Los titulares de todos los bloques políticos del Concejo tratarán esta semana exclusivamente todos los proyectos relacionados a la seguridad. La decisión se tomó ayer en la reunión especial de Labor Parlamentaria convocada por la presidenta Daniela León (UCR) para tratar el mensaje del Ejecutivo, anunciado por la intendenta Mónica Fein la semana pasada, por lo que los ediles intentarán consensuar una batería de proyectos para aprobarlos en la sesión del jueves, que será específica en materia de seguridad. "Se pusieron arriba de la mesa las distintas iniciativas que se pretendían tratar. El Concejo va a estar a la altura de las circunstancias, y dentro del consenso, le va a dar a la intendencia las herramientas necesarias para que las implemente, por lo que vamos a conformar una comisión de seguimiento", adelantó León.

Luego de la multitudinaria manifestación en reclamo de seguridad y justicia del pasado jueves, los concejales rosarinos decidieron realizar su aporte a la problemática. Los 18 presidentes de bloques acordaron interrumpir el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo y avanzar con encuentros diarios hasta la sesión del próximo jueves en los que se tratarán las iniciativas consensuadas. Si bien la competencia del legislativo local para el abordaje de la seguridad es limitada, y que con la aprobación de estos proyectos no van a resolver el problema, como se encargó de remarcar a Rosario/12 la titular del cuerpo al término de la reunión de ayer en el Palacio Vasallo, existe un compromiso entre los ediles de sancionar unas 30 ordenanzas relacionados con el tema.

Desde la declaración de la emergencia por 180 días, impulsada por Diego Giuliano (Rosario Federal), pasando por un pedido de citación al ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, presentado por Celeste Lepratti (FSyP), los ediles buscarán consensuar la mayor cantidad de proyectos posibles, incluido el que envió la intendencia que, además de conformar un cuerpo especial de fiscalización, obliga al reempadronamiento de permisos de habilitación de rubros comerciales susceptibles de tener vinculaciones con cuestiones delictivas.

En este sentido, Eduardo Toniolli (PJ) pidió que se agreguen a los rubros requeridos por el municipio en el proyecto de decreto --armerías, desarmaderos, compra y venta de celulares, repuestos usados, espectáculos públicos y precursores químicos--- otros como financieras, concesionarias de autos, y fideicomisos para la construcción.

Hay muchas iniciativas que los ediles tendrán para analizar en las próximas jornadas, como la que apunta a la regularización de licencias de venta de bebidas alcohólicas, de Sebastián Chale (Radicales Progresistas); al acompañamiento y protección de víctimas de violencia institucional, impulsada por Lepratti; a la prevención social del delito, anunciada ayer por Toniolli. También analizarán el pedido de convocar a la Gendarmería, propuesta por Horacio Ghirardi (PS); la conformación de un Comité de Crisis para la Seguridad Ciudadana, de Pedro Salinas (Ciudad Futura), y la de Jorge Boasso (UCR), para que los agentes de la GUM lleven cámaras de video vigilancia en sus uniformes.

Más difícil será que los concejales opositores acompañen otras iniciativas del Ejecutivo, como la que presentó Boasso en el 2010 y reflotó la intendenta Fein en los últimos días, para que los motociclistas lleven en sus cascos el número de la patente, que según Norma López (FpV) promueve la estigmatización de trabajadores, y la utilización de las cámaras de videovigilancia para el control del tránsito y poder labrar multas, que es resistida por todo el arco opositor, ya que consideran que solamente persigue un afán recaudatorio.