Los Senadores provinciales Gustavo De Pietro (UCR) y Sebastián Galmarini (Frente Renovador), acompañados por otros legisladores de distintas bancadas, presentaron un proyecto de ley de Ética Pública que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para los funcionarios públicos bonaerenses, renueva íntegramente el régimen de declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar, ampliando el universo de las personas comprendidas y reformando el sistema de presentación, conservación y publicidad de las mismas.

El proyecto presentado propone la creación de un nuevo organismo, la Comisión Provincial de Ética Pública, encargado de la recolección de la información que al mismo tiempo actuará como contralor del cumplimiento de la ley, determinando el destino de los obsequios que reciban los funcionarios públicos, prohibiendo la publicidad oficial que implique la promoción personal de los funcionarios, y promoviendo las denuncias necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma.

Los legisladores señalaron que “el principal objetivo de la propuesta es dotar de mayor transparencia al ejercicio de la función pública, obligando a quienes la ejercen a observar reglas de comportamiento ético que servirá para instaurar un régimen de publicidad y evolución del patrimonio de los funcionarios, incluido el Gobernador Scioli, del cual poco o nada sabemos”.

Esta iniciativa implica la necesaria actualización de la normativa vigente, que data de la última dictadura, para adecuarla a los estándares actuales siguiendo el ejemplo nacional y de provincias como Santa Fe y Córdoba, así como de la Ciudad de Buenos Aires.

Para los autores “no existen dudas que nuestra provincia está en deuda en materia de regulación de las declaraciones juradas patrimoniales, basta decir que actualmente el sistema se rige por un Decreto-Ley del último gobierno de facto que por supuesto derogamos. En ese sentido, no es la primera vez que se debate el asunto en la Legislatura. Hace aproximadamente dos años el Senado dio media sanción a un proyecto similar, lo cual augura la posibilidad de lograr consenso sobre el asunto”.

De Pietro señaló que “el proyecto amplía el universo de funcionarios comprendidos en el régimen – que incluye al Gobernador, Diputados, Senadores, Jueces, Fiscales y todo empleado público que tenga por función administrar un patrimonio público-, obliga a presentar la declaración jurada patrimonial a las 72 horas de haber asumido en el cargo, a renovarla anualmente y a comunicar dentro de los 30 días de producida cualquier modificación sustancial del patrimonio. Además se incorpora también el deber de presentar una última declaración jurada a los 30 días de haber cesado en el cargo, a la par que mantener actualizada la información hasta 2 años después de ese hito”.