Tras un espinoso pero exitoso paso por Diputados, el Gobierno provincial se dispone a obtener la ley de la pauta de gastos para el año que viene, trámite que debe concluir con la aprobación de la Cámara de Senadores y que, todo indica, tiene el camino liberado para conseguirlo, luego del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los intendentes peronistas. 

Aunque el gobernador Alfredo Cornejo tiene aún mayoría propia en ambas cámaras junto con sus aliados políticos, la ley de Presupuesto siempre demanda mucho más que la mayoría simple porque exige los dos tercios de los votos para aprobar los artículos relacionados con el endeudamiento.

Es decir, en lo que se refiere a gastos todo gobernador necesita la mayoría simple (la mitad más uno) para que lo apruebe la Legislatura. Así se consigue casi la totalidad de la grilla de gastos que se diseña y se propone a los legisladores.

Sin embargo, todo gobierno se ve obligado por planificación o necesidad a tomar deuda, y ahí es donde las leyes provinciales le exigen al gobernador que deben obtener el sí de los dos tercios de los legisladores que estén sesionando, una vez obtenido el quórum.

Este requisito ha desatado más de una crisis de fin de año para los ocupantes del sillón de San Martín, porque muchas veces la pauta de gastos e inversiones está atada a la obtención de recursos a través de instrumentos de crédito.

Le ocurrió no hace mucho al gobernador Francisco Pérez, cuando el radicalismo opositor liderado por el entonces intendente de Godoy Cruz Alfredo Cornejo no le aprobó el endeudamiento y el ex mandatario se quedó sin presupuesto durante un año. 

Esta vez, Cornejo, ya gobernador, decidió no pasar por el mismo sofocón y se sentó a negociar con los intendentes peronistas para que estos les pidieran a los legisladores de su partido que dieran el apoyo.

Así, la semana pasada, el mandatario logró obtener más votos de los que esperaba de la oposición para que finalmente el Presupuesto 2018 saliera con media sanción y con una lista de gastos que prevé unos $85.000 millones.

En el Senado provincial la faena parece ser más sencilla. Una de las principales espadas del oficialismo indicó en off que "en la Cámara Alta son más los legisladores que responden a los intendentes del PJ, así que no deberíamos tener ningún problema para avanzar". 

Detalló que de "los 14 senadores, 8 o 9 responden a los caciques y seguramente apoyarán el proyecto como viene".

El radicalismo y sus aliados aguardan en calma que llegue el martes posterior a Navidad para tratar y aprobar la pauta de gastos y cerrar el año con la cabeza puesta en las vacaciones, que se extenderán durante todo enero. 

Casi $6.000 millones 

El Gobierno provincial ha solicitado una autorización de endeudamiento de $1.918 millones para obras y equipamiento, lo que se conoce como bienes de capital, y otros $4.000 millones para pagar una cuota de deuda pública mendocina que tiene que ver con un vencimiento de capital y que no se puede afrontar, dicen, con fondos propios. 

El senador radical Jorge Palero, especialista en Hacienda y encargado del proyecto de ley de Presupuesto por el oficialismo en la Cámara Alta, explicó que "el aumento del endeudamiento no llega a ser del 2% del Presupuesto, por lo que no veo que haya razones para que la oposición se oponga porque sí".

Indicó que "los $1.918 millones son para inversiones en infraestructura y bienes de capital, como es la ampliación y remodelación del hospital Schestakow en San Rafael que es una obra muy grande y nos costará, eso solo, $600 millones". 

También mencionó "un programa para la instalación de luminarias LED en todas las comunas que demandará $260 millones".

Hay que sumar viviendas (serían unas 2.500) e infraestructura vial, de energía, transporte y agricultura, entre otros. 

El legislador aclaró que "el monto para este plan de obras es de $10.000 millones pero de la recaudación saldrá poco más de $8.000 millones y el resto, los $1.900 millones, hay que salir a pedirlos prestados".

Palero defendió además la herramienta del crédito para este tipo de obras, porque recalcó que "no se puede forzar un presupuesto para pagarlas. Son obras que beneficiarán a todos en el transcurso de los años y es justo que se afronten cancelándolas en el largo plazo". 

Con el compromiso de los caciques peronistas cerrado parece un hecho que el Gobierno tendrá los votos para aprobar la ley, más allá de que otros senadores justicialistas no acompañen y el peronismo opositor se vea fracturado a la hora de votar.