales, ampliando el marco de actuación de los operadores judiciales en lo referido al instituto de la prisión preventiva”.

En una expresión que el peronismo leyó como una respuesta a viejas expresiones de Hermes Binner, Enrico dijo que la inseguridad “no es un problema de sensación, es un fenómeno instalado que no distingue lugares ni clases sociales”.

Sobre sus causas, señaló la falta de oportunidades y la falta de movilidad social ascendente, cuestiones que “no se solucionan con reformar el Código Procesal Penal, pero sí podemos promover medidas y acciones políticas que hagan, en el corto plazo, tener más seguridad en la provincia de Santa Fe”.

De la ley y la realidad

“La pronta implementación del nuevo sistema de Justicia Penal santafesina, basado en la oralidad, significará una mejora cualitativa y cuantitativa para que la investigación y juzgamiento de las causas penales se haga con mayor eficacia y rapidez. Sin embargo, la realidad actual hace que nuestro sistema penal no pueda dar respuesta adecuada ante el creciente fenómeno de la inseguridad”, dijo Enrico.

Para el senador, “algunas de nuestras disposiciones legales provinciales están siendo superadas por una realidad en la que el Estado parece no estar a la altura del nivel actual de inseguridad y, frente a ello, proponemos cambios a nuestra legislación procesal penal que permitan un abordaje más efectivo y sólido desde la Justicia para enfrentarla, dotando a los jueces y fiscales de mayores herramientas para actuar”.

Principales puntos

La reforma plantea más atribuciones al juez y los fiscales para la procedencia de la prisión preventiva, “se propone ajustar la norma haciéndola aplicable a mayores casos”, dice el autor del proyecto en los considerandos.

Y, a su vez, “dándole más herramientas al fiscal para poder interpretar la situación del encausado y evaluar la solicitud de prisión preventiva actual, teniendo en cuenta el tipo de pena que solicitará en su momento, dentro del marco dado por los artículos 40 y 41 del Código Penal Argentino”.

También “se amplía el alcance de la interpretación de las causales de entorpecimiento, tanto sea del proceso como de la acción judicial, aumentando las posibilidades de definición a los fines de que los operadores judiciales del proceso tengan más elementos normativos que le permitan encuadrar distintas situaciones dentro del concepto de peligro para dicho proceso y la mencionada acción judicial, en atención a que en el proceso penal de la provincia de Santa Fe se notan demoras en la tramitación y conclusión de causas”.