La Legislatura provincial aprobó este miércoles la modificación de la Ley 6683 para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, pueda sustituir al Banco Nacional do Desenvolvimiento (BNDES) de la República Federativa de Brasil, como fuente de financiamiento de las obras del segundo acueducto del interior, en el remanente que queda para concluirla, monto que asciende a casi 47 millones de dólares.

Como ya lo habían anticipado, los diputados del interbloque Cambiemos no acompañaron la nueva moción que planteó una reforma a la ley original y no una nueva ley como estaba previsto la semana anterior. La falta de información que había sido requerida y que según lo plantearon no se les cumplimentó, fueron los argumentos más fuertes vertidos en el Recinto, aunque no los únicos.

En este escenario y con el objetivo firme de habilitar al Ejecutivo avanzar con nuevas operatorias para encontrar financiamiento y poner a andar la obra que lleva frenada más de un año, el oficialismo no insistió en esto del consenso sino que procedió a la votación que terminó con 19 votos a favor y 11 por la vuelta a Comisión, además de la ausencia de dos legisladores durante la sesión. 

El debate

La diputada Beatriz Bogado, quien tomó la posta del debate sobre el primer punto del temario, brindó primeramente precisiones sobre el destino que se le dará a los recursos que se obtengan de las nuevas operatorias. Recordó los planteos realizados durante la última sesión legislativa por la oposición y estimó que pasada una semana y contando con mayor información al respecto de los que se había requerido tendrían ahora la "voluntad" de acompañar la sanción de la normativa. Aunque no fue lo que ocurrió finalmente.

Bogado explicó lo de la sustitución del despacho anterior y abordó de lleno el nuevo despacho en base a una modificación a la Ley 6683, en sus artículos 2 y 3, facultando al Ejecutivo a sustituir total o parcialmente el financiamiento del BNDES.

El legislador por Cambiemos, Carim Peche expresó la posición "de la oposición" y mocionó su vuelta a comisión por entender que no contaban con "toda la información que hemos requerido".

El justicialista Ricardo Sánchez lamentó que la oposición no acompañe. Insistió sí en cuestiones que fueron motivo de discusión y ratificó: "No estamos hablando de un nuevo endeudamiento sino de facultar al Ejecutivo a conseguir nuevas fuentes de financiamiento". Indicó que el nuevo despacho brinda mayores precisiones sobre el monto y destacó que "en aras de lograr los consenso también dimos vuelta la Ley. Pensamos entonces que era mejor modificar la Ley 6683 y no hacer una nueva". "Si dios quiere en el año 2018 podremos tener terminado este segundo acueducto para los pobladores del interior del Chaco", auguró finalmente.

Carlos Martínez, por Libres del Sur, abordó cuatro ejes en relación a la cuestión. En primer lugar, que "se trata de un derecho humano, el derecho al agua potable". En ese punto volvió sobre la discusión cruzada de la semana anterior y afirmó que "nadie puede endilgarle a otro legislador que impide el acceso a un derecho fundamental. Los 32 legisladores estamos de acuerdo en que nuestra sociedad acceda al agua potable. Eso de fondo para dar un piso de racionalidad".

El segundo eje fue netamente constitucional, relacionado a la autorización a un crédito, establecido en el artículo 63. Recordó que la Ley cuando fue aprobada cumplió con todos los requisitos e incluso los dos tercios de acompañamiento, aunque sólo para hacer alusión a que la Constitución plantea obligaciones para el crédito pero no así para la fuente crediticia. "En ningún lado plantea que es un tema constitucional la fuente de financiamiento y por ahí pasa el tema de los antecedentes legales", el tercero de los ejes. Citó entonces la aprobación de la ley que autorizó la toma de un crédito millonario para productores y subsidios, "una ley que no especifica organismo financiero en particular, sino que habla en general y dice del país o del exterior". Lo dijo para reforzar el concepto de que "la Constitución no obliga a precisar la fuente de financiamiento". De hecho dijo que le sorprendió el ingreso del Poder Ejecutivo cuando "podía por decreto cambiar la fuente de financiamiento", lo que marcó como "una discrecionalidad dentro de la regla". "No iba a acompañar el despacho anterior pero sí este porque quiero moverme dentro de la constitucionalidad", aseguró adelantando su voto positivo.

Por el PRO, Luis Obeid comentó que cuando abordaron el proyecto lo hicieron desde dos dimensiones, una política y una técnica. "El diputado Sánchez me agregó otra dimensión, la humana, porque dijo que "no se pudo prever todo". Y ahí me pregunto "cuál es mi rol" y qué le va a pasar a los chaqueños cuando tengan que pagar por esto. Nuestra obligación entonces es tratar de prever lo más que podamos. No estamos legislando para hoy sino para el futuro. Entonces, escúchennos, las cosas salen mejor cuando las miramos entre varios. La gente seguramente no nos va a entender, pero sí vamos a explicárselo todas las veces que podamos", expresó el legislador ratificando su no acompañamiento. Otros legisladores como Irene Dumrauf y Livio Gutiérrez sumaron en el mismo sentido, previo a la votación.