Al reclamo de diputados de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal por la ley de Biocombustibles se sumaron voces del propio Frente de Todos. La prórroga de los beneficios para el sector fue votada por unanimidad en octubre del año pasado en el Senado. Aún así el trámite quedó frenado en Diputados donde en la última sesión de diciembre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, aseguró que la prórroga sería incluida en el temario de Extraordinarias. Sin embargo Alberto Fernández todavía no habilitó la discusión en ninguno de los dos decretos que firmó, ni en el primero con más de una veintena de leyes ni en el segundo, el más reciente, en el que sí incluyó, por ejemplo, el calendario electoral de este año.

Algunas importantes fuentes aseguran que habrá novedades la próxima semana luego de que se destrabaran las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. El 13 de enero, vía nota parlamentaria, Massa solicitó la inclusión del proyecto en el temario de Extraordinarias y sigue prometiendo a los diputados que se retomará la discusión en los próximos días.

Más que política partidaria, la prórroga parece condicionada por el debate entre los productores de combustibles convencionales y las provincias y empresas que producen biocombustibles. Las provincias hidrocarburíferas ocupan los principales cargos vinculados con el tema: el neuquino Darío Martínez es secretario de Energía de la Nación; el mendocino Omar Félix es presidente de la comisión de Energía en Diputados y próximamente asumirá al frente de YPF el santacruceño Pablo González. Las provincias del centro y norte del país, productoras de biocombustible a partir de la soja, el maíz y la caña de azúcar, quedaron relegadas en el reparto del poder.

En el mapa nacional Santa Fe produce el 80% del biocombustible nacional. Le sigue Córdoba. Y después las provincias del norte como Tucumán, Jujuy y Salta. Por eso los legisladores de esos distritos son los que más fuerte reclaman.

Roberto Mirabella, senador de Santa Fe (Gentileza Prensa Mirabella)

El senador nacional Roberto Mirabella, que completa en la Cámara alta el mandato del ahora gobernador Omar Perotti, pidió avanzar lo antes posible con la prórroga de la ley de promoción de biocombustibles. Mirabella no hablaría sin un guiño del gobernador. “Si no se trata en las sesiones extraordinarias, seguramente a partir del primero de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados lo va a estar abordando y lo va a estar tratando”, se mostró optimista a la vez que mandó un mensaje sobre el alto impacto que tiene para su provincia la actual incertidumbre respecto al futuro del sector.

La ley vigente, sancionada en el año 2006, fijó los porcentajes de mezcla de biocombustibles con nafta y gasoil, y estableció incentivos para el desarrollo de las plantas. Su vencimiento en mayo próximo puso en alerta a las provincias productoras. Esta semana, por ejemplo, los diputados Martín Grande, Miguel Nanni y Virginia Cornejo de Juntos por el Cambio tuvieron una reunión en su provincia, Salta, en la que analizaron cómo hacer oír su postura e intentaron, sin éxito, sumar a oficialistas y opositores de las provincias del norte para trabar las sesiones. Su planteo era no ayudar al quórum ni facilitar el debate de ninguna otra ley hasta lograr el avance de ésta. “El Presidente Fernández no incluyó en los temas a tratar en Extraordinarias la ley de biocombustibles, de ella dependen centenares de miles de trabajadores del centro y norte del país, debemos trabajar unidos para exigir se cumpla la palabra empeñada, basta de destruir trabajos”, se molestó el periodista y diputado Grande.

Durante el año pasado el precio fue parte de la discusión. La Secretaría de Energía tuvo que negociar tras la presentación de varios amparos judiciales por la actualización de los precios congelados desde el 2019. Las productoras de biodiésel y bioetanol amenazaron con despidos.

Omar Félix, presidente de la comisión de Energía Foto: Alfredo Ponce/Télam/jr 13/08/2017

En el Congreso, como en el Ejecutivo y en la industria, hay varias posturas enfrentadas. Los legisladores del centro y norte del país exigen votar la prórroga por cuatro años como señal de estabilidad para el sector. Admiten que también habría que discutir una nueva ley que contemple dos cuestiones: el porcentaje de corte en los combustibles (cuánto del gasoil y cuánto de las naftas puede ser reemplazado por biocombustibles) y beneficios graduales según el tamaño de las empresas. De 2006 a la fecha el mapa empresario cambió, advierten. Y lo que es cierto también es que el corte actual de 10% de gasoil y 12% de naftas (reemplazados por biodiésel y alcohol), quita rentabilidad a la actividad petrolera.

