El Senado volverá a reunirse para votar el ingreso de magistrados a la Justicia, en este caso, de 16 postulantes. Hoy se realiza la audiencia pública en la que se presentarán las adhesiones y las impugnaciones a una lista de jueces, defensores, fiscales y un asesor de Menores que envió el gobernador Francisco Pérez y que será tratada el martes que viene en una sesión especial.

En la reunión de hoy, se escucharán las distintas voces a favor (todos tienen adhesiones) y en contra (sólo dos tuvieron impugnaciones) de los postulantes que Pérez eligió, luego de considerar una terna.

Hay que tener en cuenta que todos rindieron en el Consejo de la Magistratura y los tres mejores promedios fueron puestos a consideración del Gobernador, encargado de elegir a uno solo, en lo que podría considerarse la primera decisión política del proceso de selección de jueces.

El “combo” de magistrados ingresó hace dos semanas a la Legislatura y llamó la atención de varios. No tanto por tratarse de un momento electoral sino más bien porque se habían acumulado los casos en el Ejecutivo, por lo que el Senado ahora deberá decidir en una sesión especial y maratónica, bajo el formato del voto secreto y con el sistema de bolillas, si aceptan o no a cada uno de los propuestos.

“Nosotros cuestionamos que manden todos juntos. A partir de lo que veamos en la audiencia tomaremos la decisión de bloque”, señaló el senador radical, Juan Carlos Jaliff, miembro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

La reunión de hoy somete a la consideración pública a cada uno de los nombres y ahí se escuchan los apoyos y rechazos que tienen los postulados. Esta instancia es un paso previo a la sesión y no es determinante en cuanto a la decisión final, sino más bien es una formalidad.

En todos los casos presentados, hubo tres impugnaciones sobre dos pliegos. Uno de ellos es Sebastián Sarmiento, quien fue director del Servicio Penitenciario y actualmente, por designio del Gobernador, se desempeña como conjuez de Ejecución penal. 

El postulante aspira a ser juez del Primer Juzgado de Ejecución Penal (es decir, ratificar su cargo) y tiene una sola impugnación hecha por Osvaldo Quiroga, padre de Matías, quien fue asesinado durante un asalto en 2012. “Su presentación es porque él entiende que favoreció a los penados y considera que no debe ser ésta una política del Poder Judicial”, explicó la senadora Carina Segovia, presidente de LAC.

Este argumento también se escucha en el Senado. Gustavo Cairo (Pro) mostró su disconformidad con la postulación de Sarmiento. “Él militó en contra de la ley Petri, la que limita las salidas transitorias de delincuentes peligrosos”, señaló el legislador.

La segunda y última candidata cuestionada es Mariana Mercedes Gardey Merino, postulante para ser jueza del Segundo Juzgado de Ejecución Penal. Una de las impugnaciones proviene de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, quienes consideran que tiene una “dependencia funcional” al Servicio Penitenciario, en donde ocupa un cargo jerárquico y cuyo “vínculo afectaría su desempeño”.

La otra voz contraria proviene de un abogado del fuero penal, Marcelo Puertas, quien esgrime los mismos motivos que el gremio y agrega que “en reiteradas oportunidades he concurrido al Segundo Juzgado de Ejecución Penal y no ha estado presente jamás la señora conjuez a cargo del Tribunal”.

Desde la oposición no adelantan ninguna decisión; por el contrario, festejan el tratamiento, aunque no masivo, de los pliegos. “Nosotros reclamábamos que se ocuparan esos lugares vacantes que estaban cubiertos por conjueces”, señaló Daniel Ortiz, senador de la UCR.

“Que el Ejecutivo haya demorado en enviarlo no es culpa de los postulantes, todo lo contrario, son los perjudicados por tener que esperar”, dio su parecer Jaliff.