De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder El Esquiú.com, se realizó una denuncia en Fiscalía de Estado con pruebas de los actos de malversación de los recursos por parte del jefe comunal. Éstas tendrían su fundamentación legal por cuanto fueron probadas por auditores pertenecientes al Tribunal de Cuentas de la provincia.

De acuerdo al documento que sirve de sustento para realizar la denuncia en Fiscalía de Estado, los profesionales tenían la tarea de realizar la confirmación con los duplicados que obran en poder de los proveedores de las facturas emitidas por parte del municipio santarroseño. “A criterio de este equipo de auditores, presentaban rasgos que hacen dudar de la autenticidad”, señala el informe.

Así, el documento da cuenta que de la labor de los auditores “se determina efectivamente la existencia de comprobantes que se encuentran adulterados, y en otros la inexistencia de las firmas comerciales en los domicilios declarados en los comprobantes rendidos”.

El informe adjunta copia certificada de las “facturas adulteradas -rendidas por el municipio- y de las que posee cada proveedor como duplicado en su poder, y/o actas labradas por el equipo de auditoría”.

De esta forma, el cuerpo de profesionales sugiere remitir la documentación a la unidad fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública a efectos de que se lleve a cabo la investigación penal correspondiente”.