El Senado acortó a seis meses la prórroga para la suspensión de desalojos rurales y devolvió el proyecto a Diputados, que sesionará el próximo martes.

No figura en el texto de la ley, pero el Senado también se pronunció para que el Ejecutivo proceda, en 45 días, a dictar la reglamentación para la plena vigencia de la ley 7.658.

Esta norma, sancionada en el 2010, crea el programa de regularización dominial y de asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales.

Además de disponer un registro de familias rurales y pequeños productores, establece beneficios para el desarrollo productivo, agroindustrial y económico de estos sectores.

La ley fue sancionada hace más de seis años y el Ejecutivo no la reglamentó, para lo cual tenía un plazo de 90 días, recordaron varios senadores.

Mientras, miles de familias rurales esperan acciones del Estado para regularizar el dominio de la tierra y alejar la preocupación por los desalojos.

En este sentido, el senador Andrés Zottos, dijo que el objetivo del proyecto que se aprobó "es lograr la definitiva regularización de las tierras que ocupan unos diez mil pequeños productores en toda la provincia".

En función de que el vencimiento de la última prórroga opera hoy, la sesión de ayer fue seguida por miembros de una asociación de familias rurales y pequeños productores, apostados frente al edificio de la Legislatura.

El proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados impulsaba un freno a los desalojos por otros tres años.

Los senadores oficialistas consideraron que era "mucho tiempo", y decidieron que se extienda por seis meses.

"Con esta acotación, el Ejecutivo tendrá que reglamentar la ley antes de fin de año", se fundamentó en el recinto.

En esta línea, pero con una declaración, la Cámara Alta pidió al Ejecutivo que se proceda a reglamentar la ley 7.658 en un plazo de 45 días.

En diálogo con El Tribuno, el senador Diego Pérez (PJ) hizo notar que el tema en debate solo tiene que ver con familias rurales y pequeños productores agropecuarios. "Es la legislación nacional la que se debe seguir en casos de conflicto de dueños de tierras y grupos que se atribuyen condición aborigen", aclaró.

El Senado, además, modificó el texto para que actúe como autoridad de aplicación el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, en coordinación con la cartera de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario.

En la ley sancionada en 2010 figura la cartera de Derechos Humanos como autoridad de aplicación.

Además, la Cámara Alta dispuso la creación de una comisión bicameral, con tres senadores y tres diputados, para controlar la implementación de la ley 7.658.

La senadora Gabriela Cerrano (PO) se manifestó a favor de la prórroga por tres años más. "Lo que está en juego es el uso social del suelo y se quiere seguir beneficiando al gran capital contra los pobladores de Salta", señaló, y anotó el único votó en contra en la sesión de ayer.

Por la tarde, el titular de la Cámara Baja, Manuel Godoy, anunció a El Tribuno que los diputados sesionarán el próximo martes, a partir de las 18.