Así surge al menos de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial en las cuales (se aclara), no se trata de un desmonte total sobre esas tierras, sino emprendimientos que dejan zonas de "conservación" (y por tanto, se supone, no serán desmontadas), además de realizarse por "módulos".

Llamó la atención que al menos en dos de las audiencias públicas convocadas los proyectos de desmonte se hicieran sobre tierras que, según el Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia las marca como amarillas o rojas, categorías que indican que las tierras no deberían ser desmontadas.

Pero "el mapa de ordenamiento territorial de Salta no es definitivo porque no tiene un análisis predial", sostuvo la secretaria de Ambiente, Mirta Terán, al ser consultada por esta situación.

Y es que ya salieron algunos ambientalistas a demostrar su preocupación, al igual que comunidades campesinas, en tanto no se sabe en Salta entonces, cuáles son los parámetros que se están tomando para seguir o no adelante con un emprendimiento de desmonte.

Al ser consultada sobre cuáles serán las zonas a respetar, Terán indicó que "todas las que no deban de ser tocadas. Cabeceras de cuenca, de los ríos", en donde sostuvo, se limita el desmonte a una distancia de entre 500 y 1000 metros.

Como al hacer su mapa Salta (al parecer en el apuro por recibir montos para la conservación, además de apurar el trámite para que permitan reiniciar los desmontes), no lo hizo con un análisis predial. Ello generó la disposición de un decreto provincial por el cual, en caso de hacer un análisis predial, se pueden cambiar los colores que dispone el mapa de Ordenamiento Territorial aprobado por Ley en Salta.

Terán aseguró que los proyectos de desmonte que quedaron de 2007 a la fecha paralizados "se analizan uno por uno", para luego pasar por manos de una comisión interdisciplinaria que analiza esta primera propuesta.

"Muchos de los proyectos dan respuestas de las consultas. Hay informes adicionales de consultores externos de la Universidad (Nacional de Salta).

Aseguró además que a los dos emprendimientos que solicitaron desmontes en zonas donde en principio, no debían realizarse las deforestaciones, se les redujo la superficie a desmontar "en un 20 o 25%" a fin de que "sean mayores las áreas de conservación".

Con respecto a la falta de prórroga de la audiencia por el desmonte en San Martín, suspensión que había sido solicitada por organizaciones criollas y originarias de los Lotes 55 y 14, justificó que cuando el proyecto fue al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), este dijo que no había afectación a ninguna comunidad originaria.