La ampliación de la moratoria permitirá a autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio último.
Tras más de nueve horas de sesión, el oficialismo en el Senado convirtió en ley esta noche la nueva moratoria ampliada, enviada por el Poder Ejecutivo, por 41 votos a favor y 28 negativos. La ampliación de la moratoria permitirá a autónomos, monotributistas y empresas acceder a un plan de pagos para deudas impositivas y previsionales acumuladas hasta el 31 de julio último.
La nueva ley busca normalizar deudas por más de $500.000 millones y contempla premios para los contribuyentes cumplidores.
El miembro informante del oficialismo y titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Carlos Caserio, indicó que “esta moratoria tiene un cambio muy significativo” porque se amplía el universo de sujetos a beneficiarse. Además de las pymes, ingresarán “las grandes empresas, esto es razonable porque están pasando grandes dificultades".
"El articulo 13 se refiere a lo que pasa con los que ya se han acogido a la moratoria, pueden seguir con el plan actual o pueden desestimarla y adherirse a la nueva si así lo creen", explicó y agregó que el artículo 15 “invita a las provincias a que establezcan similares beneficios, esto es importante porque buscamos un esfuerzo compartido”.
"Esta moratoria va a ser muy ventajosa para las empresas y los ciudadanos. También va a servir para aliviar las arcas del Estado y darle la posibilidad a los contribuyentes para ponerse al día", cerró.
A su turno, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, consideró que este proyecto de moratoria se queda a mitad de camino, es algo parcial” y explicó que "el premio a los buenos cumplidores debe ser algo permanente en los proyectos de moratoria tributaria”.
Además, dijo que no se entiende "la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto”. “Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina. Lo mismo pasa con otras leyes donde se discrimina al empresario que crece", señaló y advirtió que su bloque va a votar en contra.
En tanto, su compañero de bancada, el entrerriano, Alfredo de Angeli, anticipó que “en honor a la voluntad de los buenos contribuyentes para seguir pagando no podemos votar a favor, por eso vamos a ir con un proyecto en minoría".
Por su parte, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, explicó que en esta moratoria "pueden entrar absolutamente todos porque se supone que hubo una actividad económica negativa y no tenían fondos para afrontar el pago de los impuestos, pero restringe a quien tiene fondos en activos financieros en el exterior".
Al momento de los cierres, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que “haber ganado las elecciones no les da un cheque en blanco” y consideró que esta moratoria es un golpe para muchos ciudadanos porque excluye a las personas humanas que a partir de agosto tienen que presentar la declaración de ganancias y bienes personales de 2019”.
“Nosotrsos no acompañamos este dictamen. El Gobierno y el kirchnerismo durante todos los debates siempre nos demostró que detrás de las nobles intenciones esconden otro tipo de propósitos y esta moratoria es el mejor ejemplo”, continuó.
Por su parte, el titular de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, señaló: "Acá tuvimos un gobierno que fue desastroso entonces no es lo mismo la forma en que golpea la pandemia ante un país con reservas o con situación económica distinta a la nuestra".
“No busquen la excusa de esta moratoria para venir con un discurso político. Nosotros vamos a trabajar para que el pueblo argentino salga de esta situación y esta moratoria es indispensable para el plan económico”, concluyó.
La moratoria tendrá un plazo de inscripción hasta el 31 de octubre para inscribirse, dispone que el primer pago vencerá en diciembre y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.
La novedad es que además de las pymes, como en versiones anteriores también están incluidas empresas de mayor envergadura y tamaño, pertenecientes por ejemplo a los sectores agropecuario, industrial, construcción, comercial, servicios y turismo podrán acogerse a los beneficios de la moratoria.
Por otra parte, quedan fuera de la posibilidad de acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.
Presupuesto, asistencia al sector turístico y embajadores
En la sesión especial también se convirtió en ley la ampliación del Presupuesto 2020 y se dio media sanción a la emergencia citrícola y a un proyecto de asistencia al sector turístico.
La ampliación del presupuesto prevé aumentar las erogaciones por casi 1,8 billón de pesos, de los cuales el 80 por ciento será destinado a programas productivos, laborales y sociales con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.
Se aprobaron además los pliegos como embajadores de Hernán Patiño Mayer, de Ricardo Alfonsín y de Mateo Capitanich como embajadores argentinos ante Hungría, España y Nicaragua, respectivamente.
Por otra parte, se avaló un acuerdo entre la República Argentina y la República Popular de China sobre el establecimiento de un Centro Cultural Chino en el país; otro sobre Cooperación Cinematográfica entre la República Argentina y el Estado de Israel; así como un tratado regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Se aprobaron además proyectos en los que se trasfiere un terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y un inmueble en la Ciudad de la Plata a la Universidad Nacional de La Plata para la instalación del Instituto Malvinas.
Debido al fallecimiento en las últimas horas del CEO de la cerealera Vicentin, Sergio Nardelli, el Senado decidió no tratar en la sesión de hoy la validez del DNU 636/20 emitido por el presidente Alberto Fernández que anuló el DNU 522/20 que disponía la intervención estatal de la empresa.
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