Esta semana los estatales encararán un paro general de actividades al que sumarán una movilización hacia la Legislatura provincial. El pago escalonado a los jubilados y pensionados y los sistemáticos incumplimientos del Gobierno en torno a la deuda millonaria que mantienen con el IPAUSS generó el alzamiento de los gremios y la gobernadora Ríos podría ser sometida a juicio político.
La asamblea realizada este viernes en la sede del IPAUSS (ubicada en Alem 2410) reunió al SUTEF, UPCN, CTA, CGT, ATE, Luz y Fuerza, SAT, SEJUP, SOEM, ASEOM, no agremiados municipales, jerárquicos municipales, como así también centros de jubilados, jubilados independientes y directores electos del IPAUSS con la excepción de Miguel Juárez (comisionado en Buenos Aires) y Fresia Aguilar.
En la reunión se debatió sobre el pago escalonado a los jubilados y se resolvieron tres ejes de acción. Desde el SUTEF explicaron que “se discutió que los gremios estatales llamen a un paro.
La propuesta de ATE fue hacerlo para el día lunes, pero otros sindicatos consideraron mejor realizarlo, con movilización, el miércoles 17 de abril para tener más tiempo para organizarlo. Ésta última propuesta fue la que se impuso en la votación”.
Por otra parte, la asamblea determinó una movilización para el jueves 18 de abril con destino a la Legislatura fueguina. En este sentido, la comisión directiva del SUTEF indicó que el objetivo será “solicitar a los parlamentarios alguna herramienta legislativa para solucionar el problema que atraviesa hoy el IPAUSS. En este punto, la propuesta de ATE fue solicitar a los legisladores la apertura de la modificación de la Ley de regímenes jubilatorios y de la Ley 676. Ésta propuesta fue rechazada por la asamblea”.
Luego de la asamblea, desde el gremio docente destacaron el desacuerdo de ATE en casi todas las mociones que finalmente se impusieron por mayoría. En cuanto al estado de sesión permanente del directorio del IPAUSS, el SUTEF señaló que “nuevamente ATE no estaba de acuerdo” y agregó que “después de una larga y acalorada discusión, finalmente la mayoría determinó la sesión permanente del directorio del IPAUSS acompañado del sector del servicio jurídico y personal del instituto, con la finalidad de elaborar propuesta para superar situación de financiamiento y prácticas asistenciales de manera imperativa; solicitando se dé tratamiento favorable al sistema de financiamiento de goteo del IPAUSS y el incremento de contribuciones patronales hasta el 18 por ciento”.
Finalmente, y casi por unanimidad, la asamblea votó a favor de solicitar al directorio la presentación de un juicio político contra la gobernadora Ríos.
El futuro en juego
Con respecto a la situación del IPAUSS, desde la comisión directiva provincial del SUTEF expresaron: “Siempre dijimos que el Plan de Lucha no era solamente salarial, que también estaba en juego nuestro futuro, nuestra Caja de Jubilación y nuestra Obra Social. Este Sindicato ha dejado en claro en esa Asamblea que no va a negociar el pago de la deuda, exigirá como siempre el pago de los CPPM que establece la Ley 676 y no permitirá modificar “ni una coma de nuestro régimen jubilatorio”.
Los jubilados no son prioridad para el Gobierno
Desde hace varios meses la política del Poder Ejecutivo provincial con respecto a los jubilados y pensionados estatales viene siendo el pago escalonado de haberes. Este mes, a la mayoría de los pasivos el Gobierno les acreditó hasta seis mil pesos en sus haberes, esto generó que muchos no vieran un solo peso acreditado en sus cuentas dado que presentan pago de servicios mediante la modalidad de débito automático.
Referentes del SUTEF opinaron en este sentido considerando que “el problema del pago escalonado no es económico, sino político, por eso se hace necesario estar unidos para establecer políticas que acompañen nuestros esfuerzos por mantener los salarios en blanco; por defender los regímenes jubilatorios, exigir el pago de la deuda, de los CPPM de la Ley 676 y del aumento de las contribuciones patronales”.
Recordemos que la semana pasada cerca de 60 jubilados tomaron el IPAUSS para reclamar el pago de haberes en tiempo y forma.
¿Plan de evasión?
