La Cámara de Senadores aprobó un régimen de regulación tributaria con el objetivo de facilitar el acceso al pago de las deudas que los contribuyentes mantienen en referencia a distintos impuestos provinciales. El texto propuesto por los senadores del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) abarca a obligaciones sobre ingresos brutos, inmobiliario rural y urbano, sellos, aportes sociales –ley 5110; contribución de mejoras, impuestos a las actividades hípicas, patente única de automotores, taza retributiva de servicios y aportes al Instituto Becario que no superen los cinco millones de pesos y estén devengadas hasta el 31 de julio del presente año.

Asimismo, el régimen contempla una financiación hasta 36 meses y las cuotas no serán inferiores a cien pesos en el caso de los impuestos inmobiliarios y doscientos pesos para el resto de los gravámenes y tazas mencionadas. En el caso de la cancelación de contado se procederá a una reducción de intereses y multas de 50%.

Por otra parte se aprobó un proyecto de comunicación avalado por los senadores Hugo Marcucci, Lisandro Enrico, Alcides Calvo, Eduardo Rosconi, Raúl Gramajo y Miguel Lifschitz, por el cual se le solicita al Poder Ejecutivo disponga la mayor asignación de recursos humanos y logísticos así como capacitación a la Brigadas de Drogas Peligrosas.

En tanto, el cuerpo resolvió que cada 30 de mayo, el Fiscal General de la provincia deberá presentar un informe de gestión ante el Senado. Excepcionalmente se invitará a Fiscal General Julio de Olazábal para una audiencia pública a realizarse el 12 de septiembre.

Con preferencia para la sesión y a instancias del bloque del Partido Justicialista, se dio media sanción a la declaración de emergencia en seguridad en el territorio provincial por el término de 18 meses. El texto establece la creación de la comisión bicameral de Seguridad Publica, integrada por ambas comisiones de la Legislatura, quién controlará la ejecución de la ley sancionada.

Además, el senador por el departamento Rosario, Miguel Lifschitz, ingresó un proyecto de ley por el cual se reconoce y regula el funcionamiento de los Centros de Estudiantes Secundarios y Terciarios no universitarios. La norma incluye a todos los establecimientos públicos y privados que dependan del ministerio de Educación de la Provincia.