Un “rechazado” que le echó nafta al fuego

La polémica que se abrió por el pase a sesión ordinaria de tres despachos en el expediente que trata la regulación de la Zona Roja no para de sumar capítulos. El enojo en unos y la celebración en otros produjo la decisión de la Dirección de Comisiones de catalogar como “rechazado” el dictamen surgido del debate del último lunes en la Comisión de Legislación. Así fue volcado el jueves en el sistema digital de gestión de expedientes del Concejo Deliberante en función de lo dispuesto por el Artículo 60 del Reglamento Interno, el que señala que “se considerará con despacho un asunto cuando obtuviere el voto afirmativo de la mayoría de los votos emitidos”.

¿Qué ocurrió en Legislación? Las propuestas de Juntos y el Frente de Todos sumaron cada una cuatro votos a favor y cinco en contra y la de Acción Marplatense un voto a favor y ocho en contra. Ergo, ninguna cumplió con lo que manda el Art. 60. La presidenta del FdT, Marina Santoro, fue la que interpretó que con ese resultado ninguno de los expedientes podría ser promocionado a sesión ordinaria. Incluso pidió que la directora de Comisiones, Noemí Suave, exponga ante Legislación sobre cómo debería procederse reglamentariamente. Esa posibilidad fue descartada por el resto de los bloques, para quienes no debía exponerse a esa situación a una empleada de planta.

El único problema reglamentario no fue el no contar con un dictamen de mayoría: el Reglamento Interno es ambiguo respecto a la posibilidad de que hayan tres dictámenes (uno de mayoría y dos de minoría), donde radicales se apoyaban en un artículo y kirchneristas en otro, para sostener que si y que no, respectivamente.

Conocida la decisión de la Dirección de Comisiones, la bronca corrió por el oficialismo, principalmente en Vamos Juntos, el espacio más ligado al intendente Montenegro. Diametralmente opuesto era el clima en el kirchnerismo, donde recibieron la decisión administrativa como una demostración de la razón de sus argumentos.

¿Cómo sigue el expediente? A la fecha nadie puede afirmarlo. Las autoridades del Concejo trabajan sobre una alternativa reglamentaria que subsanaría el inconveniente abierto en lo administrativo. Dicha formulación la mantienen en reserva, pero confían en que pueda servir para encontrar una salida. Advierten, eso sí, que la resolución es “política”. “Hay que buscan consensos”, remarcan.

Un encuentro reservado con un gran tema ausente

En la más estricta reserva, concejales mantuvieron un encuentro informal con los jueces de Faltas de General Pueyrredon para debatir el régimen de regulación de construcciones destinadas a vivienda propia, única y de ocupación permanente. Se trata de una ordenanza que se venció a fines de mayo pero que es renovada periódicamente. Para trabajar en el nuevo proyecto, desde el oficialismo impulsaron la reunión para escuchar las sugerencias de los magistrados, quienes estaban interesados en marcar algunos aspectos a mejorar en la normativa.

Según supo 0223, solamente ese tema fue conversado entre concejales y los jueces de Faltas, oportunidad en la que no se abordó un tema central de la agenda legislativa que se encuentra en compás de espera: dotar de mayor operatividad a los tribunales municipales a partir de la cobertura de las dos vacantes tras la renuncia de dos jueces en 2018 y de la puesta en funcionamiento de un sexto juzgado. La cuestión incluso volvió a tomar mayor relevancia luego de la decisión del gobierno de implementar el nuevo sistema de fotomultas, el cual demandará mayor trabajo a los únicos tres jueces en funciones.

En febrero de este año, en la presentación del Presupuesto 2022, el secretario de Gobierno Santiago Bonifatti había adelantado la intención del Ejecutivo de avanzar en una solución a las dificultades que aquejan a los juzgados desde hace cuatro años. “El intendente este año enviará al Concejo las ternas para nombrar a los dos jueces que se jubilaron y el juzgado que se creó y nunca se puso en marcha. Esperemos que sea pronto”, dijo en esa oportunidad.

Exploración petrolera: piden a la Cámara precisiones sobre la sentencia

El particular Rubén Godoy -uno de los impulsores de las cuatro causas que frenaron la exploración petrolera off shore- solicitó a la Cámara Federal de Mar del Plata que dé mayores precisiones sobre los alcances de la sentencia dada a conocer el pasado 3 de junio. En concreto, pidió que se aclare “en forma expresa” si la actividad está autorizada o si en cambio permanece suspendida hasta en tanto se realice el nuevo estudio de impacto ambiental ordenado.

Una vez conocida la sentencia, desde el gobierno nacional se difundió que la decisión implicaba la autorización de la continuidad del proyecto para explorar a unos 300 km de la costa marplatense, mientras que organizaciones ambientales ponderaron la solicitud de un nuevo estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente de la Nación, planteando cierta ambigüedad sobre el alcance global de la sentencia.

Tras ordenar un nuevo estudio de impacto ambiental, en el Punto III de la sentencia la Cámara dejó sin efecto la suspensión ordenada por el juez federal Santiago Martín, sustituyéndola por una medida cautelar de carácter complementaria. Para Godoy, ello se hizo “sin indicar expresamente en qué situación se encuentra actualmente la actividad autorizada por el gobierno nacional”. Tras el pedido, se aguarda la respuesta de los camaristas.

Alivio entre los concejales por una licitación

La falta de calefacción que sufren diversos establecimientos educativos de la ciudad también es una realidad en dependencias estatales, como el caso del recinto de sesiones del Concejo Deliberante. Para solucionar un problema de años, el gobierno lanzó una licitación para realizar una contratación directa para la reparación del sistema, para lo cual prevé destinar $2.087.160.

Sin embargo, las malas noticias llegaron cuando el 7 de junio, minutos antes de los festejos por el Día del Periodismo, se abrieron los sobres y se constató que no se había recibido ninguna propuesta para realizar la obra. Rápidos de reflejos, se dispuso una fecha para una segunda apertura para el 15 de junio, mientras que se buscó poner al tanto a potenciales proveedores, debidamente inscriptos en el registro municipal.

El esfuerzo surtió efecto: se recibieron dos propuestas, las de las firmas Mirta Cuadrado y Alberto Hernández, por $2,5 millones y $2,4 millones, respectivamente, casi un 25% mayor al presupuesto oficial. Ahora se aguarda el avance del trámite administrativo para saber si los concejales no deberán atravesar abrigados las sesiones del invierno 2023.