El Senado convirtió en ley la declaración de la emergencia social por los próximos tres años, que implica una inyección de $ 30.000 millones, hasta el final del mandato de Mauricio Macri, a las organizaciones sociales de la denominada economía popular.

No obstante haber recibido críticas por derecha y por izquierda, la iniciativa fue aprobada por unanimidad (49 votos) de todas las bancadas, replicando el amplio apoyo que tuvo en la Cámara de Diputados la semana pasada, en la que fue aprobada por 227 legisladores, con cuatro abstenciones y un voto en contra.

El proyecto sancionado ayer es el resultado del acuerdo entre el Poder Ejecutivo, con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a la cabeza y el colectivo piquetero integrado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa. Representantes de los movimientos sociales se reunieron en la plaza del Congreso para esperar la sanción de la ley.

En prevención de los cuestionamientos políticos al acuerdo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires), remarcó que la emergencia social "nació en la calle, con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano" y que "no fue diseñada en un despacho del Poder Ejecutivo", sino que "fue construida por el Senado".

Se refirió, así, al proyecto aprobado a comienzos de septiembre por la Cámara alta, a partir de un texto elaborado por Abal Medina, Teresita Luna (FPV-La Rioja), ambos referenciados en el Movimiento Evita; y Jaime Linares (GEN-Buenos Aires). Esa iniciativa fue reemplazada en la Cámara de Diputados por un texto que reflejó el acuerdo del Gobierno y los grupos piqueteros.

La ley destina $ 25.000 millones a promover y defender los derechos de los trabajadores de la economía popular hasta diciembre de 2019. En el caso de que esa cifra llegara a ser invertida antes de diciembre de 2018, se habilita el uso de otros $ 5000 millones. Esos fondos se destinarán "a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional". Los alcances y forma de distribución de la ayuda estarán a cargo de un nuevo organismo, bautizado Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario, en el que tendrán participación el Gobierno y los grupos piqueteros.