También el ex sargento de Ejército, César Darío Díaz, y el ex oficial de Ejército Antonio Orlando Vargas, interventor en el penal de barrio Gorriti, y condenado a 25 años de prisión en el primer juicio.

El Tribunal dispuso que el jueves de la semana que viene los imputados tengan la oportunidad de la última palabra sobre los hechos por los que llegaron al juicio que comenzó el 4 de septiembre pasado.

El único de los acusados que pidió ser indagado por el Tribunal que preside Fátima Ruiz López fue Carlos Alberto Ortiz, quien argumentó que no conocía a las víctimas, que los responsables de los presos políticos era el Ejército y que para las fechas de ingreso y egreso de las mismas del Penal, cumplía funciones judiciales y no de vigilancia.

Los fiscales y las querellas oficiales y particulares pidieron en los alegatos prisión perpetua, entre otras penas, para todos los imputados, mientras que los defensores solicitaron la absolución lisa y llana de sus clientes, porque sostienen que no participaron de las detenciones, torturas ni de los homicidios.

En la audiencia de ayer los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, al igual que los abogados querellantes respondieron las impugnaciones planteadas por los defensores.

Rechazaron planteos de inconstitucionalidad del juicio, lo referido a la “contaminación” de las pruebas que aportaron, al pedido de nulidad de la ampliación de imputaciones, y tampoco aceptaron el planteo de prescripción de las causas.

Frente a las expresiones de la semana pasada de los defensores en que no hubo torturas ni tormentos hacia los detenidos, los querellantes recordaron hoy declaraciones de ex detenidos, a los que no se les permitía salir de las celdas, no tenían atención médica, eran obligados al silencio y a hacer sus necesidades fisiológicas en una lata, entre otros.

Para los fiscales y querellantes algunas de la impugnaciones debieron haberse realizado durante la primera parte del juicio, como el de “desigualdad de armas” para litigar.

En este juicio se ventilaron los destinos de Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.

Todos detenidas por la policía provincial en los últimos días de mayo de 1976, torturadas y posteriormente recluidas en el penal de barrio Gorriti, desde donde fueron entregadas el 10 de junio del mismo año al comisario Ernesto Jaig y al suboficial Díaz.

A partir de ese día, no se supo a dónde fueron llevadas. Sólo el cuerpo de Álvarez de Scurta fue exhumado del cementerio de Yala, donde había sido inhumado como NN.

La víctima fue reconocida por familiares y un trabajador de la morgue del hospital Pablo Soria, mientras que nada se sabe sobre el resto de los integrantes del grupo del PRT-ERP, al que pertenecían.