El Senado provincial convirtió en ley anoche el proyecto de expropiación de las tierras de la sucesión de Pereyra Rozas, en la zona norte de la capital salteña. El Gobierno salteño anunció que destinará ese predio a la venta de 2.000 lotes para los postulantes sorteados del programa de crédito hipotecario “Procrear” y para la construcción de 1.200 casas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

El oficialista, Jorge Soto, fundamentó que con la expropiación se podrá concretar el proyecto del Gobierno.

El PRS advirtió que esta expropiación puede generar inconvenientes jurídicos y financieros a la provincia. Silvina Vargas (UCR) compartió el criterio renovador y votó en contra. Pablo Díaz (Cachi) pidió volver el proyecto a la Comisión de Legislación General para mayor análisis.

El plan oficial prevé soluciones habitacionales para cerca de 20.000 salteños, 60.000 menos que lo proyectado por el régimen urbanístico que la Municipalidad determinó para esa área.

Fanny Velarde, secretaria de Planificación de la comuna salteña, remarcó que “expropiar no significa no aprovechar el suelo que es escaso en Salta. Se puede pensar no solo en construir viviendas bajas, sino en otras de altura para densificar mejor el espacio”.

Las reglas de urbanización para Pereyra Rozas se fijaron tras rondas de análisis y estudios que realizaron colegios profesionales, empresas de servicios, entidades ambientalistas y otras organizaciones que conforman el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (Comdua). En noviembre del año pasado, el régimen se oficializó tras la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de la ciudad.

Las bases

Para ese predio de zona norte se delinearon tres zonas para levantar construcciones de baja, mediana y elevada altura (hasta 45 metros). Se deberá respetar un 10% de espacios verdes y un 7% de terreno para instituciones educativas y de salud. Además, el diagrama contempla para algunas partes unas “supermanzanas”. “Si construye el Estado o un particular tiene que cumplir la normativa”, insistió Velarde. Y agregó: “Creo que deberíamos sentarnos todos y decir cuál es la mejor manera de aprovechar esa tierra”.

Ayer, el ministro de Economía, Carlos Parodi, señaló a la prensa que los terrenos serán ofrecidos en venta a valores de mercado y con los servicios básicos instalados. Desde el Gobierno, además, se anunció que en los próximos meses se ejecutarán los trabajos de topografía, nivelación y licitación de los servicios.

Viviendas universales

El Partido Obrero (PO) también había presentado un proyecto de ley para que los terrenos de Pereyra Rozas se destinaran a construir casas para familias que no pueden pagar el ahorro previo que exigen muchos planes del IPV. La iniciativa no prosperó en la Cámara de Diputados.

“Nuestra propuesta era expropiar las tierras de Pereyra Rozas con la finalidad de edificar viviendas sociales, pero con la modalidad que tenía el Fonavi. No queríamos que se entregaran con la metodología del IPV, que es como un banco hipotecario. Si la gente no tiene para pagar pierde la adjudicación”, dijo la senadora electa del PO, Gabriela Cerrano.

La legisladora cuestionó las políticas oficiales para responder al déficit habitacional. “Continuamente se veta el acceso a los más pobres, que son los más necesitados”, dijo.

La iniciativa del PO proponía que el Gobierno hiciera una expropiación “sin pago” y que se construyeran unas 5.000 casas. “Pereyra Rozas, por más de treinta años, estafó al Estado porque no pagaba el impuesto inmobiliario como corresponde. Las tierras figuraban como rurales siendo que están en el ejido urbano”, señaló Cerrano.

“La campaña por la expropiación de Pereyra Rozas siempre fue del PO. La empezó Pablo López cuando era diputado provincial hace unos años y había una fuerte presión social por la demanda de viviendas. La provincia tiene 35.000 familias inscriptas entre Tierra y Hábitat y el IPV. Hay muchas otras que no se anotan porque ven que no hay respuesta del Estado”, enfatizó Gabriela Cerrano.

Un juicio que se avecina

El abogado Luis Santander sostuvo ayer que la sucesión de César León Pereyra Rozas discutirá los términos de la sanción legislativa en el marco de un juicio. “Es un acto contrario a la oportunidad, el mérito y la conveniencia del Estado”, afirmó el letrado, tras recalcar que en las tierras que serán expropiadas “ya se inició un loteo, con alcances habitacionales superiores a los del proyecto del Gobierno, y que tiene los planos aprobados por la Municipalidad de Salta y la Dirección General de Inmuebles”.

“La sucesión está en mucha mejor situación que el Gobierno y hay derechos adquiridos existentes, por lo que no se entiende cuál es la finalidad de una expropiación que obligará a modificar el régimen urbanístico y distraerá fondos públicos que podrían destinarse a otros planes de viviendas que ayuden a achicar el déficit habitacional”, afirmó el profesional.

Los valores

Santander aseguró que las tierras de la sucesión de Pereyra Rozas tienen valores de mercado que van desde 900 pesos hasta 1.500 pesos. En este punto, sostuvo que el juicio que se entable en contra de la Provincia llevará de dos o tres años, como mínimo, por lo que “los costos deberán ser afrontados por la próxima gestión de gobierno”, al igual que en el caso de las tierras recientemente expropiadas en la zona sur de la capital a la sucesión de Celestino Burgos.