Por Mariano Casal

A la espera del Presupuesto 2025, el Senado intentará avanzar en los próximos días con una nueva sección de la agenda en seguridad que tiene el Gobierno libertario: buscará dictaminar y sancionar la ley antimafia, y la que regula la tenencia y entrega de armas -renovación de plazos-, que ya fueron aprobadas por Diputados. La Cámara alta ya viene de activar el primer objetivo, cuando dio luz verde a la propuesta de ampliación del registro de datos genéticos, con foco en violadores.

Desde las 14 de pasado mañana, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior; y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, que comandan la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), respectivamente, darán inicio a la discusión del proyecto antimafia. Expondrán el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el titular de la unidad Gabinete de asesores de dicha carteta, Carlos Manfroni.

El proyecto de abordaje del crimen organizado, que fue aprobado con 137 votos a inicios del corriente mes en Diputados, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñada para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.

La iniciativa contempla una pena más alta de ocho a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Otro punto muy importante es que el castigo por delito más grave que le corresponda a quien cometió un delito también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Durante su tratamiento en la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.

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La Ley Rico es una normativa federal contra la extorsión criminal y mafias corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, entre los que se incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera. Y permite, si se combinan dos de ellos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.

Un detalle no menor de esto es que la norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serían penados por igual, desde el jefe hasta el pinche que recién ingresa en la organización criminal. En el caso de la legislación italiana, lo que propone también es mucho más abarcativo: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente y/o avalen favores, incluso, sin aceptar plata.

Con la ausencia de algunos legisladores y, pese al regreso para mañana -tras viaje oficial a España e Italia- de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, el oficialismo y la oposición dialoguista esperarían recién a la semana próxima para dictaminar ambos temas e ir al recinto a finales de octubre.

Para el potencial encuentro en el recinto de la Cámara alta, el Gobierno espera tener sancionada la iniciativa que permite la salida de tropas nacionales y el ingreso de extranjeras para ejercicios conjuntos, para el plazo comprendido entre el 1 de septiembre del corriente año y el 31 de agosto de 2025. En concreto, el programa abarca 15 prácticas: “Integración 2024″; “Cruzex”, “Arandú”, “Acrux”, “Atlasur”, “Operación Formosa”, “Fraterno”, “Galapex”, “Inalaf”, “Passex”, “Siforex”, “Unitas”, “Viekaren”, “Guinex” y “Vinciguerra”.

Durante el tratamiento de este tema en plenario de comisiones, las cristinistas Silvia Sapag y María Duré criticaron la presencia de tropas de los Estados Unidos en Tierra del Fuego para ejercicios militares. Fue algo que sostuvieron durante semanas. Antes del firmar el dictamen, el titular de la comisión de Relaciones Exteriores, el aliado libertario Francisco Paoltroni, les avisó: “Esto se acordó en el gobierno de Alberto Fernández, el 8 de junio de 2023. Para que quede expresa la contradicción a la que muchas veces caemos en este bendito país”.