Pocos días después de la inundación de La Plata, las dos Cámaras de la Legislatura bonaerense crearon comisiones para investigar la tragedia. Allí fueron ministros de Daniel Scioli, jueces y fiscales. Sin embargo, a seis meses de la tragedia no existe presentación formal de las conclusiones.
En el Senado, pocos días después de la inundación Mariotto anunció la realización de un informe final. Si bien no se pautó la creación de una comisión especial, el vice dispuso que todas las comisiones trabajen para la elaboración de un dictamen final. Por entonces ya se había instalado la polémica por el número de víctimas fatales y la investigación servía a los fines del ultrakirchnerismo para castigar a Daniel Scioli.
Fue por ese mismo motivo que la comisión que cobró mayor protagonismo fue la de Derechos Humanos, que preside el senador de La Cámpora, Santiago Carreras, a la vez un ladero de Mariotto en el Senado.
Por la comisión del senado pasaron Ricardo Casal (quien estuvo a cargo del Comité de Emergencia), el Juez en lo Contencioso y Administrativo, Luis Arias; el Fiscal, Jorge Paolini y el Juez de Garantías, Guillermo Atencio; entre otros.
El miércoles, al cumplirse seis meses de la inundación, la no publicación de los dictámenes generó revuelo en Twitter. Carreras aseguró que el informe de la comisión ya estaba listo y lo había girado a la presidencia del Senado, es decir a Gabriel Mariotto.
El legislador evitó responsabilizar al vice. Aseguró que el trabajo será publicado cuando se terminen de editar los informes de todas la comisiones. Agregó que se trata de más de 5.000 mil páginas y que habrá en versión digital y un resumen en papel.
En cuanto a los plazos, Carreras explicó que la publicación final no demorará más de 10 días. “En 10 días estará el informe presentado en sociedad. Editado y resumido”, dijo.
Al cruce de tuits y en defensa de Carreras se sumó el senado Luciano Martini, hermano de la intendenta electa de Bariloche. “Se logró ordenar un gran desorden que era la investigación judicial por las muertes”.
Martini, un alfil del ministro de Justicia, Julio Alak, en la Legislatura bonaerense, apuntó al intendente Pablo Bruera de manera indirecta: “Fueron fiscales, jueces. Faltó uno sólo ir”.
La misma historia en Diputados
En tanto, una situación similar existe en Diputados. Allí si se conformó una comisión especial para analizar lo sucedido durante la inundación del 2 de abril. Ese cuerpo surgió a instancias titular de la Cámara Baja, Horacio González, estuvo conformada por los seis legisladores de la Octava Sección y presidida por el diputado Raúl Pérez.
Por allí pasaron los ministros Ricardo Casal (entonces en Justicia y Seguridad), Alejandro Collia (Salud) y Alejandro Arlía (Infraestructura). Fue este último quien anunció en el marco de la comisión que el gobierno bonaerense avanzaría en un endeudamiento por $2 mil millones para obras hidráulicas.
Sin embargo, las semanas y los meses pasaron y la comisión -al igual que en el Senado- no emitió ningún informe final. “Presentar un informe en plena campaña tiene toda la sospecha de eso. Una campaña. Los muertos no volverán”, se excusó Pérez al cumplirse seis meses de la inundación a través de Twitter y en respuesta a una requisitoria periodística. “Unos días después del 27 de octubre es más razonable y serio”, agregó.
Pero el trasfondo es ahora más complejo. Al conformarse la comisión, Pérez formaba parte del bloque del Frente para la Victoria y respondía a Daniel Scioli. Ahora, el diputado saltó al armado de Sergio Massa.
En principio se podría pensar que en su “nuevo” espacio político tiene mayores libertades para investigar desde esa comisión las responsabilidades de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Sin embargo, el informe final no aparece.
La comisión fue motivo de polémica desde sus inicios. Como adelantó LPO, desde la oposición habían denunciado que se encontraba completamente paralizada a raíz de un pacto entre Scioli, Francisco De Narváez y Pablo Bruera. El objetivo era que nada sucediera en la investigación y el pacto fue sellado por el propio Pérez, el denarvaista Gonzalo Atanasof y Gabriel Bruera, hermano del intendente.
La denuncia llegó del diputado de la Coalición Cívica, Oscar Negrell y apuntaba a que durante los primeros encuentros no se invitaba a los funcionarios provinciales, algo que cambió tras las críticas opositoras.
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