Tal como sucede con el protocolo para los casos de aborto no punible, la cuestión de la muerte digna también es un tema tabú para la Legislatura mendocina. Desde hace más de un año se encuentra paralizada en el Senado el proyecto de adhesión a la ley nacional, tras contar con la media sanción en Diputados.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia por el caso Diez no sólo actualiza la cuestión sino que vuelve a recordar que para estas situaciones lo que se impone es la judicialización que traba el cumplimiento de una ley.

Luis Francisco, diputado del FpV, es uno de los que impulsó la discusión en la Cámara Baja con el proyecto que, entre otras cosas, planteaba la adhesión a la norma 26742 –sancionada en 2012 por el Congreso-; la autonomía de la voluntad y la plena información del paciente y de sus familiares; la constitución de comités de bioética en los hospitales y la voluntad anticipada –esto es, que una persona plantee previamente ante testigos y escribano la posibilidad de una muerte digna si se encuentra en condiciones terminales de no recuperación-.

Pero a más de un año de aquella media sanción que no estuvo exenta de arduas discusiones, el debate quedó en la nada en el Senado provincial. En esa cámara, ningún bloque partidario ni ningún legislador se propuso trabajarla para bajarla al recinto.

“Le dan vueltas”, caratuló Francisco sobre la postura en la Cámara Alta.  El diputado a cargo de la comisión de Salud señaló que su proyecto no propone la eutanasia y que se trata de una “ampliación de derechos”. La radical Claudia Najul reparó en que la ley nacional sigue estando en vigencia aunque no haya salido la adhesión local. Esta es importante para establecer las sanciones correspondientes, dado que se trata de una ley de derechos.   

En el medio, parece colarse el dilema moral y, ante estos proyectos, los bloques suelen dejar liberados a los legisladores para que voten de acuerdo a su conciencia.

“Hay gente que no está, por cuestiones éticas y religiosas, de acuerdo. Es una discusión que no se ha podido saldar”, reconoció el senador radical Armando Camerucci, que se mostró a favor de la adhesión y planteó la necesidad de “dar una definición desde el Estado” así como con el protocolo de aborto no punible.

El nudo: el comité de bioética

Hoy la norma se encuentra “durmiendo” en la comisión de Salud que preside la justicialista Olga Bianchinelli. 

“En lo personal, no tengo problema, celebro el fallo”, aclaró de entrada el sanrafaelino Samuel Barcudi, miembro de esa comisión. El senador justicialista precisó que “nos hemos abocado en Salud a otros expedientes que nos ha llevado hacia lo político y no hemos tenido tiempo. No veo obstáculos desde el FpV y no creo que con la oposición vaya a haber problemas. Es un proyecto que hay que sacarlo. No tengo ninguna objeción de conciencia, no puedo hablar por los demás senadores”.   

“Lo estamos estudiando, teníamos algunas dudas con la composición de los comités de ética de los hospitales”, explicó a su vez su compañera de bloque Carina Segovia.

Este un punto polémico de la ley, puesto que serían las instancias en las que se resolvería si se acepta la muerte digna de un paciente o se extiende el tratamiento. Para algunos, estos comités son una traba al cumplimiento de la misma ley. Estos comités dependerán de la dirección del hospital y estarán conformados por un grupo transdiciplinario, pluralista y participativo, según el espíritu del proyecto.

En este punto, Najul aclaró que "de ninguna manera estos comités deben entorpecer lo que establece la ley. La ley prevé que puede objetores, pero la institución no puede ser objetora, alguno de los médicos no tiene que ser objetos para respetar el derecho de los pacientes". 

“No se debe haber llevado a ningún consenso, imagino que debe pasar lo mismo que con aborto”, agregó Claudia Torres (FpV).

Lo cierto es que los legisladores consultados consideran que a partir del fallo de la Corte puede reactivarse la discusión iniciada en Diputados.   

Otro frizado: Ética médica

El proyecto anunciado el 1 de mayo por el gobernador Francisco Pérez incluye artículos referidos a la “terminación de la vida humana”, que establecen tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a morir con dignidad.

Además, propone que en ningún caso el médico está autorizado para abreviar la vida del paciente, sino para aliviar su enfermedad. Dispone que el médico tiene la obligación de aceptar las directivas anticipadas del paciente y no deberá emprender acciones terapéuticas sin esperanzas, inútiles u obstinadas. Pero también que nunca provocará intencionadamente la muerte del paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste.

Esta ley ya fue enviada por el Gobierno a la Legislatura y abarca una pluralidad de temas, entre ellos, los derechos de los pacientes, así como también el de los médicos –como el de abstenerse a prácticas contrarias a su conciencia aunque estén autorizadas por la ley-. Pero luego del anuncio de Pérez, este proyecto también “duerme el sueño de los justos” ya que plantea varios temas urticantes.  

Los prejuicios en el mundo médico

Con varios años experiencia en el programa de Cuidados Paliativos en el hospital Central, con pacientes terminales, Marcelo Alvarez ponderó el fallo de la Corte y cuestionó los prejuicios que hay acerca de la muerte digna en los hospitales.

“La medicina tiene prejuicios donde el médico se siente como el decididor de qué es lo mejor para el paciente”, indicó el oncólogo que hoy está a cargo de la gerencia del PAMI en Mendoza.

En esos momentos donde se define la vida, aparecen los dilemas. “En muchos distritos cuesta que se cumpla con la ley porque hay estructuras mentales más conservadoras y plantean sus creencias religiosas. Pero hasta las mismas iglesias están a favor y en contra y se confunden los términos”, definió Alvarez.

En este punto, hay que aclarar tres conceptos. El primero, es el de eutanasia –cuando un paciente pide una medida para acortar la muerte-, que es la idea más extendida y que no implica la muerte digna, de acuerdo con la ley.

Luego aparece la distanasia, que es sinónimo de “ensañamiento” y de obstinación terapéutica y que se ve reflejado en el caso de Marcelo Diez, que durante 20 años estuvo en estado vegetativo y ante las apelaciones en la Justicia a partir de 2009 por parte de su familia, los médicos decidieron mantenerlo conectado a un respirador artificial y suministrándole alimentación. Hasta el fallo de la Corte dado a conocer este lunes.

El concepto clave de la muerte digna es la ortotanasia, que se explica como la muerte natural, con las condiciones que la misma enfermedad lleva, pero donde los médicos no prolonguen la agonía ni acorten los días de vida para aliviar el sufrimiento.   

“Ninguna persona está obligada a hacer algo que no le sirva a su paciente”, agregó. Y concluyó: “La ley de muerte digna pone en el centro de las decisiones a las personas”.

Sin palabra oficial del Arzobispado

En tanto, desde la iglesia católica mendocina han optado por guardar silencio a la espera de una definición que vendrá de la jerarquía nacional. 

"Esperamos que haya una definición de la Conferencia Episcopal. Como es un tema de nivel nacional, no habrá un pronunciamiento del arzobispado", explicó brevemente el padre Marcelo De Benedictis, vocero del episcopado