El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) planteó reparos al programa “Un puente al empleo” que el Frente de Todos presentó la semana pasada con el objetivo de convertir planes en puestos de trabajos formales. Según un informe de la entidad, la reducción del costo laboral para los trabajadores no sería tan significativa.

De acuerdo a Idesa, el incentivo para que un empleador contrate a un beneficiario del Plan Potencial Trabajo “sería un ahorro del 13% del costo laboral total”. El instituto llegó a esa conclusión al considerar la incorporación de un trabajador por dos años con un sueldo equivalente a dos salarios mínimos; es decir, una suma en torno a 64.000 pesos.

“El trabajador le genera un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización por despido de $2,8 millones a precios actuales”, informó Idesa. Sin embargo, indicó que el beneficio del programa, con un año de subsidio al salario “y la exención de contribuciones por dos años, ascendería a $360 mil a precios actuales”.

En esa línea, Idesa analizó: “Estos datos muestran que tomar un beneficiario de plan asistencial reduce un 13% el costo laboral. Este cálculo sólo computa el costo monetario directo de la relación laboral. Faltan considerar los costos de aprendizaje, adaptación al entorno de trabajo, trámites burocráticos y eventuales conflictos o demandas judiciales”.

El informe marca que la iniciativa, presentada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puede encontrar inconvenientes en su implementación, dado que los beneficiarios de planes asistenciales “tienen bajos niveles de educación y carecen de experiencia laboral relevante”.

El plan del Gobierno apunta a que un millón de planes sean traspasados al mercado laboral y que, en consecuencia, la medida represente un beneficio para cerca de 500.000 pymes. Según un informe reciente de LA NACION, los planes superaron el millón de beneficiarios y cuestan $529 millones por día.

Idesa manifestó que la iniciativa puede fracasar de la misma manera en que lo hizo el programa “Empalme” lanzado por Mauricio Macri en 2017 y criticó en la formulación del plan, el rol que cumplen las organizaciones sociales. Pidió un debate amplio cuando el proyecto se discuta en el recinto.

“Las evidencias acumuladas en tres décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre convertir planes en empleos. Al contrario, su “éxito” estará en seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras”, manifestó la entidad.

Idesa cuestionó el artículo quinto del proyecto, que establece la posibilidad de que los beneficiarios puedan mantener durante un año el monto del plan en el que están inscriptos como parte del salario a percibir.

Con críticas al Gobierno, la institución pidió que en el debate parlamentario del proyecto “se transparenten los objetivos”. “El proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales y los riesgos de contratar un trabajador”, recalcó.

El proyecto y la comparación con el plan de Macri

La iniciativa oficialista propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

De esta forma, durante un año el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario, accederá a la obra social y la ART y, a cambio, deberá capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Asimismo, les sugiere a las empresas la posibilidad de rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones. Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.

Idesa identificó que el descuento planteado por el Gobierno alcanza solo a las contribuciones patronales al SIPA y “no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales”.

La entidad comparó el proyecto presentado por Massa con el lanzado por Macri en 2017, al que también cuestionó. “Los objetivos y el diseño son parecidos. La diferencia principal es que permitía tomar como parte del salario dos años de plan, pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. Esta iniciativa del gobierno de Macri fue un rotundo fracaso”, expresaron.