Según se define en esta norma, el nuevo ente de carácter privado tiene por objeto la construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario, en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional; y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera, así como también la realización de las actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de “Áreas de servicio”, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias y toda otra actividad vinculada con su objeto social.

“Teniendo en cuenta la amplitud del objeto social de la nueva empresa y la importancia que reviste para todo el país la obra pública se torna necesario obtener precisiones con respecto a esta nueva medida y cuáles son los alcances y derivaciones que de ella se desprenden”, sostuvo la legisladora entrerriana en un comunicado enviado a esta Agencia.

Kunath pregunta en su proyecto de comunicación, entre otras cuestiones, si el nuevo ente privado asumirá alguna función de la Dirección Nacional de Vialidad y si está previsto que ingresen como accionistas de la nueva sociedad personas de carácter privado, y en ese caso, quiénes y bajo qué mecanismos de control.

Asimismo, se preguntó cuáles son las obras y las concesiones de peaje que se conferirán a la nueva empresa, como así también pidió que se informe sobre la nómina de personal y condiciones de contratación de empleados, ya que surge de los considerandos del decreto que habrá transferencia de trabajadores al ente privado.

“Recientemente hemos conocido también la creación de la Fundación PAMI a través de la Resolución 956 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, cuyos objetivos se parecen mucho a los de la obra social de los jubilados ya que se la habilita a dar prestaciones sanitarias y sociales que brinden el o los efectores cuya gestión se encargue, con la posibilidad de abrir sucursales y administrar establecimientos propios, pudiendo, asimismo, la fundación hacer compras directas y contratar personal”, indicó la Senadora.

“No podemos mantenernos al margen de estas nuevas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que se torna necesario requerir las explicaciones y solicitar la información pertinente que asegure un adecuado control de la Administración Pública Nacional”, finalizó.