"Otra vez el Senado", es la frase repetida en estas semanas en los chats de la militancia a favor de la interrupción legal del embarazo, después que la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra anunciara que el proyecto sería enviado por Alberto Fernández antes del 30 de noviembre para debatirlo en el verano. 

La ley se frustró en la Cámara alta en 2018, después de aprobarse con lo fino en Diputados y por estas horas los poroteos vaticinan una final similar, aunque dependerá en gran parte de cual sea el texto presentado y cómo prospere el debate. 

Entre las verdes, un colectivo que integran legisladores y referentes de la Campaña a favor de la ley, sobra confianza con ganar la votación en Diputados, donde cuentan hasta 126 votos, tres menos que lo necesario para una mayoría propia, pero suman además aliados ocultos dispuestos a ayudar cuando llegue el momento. Serán necesarios, porque sin 129 conectados no se puede llamar a votación.

Los operadores celestes admiten que hay al menos 120 a favor y no más de 116 en contra y que no será nada sencillo torcer la historia. La tarea más difícil la tendrá Vanesa Massetani, del Frente de Todos, quien hace dos años cuando estaba en el Frente Renovador bregó para evitar la ley y no lo consiguió.  

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Los Provida, la ONG antiaborto más relevante, creen que la militancia verde de Alberto puede jugarles a favor porque no habrá opositores que se atrevan a votar a favor si su electorado está en contra. "Los radicales y macristas que lo rechazaron en 2018 volverán a hacerlo", aseguran.

Pero el mayor obstáculo es que en Diputados Máximo Kirchner hizo todos los deberes para que haya ley:  priorizó a los verdes en las listas legislativas del año pasado y en marzo los eligió para presidir las comisiones que tendrán a cargo el debate. 

Buscarán despacharla en no más de dos plenarios, para que si están las 129 voluntades se apruebe cuanto antes y empiece el desafío mayor: conseguir las 37 que se requieren en el Senado para abrir una sesión y aprobar una norma.  

El jefe del oficialismo José Mayans es uno de los militantes celestes que anticipó que poco le interesa la voluntad del presidente. Pero no es el único con peso en el debate: el radical Mario Fiad es el presidente de la comisión de Salud y por lo tanto, llegado el caso coordinará los tiempos del tratamiento. 

"La foto ahora es la de 2018 y sólo puede cambiar si el proyecto tiene algunos retoques, que no parece la idea de Alberto e Ibarra", se lamentan algunos senadores verdes y aportan otro problema, tal vez no considerado en la Casa Rosada: la cuarentena los obligará a votar en su casa, con la militancia Provida golpeando sus puertas.

Las peregrinaciones celestes domingueras en las provincias fueron esenciales para que hace dos años los senadores que parecían dispuestos a ceder ante la marea verde lo reconsideraran. Además, cuando el proyecto se caía muchos no quisieron quedar pegados al fracaso y expuestos ante sus votantes.

En la lista de indecisos se anotan cuatro senadores capaces de cambiar la historia: la neuquina Lucila Crexell, del interbloque federal; la entrerriana del PRO Stella Olalla; y los oficialistas Edgardo Kueider y Roberto Mirabella, quien en marzo, a poco de asumir, se anticipó con un proyecto de ley que promueve darle un marco legal al fallo FAL.

Fue emitido por la Corte Suprema para regular la aplicación de los abortos en los casos ya establecidos por el Código Penal, como es evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, si el embarazo proviene de un abuso sexual y si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto. 

Mirabella pide que alcance con una declaración jurada de la mujer, pero mantiene la penalización para los médicos que apliquen abortos sin existir estas circunstancias, aunque con penas excarcelables. Una posición parecida tuvo en el último debate el actual gobernador de Santa Fe Omar Perotti y Crexell, pero no fueron escuchados y se abstuvieron. Si Alberto y Vilma toman nota pueden tener la clave de la ley.

Olalla sentirá la presión de su coterráneo Alfredo De Angeli; y su coterráneo Kueider no da señales. "Hasta que no lea lo que mandan, no hablo", repite cada vez que lo consultan, y como asumió en diciembre no hay antecedentes para conocer su posición. El salteño Sergio Leavy había evaluado en marzo flexibilizar su postura si el proyecto se ciñe a la despenalización, lo que no parece probable. 

Cristina Kirchner votó a favor como senadora y desempataría en igual sentido si le tocara hacerlo. Pero la militancia verde saben que tiene sus límites para buscar votos entre los senadores. "No puede incidir en este tema; es imposible", repiten. 

Otra polémica es con la demanda del sistema médico que pueda ocasionar la ley en plena pandemia. En la Campaña aclaran que será nula, porque el aborto se realiza mediante la ingesta de misoprostol y es más común el uso de camas por los que se realizan el en forma clandestina. Será uno de los debates a dar. Uno de tantos.