El Senado aprobó este miércoles, por 41 a favor y 29 en contra, un proyecto para crear una comisión bicameral que investigue los movimientos financieros entre la empresa Vicentin y el Banco Nación. En otra sesión con polémica, la oposición votó en contra por considerar que se estaba violando el reglamento bajo el argumento de que el protocolo para las sesiones virtuales establece que solo se pueden tratar temas vinculados a la pandemia de coronavirus. 

“Entramos en terreno de la confrontación, transformaron este recinto en una trinchera en cada semana, buscando un adversario distinto. Hoy es el turno de la bicameral”, aseguró el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Desde el bloque opositor no solo criticaron que se traten proyectos no vinculados a la pandemia en sesión virtual, sino también a que, sostienen, que el reglamento establece que las comisiones se crean con el voto de dos tercios de los senadores y no con mayoría simple.

"Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que este Congreso haga oídos sordos a eso", aseveró la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que tomó relevancia en el tema al estar en la conferencia de prensa junto al presidente Alberto Fernández al momento de anunciar la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin.

El juez ratificó a los directivos de Vicentin y revisará el plan Perotti en otro paso

Martín Lousteau planteó sus reparos con la estrategia oficialista con la empresa, al sostener que después todos los argentinos se harán cargo de las deudas. Incluso, hizo un paralelismo con el personaje Dory de la película Nemo, que pierde la memoria y tropieza con la misma piedra.  "Cuidado que con una expropiación no estemos salvándole la ropa a los accionistas de Vicentin que han actuado mal, que no estemos salvándolos a sabiendas o por ignorancia", señaló el radical.

La oposición, entre otras cuestiones, planteó diferencias respecto a durante qué período se incrementó más el préstamo en cuestión, si en el kirchnerismo o el macrismo. "Si la oposición está dispuesta apoyar este proyecto si nosotros aceptamos que se investiguen los créditos otorgados antes del 2015 no hay problema, investiguemos entonces todos los créditos recibidos desde su origen", replicó Oscar Parrilli.

Más temprano, la radical Silvia Elías de Pérez trajó al recinto virtual las manifestaciones del último sábado. “Ha quedado claro cuál es el país que quiere el presidente. Ha quedado claro con actos, no con palabras. Fueron por una empresa privada de manera prepotente. Esta potestad no se la dan las leyes ni la Constitución. Por esto Argentina se ha movilizado”, expresó.

Vicentin, Redrado, Bonadio: la extraña habilidad del kirchnerismo para construir "héroes"

“Podríamos crear muchas comisiones, como una para investigar la muerte del fiscal Nisman, para investigar el tratado con Irán, pero no, confíamos en la Justicia, que lo está tratando y analizando, en los tiempos que muchas veces nos quejamos”, planteó el salteño Juan Carlos Romero, aliado de Juntos por el Cambio. Sumó también las causas de evasión que tiene Cristóbal López como otro ejemplo más.

“El kirchnerismo tiene una agenda paralela acá en el Senado, que  no tiene que ver con la pandemia, el cansancio, la descontrolada emisión monetaria o la reconstrucción del país. Esta agenda, de parte del oficialismo, seguramente fue pergeñada en el Instituto Patria, tiene mucho revanchismo, deseo de venganza y de profundizar la grieta”, agregó Romero.

La propuesta oficialista, que impulsó el kirchnerista Oscar Parrilli, busca que la comisión tenga doce miembros (seis senadores y seis diputados). La semana pasada se debatió en la comisión de Asuntos Constitucional y ya allí los senadores opositores rechazaron la iniciativa, recordaron que la Justicia ya está investigando esos movimientos financieros (causa por la que está investigado Javier González Fraga, entonces presidente del Banco) y se retiraron del debate. 

Según el proyecto, la bicameral deberá investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri. Funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la primera reunión, con la posibilidad de extender ese plazo por seis meses más.