Los que resisten la prórroga de la ley 26.093 que beneficia a 54 plantas industriales prefieren abortar la continuidad del trámite parlamentario y no avanzar sobre la media sanción del Senado. En cambio quieren volver todo a fojas cero y arrancar con una nueva ley. Modificar la ley en cuestión llevaría casi el mismo esfuerzo, aseguran también. En tal caso, o se inicia un nuevo debate o se modifica la ley girada desde el Senado para devolverla luego a la Cámara de origen. No parece alcanzar el mes que queda de Extraordinarias, con un extenso temario, para todo ese trabajo.

Mirabella fue contundente. Coincidió con el diputado Grande, salteño y opositor respecto a que no debe haber diferencias partidarias: “Estoy convencido que todos los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, sean del partido que sean, están a favor de seguir apuntalando al sector del biodiesel y al sector del biocombustible”. Y recordó que las 19 plantas que hay en la provincia representan casi el 80% de la producción del país, es decir unos tres millones y medio de toneladas por año. “Esto significa casi 58 mil barriles por día de petróleo, o sea que Santa Fe sería la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Chubut, Neuquén y cerca de Mendoza”, continuó el legislador sobre el potencial en juego.

Prudente como una voz oficialista, recordó un proyecto que él mismo presentó el año pasado para el diseño de un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles “ampliando el concepto, ampliando la materia prima, incluyendo el biogás y definiendo otro marco regulatorio de corte y de beneficios fiscales”. A futuro, dicen cerca suyo, se terminaría la importación de gas si avanzara este proyecto.

En el Senado fue unánime el apoyo a la prórroga de la ley 26.093 por cuatro años del régimen de promoción de biocombustibles.

Unánime fue el voto a favor de la promoción del uso de biocombustibles (Celeste Salguero / Comunicación Senado)

“La ley 26.093 fue de avanzada, moderna, innovadora, generó fuertes inversiones, miles de empleos, y también millones de divisas. Del año 2007 al 2019, las exportaciones de biodiesel de la Argentina alcanzaron cerca de 14 mil millones de dólares”, continuó el senador santafesino. En el tema trabajan también según varias fuentes la senadora María de los Angeles Sacnun y en Diputados, Marcos Cleri, además de los diputados socialistas por Santa Fe.

En el oficialismo hay quienes temen por más aumentos de los combustibles empujados por el alza de los commodities cuando el barril está en baja. En el interbloque Federal, que lidera el pedido a favor de la prórroga de los beneficios, lo desmienten. En un comunicado difundido días atrás aseguraron que “la incorporación de insumos de origen vegetal no altera el costo final de los combustibles” al mismo tiempo que consideraron que, de ser necesario, “un incremento en la producción de biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de combustibles”.

Los diputados del Interbloque Federal piden la prórroga para biocombustibles

Los integrantes del interbloque que integra el lavagnismo de Consenso Federal; el bloque Justicialista; el diputado socialista y el del partido Progresista Cívico y Social (ambos de Santa Fe) y también los diputados de Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiaretti, reprocharon que no se cumpla un acuerdo alcanzado el año pasado en la Cámara de Diputados para debatir la prórroga durante el mes de enero. “Ese acuerdo, que es un compromiso institucional, no se está cumpliendo”, expresaron.

“El sector de la producción de biocombustibles es un ejemplo de agregado de valor, algo de lo que mucho se habla pero que poco se aplica. Constituye también un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las economías regionales. Y contribuye de manera decisiva al cuidado del ambiente”. agregaron.

Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos quienes defienden los combustibles no convencionales coinciden en que es necesaria una nueva ley. El proyecto de Mirabella propone un régimen a 15 años con un incremento de los cortes mínimos y un mecanismo de actualización automático. Sobre los porcentajes obligatorios de corte, impulsa alcanzar un corte del 30%, para el caso del bioetanol y del 27% para el biodiesel en el transcurso de la vigencia de la ley. “El incremento progresivo y previsible del corte obligatorio permitirá que las empresas y los particulares puedan desarrollar y adaptar paulatinamente sus capacidades” aclaró el legislador al respecto aunque esa será, seguramente, otra fuerte discusión.