Tras la suspensión por 60 días de la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con el sistema de GPS en taxis, el trabajo legislativo en torno a esta cuestión está por tener su corolario y encaminarse hacia la etapa de definiciones. Durante la jornada de ayer, la comisión de Transporte recibió a las entidades que nuclean a taxistas que aún no habían expuesto su postura y se espera que para la próxima semana los concejales lleguen a una resolución. 

Todo parece indicar que la ordenanza será modificada para que la utilización del GPS sea optativa para los trabajadores. Es que en los distintos encuentros desarrollados en el ámbito de comisión para abordar esta temática, ninguna organización bregó por la obligatoriedad. La única entidad que promueve la obligación de contar con el sistema, y que mantiene una evidente afinidad con el Ejecutivo local, no acusó recibo de la invitación cursada desde el Concejo Deliberante y no acudió a debatir. Se trata del  Sindicato Único de Peones de Taxi (Supetax), encabezado por el dirigente Donato Cirone.

La comisión presidida por Eduardo Abud ya había recibido a los taxistas autoconvocados y al sector que representa Darío López. Ayer, fue el turno de las restantes agrupaciones: la Sociedad de Conductores de Taxis, Servitaxi, Taxicoop, Teletaxi, Taxi Puerto, Cooperativa Islas Malvinas y Ampat. Ninguno de los dirigentes se inclinó por la obligatoriedad del GPS e incluso hubo quienes criticaron con dureza el mecanismo y lo tildaron de ser un “negociado para pocos” con los “taxistas de rehenes”.  

¿NEGOCIADO?

Raúl Vicente, de la Sociedad de Conductores de Taxis, hizo un repaso de todo lo sucedido desde que en 2009 se comenzó a debatir la implementación obligatoria del sistema de posicionamiento global y expuso la postura de la entidad en cada uno de los pasos dados desde entonces.

A 6 años de aquella discusión, Vicente sostuvo que “se quiso hacer un negocio para algunos y un accesorio para los taxistas”. Vicente también se quejó de las características de la licitación que en aquel momento ganó la empresa Taxi Puerto –quien iba a proveer el servicio de GPS- al recordar que en el pliego se determinaba que quien no abonara el mantenimiento por 6 meses, sería penado con la quita de su licencia. A esto, agregó que la contratación constituía un “monopolio” ya que le otorgaba exclusividad a la empresa por un lapso de 5 años, con la posibilidad de una prórroga de otros 3.

“Nadie fue inocente, se quiso hacer un negocio e imponer un nuevo impuesto para los taxistas. Nunca nos quisieron ayudar, sino estafar”, sentenció.  

DEFENSA

El titular de Taxi Puerto, Carlos Pérez, se sintió tocado por los dichos de Vicente y salió al cruce para desmentir la intención de hacer un negocio para la empresa con los GPS. “Competimos con 3 o 4 empresas y ganamos la licitación porque pasamos el costo más barato”, explicó el dirigente, mientras agregó que los cálculos indicaban que la empresa se quedaría con entre 15 y 20 mil pesos por mes, aunque si disponían de medios de pago alternativos (como Rapipago), a la compañía le quedaría un margen de ganancia de unos 6 mil pesos.

Luego de las aclaraciones, Pérez se abocó al tema de la obligatoriedad en cuestión y remarcó que el GPS es una “herramienta que sirve”, pero advirtió que debería ser opcional.  

RESOLUCIÓN A pesar de que la suspensión de la ordenanza tiene vigencia hasta el 15 de junio, la semana que viene la comisión de Transporte podría tener una respuesta definitiva sobre el tema. Lo que estos concejales deben decidir es si levantan la suspensión y la norma sigue igual –es decir, se mantiene la obligatoriedad- o si la modifican y el GPS pasa a ser optativo.

Según señaló el edil oficialista Fernando Gauna a este medio, ya escuchadas las posturas ahora el bloque se abocará a analizar todas las exposiciones para determinar hacia dónde se inclinarán. “Es una herramienta útil que se complementa con las cámaras de seguridad. Ahora hay 500, pero cuando se instalen todas las cámaras el seguimiento va a ser en tiempo real”, fundamentó el concejal.

Asimismo, señaló que en la actualidad las empresas ofrecen “precios muy baratos” para contratar el servicio de monitoreo e incluso algunas otorgan descuentos en los seguros. Por su parte, el radical Abud destacó el carácter democrático que tuvieron las instancias de debates convocadas por el Concejo Deliberante y subrayó que la “representación mayoritaria estuvo atendida”. Asimismo, indicó que la discusión no derivó en un “no” a la implementación del GPS, sino en la posibilidad de que sea optativo.

“Vemos que el Ejecutivo avanza con temas de seguridad y somos respetuosos”, advirtió respecto a la postura del Gobierno local que siempre se mostró proclive a la obligatoriedad. No obstante, Abud especificó que los propios trabajadores se niegan a que esto sea así.

“El tachero dice que no al pago. Me gustaría que el Ejecutivo diga que el GPS tiene que ser gratis, pero no sabemos si se analizó”, entendió luego. Consultado sobre cómo procederá la comisión la semana próxima, Abud instó a darle un “corte” a la temática y tomar una decisión.