“Es muy fácil bajar impuestos coparticipables y otros no”, protestó el salteño Juan Manuel Urtubey, durante una reunión de gobernadores peronistas en la Cámara de Diputados para opinar sobre el presupuesto de 2017.

Y los senadores del PJ, espadas legislativas de los mandatarios, ya pusieron manos a la obra: mañana la Comisión de Coparticipación Federal del Senado tratará dos proyectos para proteger los giros a las provincias de cualquier reforma tributaria. 

Este fue una año difícil para los gobernadores de territorios pequeños, necesitados de  fondos nacionales para pagar sueldos. Fueron golpeados por las reducciones de IVA y del impuesto a las ganancias, dos impuestos coparticipables, y la abrupta baja de 5 puntos a las exportaciones de soja, cuyo 30% se gira a las provincias y cada una de ellas reparte el mismo porcentaje a sus municipios.

La Comisión de Coparticipación la preside Adolfo Rodríguez Saá, un militante del federalismo fiscal, que amenazó al Gobierno con ir a la Corte Suprema si no absorbía íntegramente el costo fiscal de la baja de IVA a alimentos para jubilados y beneficiarios de planes sociales, sancionada en junio.

“No nos adelantemos. La Nación sólo puede reducir la coparticipación con una ley convenio”, buscó tranquilizar a sus pares. Pero Macri no lo entendió así y las provincias recibieron menos dinero. 

Justamente, Rodríguez Saá pondrá mañana en tratamiento dos proyectos que exigen a la Nación absorber todo el costo fiscal de esa reducción del IVA. Uno lo firma la senadora entrerriana Singrid Kunath y su par pampeana Norma Durango, ambas del FpV-PJ.

El otro lo firman todos los senadores de ese bloque identificados con el kirchnerismo: Virginia García, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Marcelo Fuentes, Ana Almirón, Ruperto Godoy, María Pilatti Vergara, Eduardo Aguilar, María Labado, María de los Ángeles Sacnun, Hilda Aguirre, Nancy Gonzales y Liliana Fellner, la menos K del grupo.

El temario no termina ahí. También hay otro proyecto de Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador) que declara la "intangibilidad" e "integridad" de la masa de recursos coparticipables. 

Consiste en no excluir de los giros a las provincias la recaudación en "especie" que acepte la Afip. Pichetto y Urtubey cuentan que no es un problema nuevo: en plena crisis de 2001 el Gobierno aceptó títulos públicos para pagar impuestos y las provincias nunca vieron sus porciones.

Y recuerdan que Cristina Kirchner en 2014 permitió que los medios de comunicación y productoras audiovisuales cancelen sus deudas con la AFIP cediendo espacios publicitarios.

Para los gobernadores es coparticipación perdida, pero a Mauricio Macri no le pareció tan grave y prorrogó el sistema ni bien asumió.

Este proyecto de ley no impide capturar deudas en especie, pero sí obliga al Gobierno a girar a las provincias el porcentaje que les corresponde por coparticipación, según cada impuesto.

Esta situación podría ocurrir con el blanqueo de capitales, porque una de las opciones es repatriar fondos no declarados comprando títulos públicos. Sin esta ley, las provincias no verían un peso.