La Ley 676 rige desde el 4 de noviembre de 2005 (fecha en que fue publicada en el Boletín Oficial). Hace más de siete años entró en vigencia esta norma, mediante la cual quedó establecido el Compromiso de Pago Previsional Mensual para que el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego saldara la deuda que mantenía con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social. La norma ha sido incumplida sistemáticamente por el Estado fueguino.
Ya en la presentación del proyecto de presupuesto provincial 2013 el Poder Ejecutivo evidenció su intención de no pagar la deuda histórica. Esto había sido advertido por el ex secretario de Prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado y actual jubilado estatal afiliado al IPAUSS, Juan Vera. “El Gobierno no quiere pagar la 676 y lo demuestra negándola”, había remarcado Vera. En efecto, el proyecto presupuestario sólo hacía referencia a la deuda judicializada en el marco de los autos caratulados “IPAUSS c/Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AEIAS s/Apremio” y a la Ley Provincial 641. En este sentido, Vera había señalado que “el Gobierno se toma la atribución de decidir, per se, el pago de la deuda judicializada”. En ese momento Vera había explicado que el Poder Ejecutivo tomó un monto fijado por un perito judicial y lo dividió para pagar más de 50 millones por año a lo largo de un lustro. Así quedó plasmado en el artículo 26 del proyecto de presupuesto 2013 a través del cual el Gobierno establece que pagará $282.963.027,26 en cinco ejercicios, fijando la suma de $56.592.605,40 para ser cancelada durante el ejercicio 2013. En este sentido, había considerado que “esto es una nueva burla a la Ley 676, a los que hicieron la ley y fundamentalmente a los intereses de los jubilados y los trabajadores activos puesto que de esta manera el Gobierno está descapitalizando el instituto”. También había aclarado que los más de 282 millones de pesos corresponden solamente a la deuda judicializada que incluye obligaciones impagas entre enero de 2006 y diciembre de 2008.
Finalmente, la Ley 905 (de presupuesto 2013, que entró en vigencia en diciembre de 2012) en su artículo 26 autoriza “al Poder Ejecutivo Provincial a constituir Fondos de Garantías, Fideicomisos, Fondos Fiduciarios y cualquier otro tipo de instrumentos financieros con el Banco de Tierra del Fuego y otras entidades financieras públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales de crédito, destinados a la financiación de obras públicas y/o proyectos de inversión hasta la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000)”. Mientras que en su artículo 27 extiende “el uso de los instrumentos dispuestos en el artículo anterior, a la cancelación de deudas consolidadas con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social, pudiendo utilizarse además como mecanismo de pago de la deuda generada por las leyes provinciales 478 y 641”. Tal como lo había anticipado Juan Vera, se omitió la Ley 676.
Cabe mencionar que el artículo 32 de la Ley 905 (de presupuesto 2013) estableció “como requisito para el tratamiento de la Estimación de Recursos y Presupuesto de Gastos del Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social, contar con el informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia referido a la certificación de acreencias del Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social en el marco de lo establecido en la Ley provincial 865. Para no afectar el normal funcionamiento del Instituto Autárquico Unificado de Seguridad Social, será de aplicación lo normado por el artículo 27 de la Ley provincial 495”.
Si bien la certificación de acreencias mencionada precedentemente se concretó en enero pasado, cuando el Tribunal de Cuentas de la Provincia emitió el informe correspondiente, a la fecha el Poder Ejecutivo no ha abonado una sola cuota de lo establecido mediante la Ley 676. En este sentido, el director del IPAUSS por los activos, Maximiliano Heredia, recordó que sólo hay seis cuotas pagas en este concepto que fueron abonadas durante la gestión del gobernador Hugo Cóccaro.
En concepto de Ley 676 el IPAUSS reclama acreencias que superan los 2.800 millones de pesos aunque según la certificación realizada por el TCP las acreencias por dicho concepto superan los 1.500 millones de pesos.
A las acreencias del IPAUSS dadas en el marco de la Ley 676, hay que sumarle otras millonarias acreencias que incluyen a distintos entes del Gobierno fueguino. Casi todos los organismos del Estado le deben dinero al instituto. Según el IPAUSS las acreencias totales superan los 4 mil millones de pesos. Según la certificación del TCP las acreencias totales superan los 2.500 millones de pesos.
