Gustavo Ybarra

Mientras la oposición todavía debate cómo reaccionar ante el decreto del Poder Ejecutivo, en el Senado se analizan múltiples escenarios en torno a la suerte que podrían correr los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia que el presidente Javier Milei envió en mayo del año pasado a la Cámara alta y que todavía siguen sin reunir el consenso necesario para su aprobación.

A priori, la primera reacción de varios legisladores, sobre todo de la UCR y del kirchnerismo, fue anunciar su intención de llevar al recinto ambas postulaciones para rechazarlas como castigo por haber aceptado las designaciones en comisión, sin esperar el acuerdo del Senado que establece la Constitución Nacional. La idea sería pedir en las próximas horas una sesión especial para la semana próxima para tratar los pliegos de los dos jueces.

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Sin embargo, con el paso de las horas desde el anuncio presidencial y, sobre todo, con la decisión de los miembros de la Corte de tomarle juramento a García-Mansilla, el panorama se ha complicado.

Por ejemplo, ya hay quienes sostienen en la Cámara alta que la decisión del máximo tribunal blindó al académico ante cualquier intento del Senado de rechazar su nominación. Según esta teoría, la Corte convalidó con su gesto el decreto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, el único procedimiento válido para remover a García-Mansilla sería el del juicio político, que exige un largo procedimiento que incluye audiencias de acusación y de defensa y el voto de una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras legislativas. Es la teoría del Gobierno, que hoy parece ser minoritaria.

Como contrapartida, según esta opinión, el que sí estaría a tiro del rechazo del Senado es Lijo, a quien la Corte todavía no le tomó juramento ya que decidió postergar hasta el próximo jueves una definición sobre si lo incorporará a la Corte en uso de licencia de su condición de juez federal o si le exige que renuncie al cargo para poder aceptar su nombramiento “en comisión” .

Además, hay otra situación que también complica a Lijo. En una paradoja de los tiempos políticos que corren, el dictamen de la Comisión de Acuerdos que el Gobierno intentó mostrar como una señal de fuerza hace casi dos semanas, ahora le podría jugar en contra al juez federal. Esto es así porque al tener despacho su pliego puede tratarse sin más trámite que pedir su discusión en una sesión.

Sin embargo, al no contar con dictamen de comisión, el tratamiento en el recinto del pliego de García-Mansilla obligaría a quienes quieren impugnarlo a reunir el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate sobre tablas en una sesión.

Los rechazos

Más allá de las discusiones constitucional y reglamentaria que por estas horas es la comidilla de varios despachos, en la Cámara alta no son pocos los que sacan cuentas sobre los números con los que contaría Lijo ante la eventualidad de que su pliego se convierta en los próximos días en eje de un debate en el recinto.

Por lo pronto, la designación por decreto de ambos postulantes no hizo más que cambiar las tornas. Ahora, en el Senado, ya no se habla de los dos tercios que necesitaría Lijo para convertirse en juez de la Corte, sino en los 25 votos (un tercio más uno el total de miembros de la Cámara alta) que se necesitan para cerrarle las puertas del máximo tribunal.

El jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), aseguró el año pasado que tenía los 25 votos en su bloque para rechazar a ambos candidatos. Más aún, en noviembre último le entregó un escrito al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el compromiso de los por entonces 33 senadores kirchneristas (hoy son 34 tras la expulsión del Senado de Edgardo Kueider) de bajar al recinto a vetar el pliego del postulante que aceptara asumir en la Corte por decreto.

Los peronistas que apoyan a Lijo

Sin embargo, aquella nota no refleja la realidad política que vive la principal bancada de oposición. Es que al menos una decena de legisladores peronistas estarían dispuestos a votar a favor de Lijo, aún cuando asuma por decreto. Algunos hablan de que serían 14 los que estarían dispuestos a sacar los pies del plato. Así, el número de senadores de Unión por la Patria que se sumarían el rechazo del pliego del juez federal fluctúa entre los 20 y los 16 votos.

Pero Lijo todavía no puede cantar victoria ya que hay casi una decena de senadores de la UCR, el Pro y fuerzas provinciales que también estarían dispuestos a bloquear su acceso al máximo tribunal. Aquí confluyen quienes rechazan la figura del juez federal por considerarlo un mal candidato con aquellos que cuestionan su decisión de aceptar la designación por decreto.

Así, en el radicalismo ya anunciaron su rechazo los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe), pero se sospecha que podrían sumarse al menos un par. En el bloque Frente Pro también lo hicieron Luis Juez (Córdoba), Carmen Alvarez Rivero (Córdoba) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos) a quienes podrían sumarse otros dos legisladores.

La lista de opositores declarados a Lijo la completa el exoficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza justamente por su firme y abierta oposición a la postulación del juez federal. Tras el decreto del Poder Ejecutivo, también estaría dispuesta a rechazar la nominación la cordobesa Alejandra Vigo.

Los voceros de Lijo y del Gobierno se muestran optimistas en que, a la hora de la verdad, estarán los dos tercios. Gran parte de esa confianza se basa en los contactos que el juez federal tejió a lo largo de su carrera y que le permitieron trajinar despachos para sumar apoyos.

En la Cámara alta es bien conocida la anécdota de un senador que fue invitado por el juez federal a pesar de conocer de antemano que no estaba dispuesto a votar su pliego. Poco tiempo después, el legislador recibió el pedido del gobernador de su provincia, que es de otro partido, para que participara de una reunión en un coqueto departamento sobre avenida del Libertador. La sorpresa fue mayúscula cuando no sólo se encontró con Lijo en el lugar, sino que también estaba un importante dirigente radical porteño. Una señal de que los vínculos del magistrado no reconocen fronteras partidarias.