La semana pasada, el ministro de Economía, Osvaldo Monti, sostuvo que el Gobierno puede pagar 2.500 millones de pesos en 16 años, siendo este “el máximo esfuerzo” que puede realizar el Ejecutivo provincial. Monti explicó que el Gobierno puede pagarle al IPAUSS en dos etapas, “la primera plantea la deuda corriente, unos 108 millones de pesos pagaderos en 14 meses” mientras que “a partir de julio de 2015 comenzaría con la deuda determinada por el Tribunal de Cuentas, a 15 años, a una tasa aproximada del 1,5 por ciento”.
Antecedentes de pedido de juicio político contra Ríos
El último antecedente de pedido de juicio político contra la gobernadora Ríos se registró en abril de 2012. Fue realizado por la CGT (Confederación General del Trabajo). El gremio acusaba a Ríos de mal desempeño del cargo y presunta comisión de delito en el cumplimiento de sus funciones en el marco del supuesto incumplimiento de la remisión al IPAUSS de aportes y contribuciones por más de 219 millones de pesos.
El pedido, promovido en aquel entonces por el secretario general de la CGT Regional Ushuaia, Miguel Olivares, y su par de Río Grande, Walter Campos, sostenía que “Ríos no dio cumplimiento con la obligación de ingresar al sistema de la seguridad social provincial, concretamente al IPAUSS, mensualmente las sumas de dinero en los porcentajes establecidos por ley, por aportes que retiene a los trabajadores dependientes de la administración central y las contribuciones patronales, afectando de esta forma el sistema previsional y obra social público, comprometiendo su presente y sellando su futuro”.
Nadie se anima a tocar los "25 inviernos"
A medida que trascurra el tiempo y no se tomen las medidas de fondo por la "crisis de Ipauss", la situación política se irá tornando insostenible. Resulta ser que ahora el directorio del Ipauss votó un pedido de juicio político a Fabiana Ríos como si cargar las responsabilidades sobre la gobernadora solucionaría el problema de fondo. Cuando en realidad este directorio debería votar un cabio de régimen en forma inmediata, es decir sacar de un plumazo los famosos "25 inviernos".
Se habla de embargos de cuenta, de juicio político, de mayores aporte del gobierno, de planes de pago, de todo menos de lo que se tiene que hablar, que no es otra cosa que el cambio de régimen para reemplazar a los famosos 25 inviernos, cosa que se detenga la incorporación de "jóvenes jubilados" y la sangría del Ipauss.
Por lo pronto, los protagonistas de la desidia del mega instituto hicieron en una larga sesión lo que hacen siempre, patear la pelota para más adelante, algo así como "dios proveera".
Lo cierto es que, el Directorio del IPAUSS -por 4 votos contra 1- decidió impulsar un pedido de juicio político contra la gobernadora Fabiana Ríos por la deuda vencida y sin vencer que mantiene el Ejecutivo provincial con el organismo previsional. Además se solicitó a los legisladores que aprueben dos proyectos de ley que están presentados en el Parlamento: el goteo al IPAUSS y el aumento de los aportes patronales al 18 por ciento. Finalmente, se intimará al Ministerio de Economía que deposite 108 millones de pesos adeudados que, en caso de no hacerlo, es el paso previo a volver a solicitar un nuevo embargo sobre las cuentas provinciales ante el Superior Tribunal de Justicia.
Los 4 votos fueron de los directores por los activos y los pasivos. En contra, salvo en el caso del aumento de los aportes patronales, votó el representante del Ejecutivo, Vicente Sinchicay.
Los directores por las Municipalidades no se hicieron presentes, disconformes con el pedido de aumento de los aportes patronales.
El argumento es que, a las Municipalidades les significaría un nuevo recorte porque están al día con los aportes, mientras que el Gobierno no paga, como hizo con la suba del 3 por ciento de los aportes asistenciales.
Los gremios con representación en el Estado, junto a representantes de los jubilados provinciales, decidieron este viernes realizar un paro provincial el próximo miércoles, ante la crítica situación del IPAUSS. Según se informó, los gremios que adhieren a la medida son SUTEF, CGT, ATSA, ATE, SOEM, SAT y judiciales, entre otros.
El IPAUSS viene teniendo serias dificultades para afrontar el pago de las jubilaciones, lo que generó airadas protestas del sector pasivo, que incluso llegó a tomar oficinas del instituto y cortar calles.
Desde el Gobierno, que adeuda recursos al IPAUSS, no se pudo garantizar el envío de los fondos necesarios para hacer frente a la totalidad de los haberes. Este viernes se depositó la segunda cuota de 6.000 pesos del pago de las jubilaciones.
Comentá la nota