Tras el crimen de Joaquín Pérez como corolario de una ola de violencia que parece incontrolable, la diputada provincial y ex defensora pública en la Justicia Federal, Matilde Bruera sostuvo, en una entrevista radial que «hasta que las fuerzas políticas no lleguen a un acuerdo sobre los temas de seguridad» solo se va a seguir «jugando para la tribuna». Y además, aseguró que «hay un importante sector de la sociedad que es cómplice y hace grandes negocios con toda esta violencia».

En diálogo con Edgardo Bozikovic, en el programa «Aquí y ahora», en Radio del Plata, la diputada del Frente de Todos afirmó que sería de fundamental importancia que en la Legislatura se debatan los proyectos de ley de Seguridad Pública, porque hay que «modernizar toda una estructura que ya no da más».

«Yo no digo que se aprueben como están, pero que se discutan. Las leyes que mandó el Ejecutivo son un plan de reforma de seguridad estructural y tiene que ver  con mirar la seguridad como una política de Estado, no como un problema de cada uno de los partidos políticos sino con una estructura de Seguridad perdurable», analizó Bruera.

En ese sentido, recordó que la estructura policial de la provincia de Santa Fe data de 1950. «Es una estructura que necesita modernizarse para que pueda ser gobernada políticamente. Hace falta además una estructura que tenga capacidad de estudio del problema del delito, que además, es mucho más complejo que a mediados del siglo 20, no sólo porque la sociedad complejiza sus lazos, sino por la misma tecnología, hablamos de una época en que no había celulares, ni computadoras, ni virtualidad».

La diputada también remarcó que, más allá de la corrupción que germina en la fuerza, son personas que deben tener una remuneración acorde a lo que hacen. «Le estamos exigiendo que den la cara y la vida a personas que ganan 50.000 pesos por mes y no tienen recursos. Por eso hay que modernizar esa estructura y mejorarla porque ya no da más».

Bruera admitió que ese no es el único problema de seguridad, pero es uno de los problemas. «El tema es que esas leyes ni siquiera han tenido tratamiento, eso es lo más preocupante, porque no se pide que salgan como está, tal cual las mandó el Poder Ejecutivo, sino que se traten, que se discutan, porque son temas esenciales».

Con una mirada crítica, la funcionaria aseguró que parece que estos temas sólo se abordan en campaña. «Y como es un tema electoral, cada partido político le echa la culpa al otro, obviamente porque esto tiene una larga data. Pero yo creo, y esto lo vengo diciendo hace muchísimo, a pesar de que hace muy poco que estoy en la Legislatura, pero ya lo he visto en otras funciones laborales que he tenido, que si no se sientan todos los partidos políticos a discutir este tema, vamos a seguir jugando para la tribuna. Este es un problema social y político muy complejo, y en medio todos son actos teatrales, actos con foto para hacerse ver, y acusaciones cruzadas a ver quien tenía más índices de homicidio y quienes tiene menos, no es una discusión seria. Nosotros vivimos en una ciudad sumida en una ola de violencia muy seria, y esta violencia es también una pandemia».

En cuanto a la cuestión de endurecer las escalas penales, como la sociedad pide a diario, la diputada observó que ella traduce esos pedido en «mayor eficiencia». «Lo que está reclamando la gente cuando pide mayores condenas yo lo traduzco en mayor eficiencia. El ciudadano común no tiene que ser especialista en seguridad, lo que se pide es más prevención y mayor eficiencia en la investigación y el juzgamiento. Un ejemplo que el aumento de penas no es la solución es el caso del femicidio. El femicidio tiene perpetua y sin embargo los índices han crecido exponencialmente».

En ese sentido, también señaló que es fundamental analizar la cuestión de la economía delictiva. «Como en cualquier economía, están los dueños del negocio, los gerentes y los peones que son los que hacen el trabajo sucio, los peones son los explotados en esta economías delictivas y son los que son fungibles, por eso la gente dice siempre entran por una puerta y salen por otra. Eso no es así, pero aunque así fuera, lo que ve la gente es que meten preso a alguien que roba y aparece otro y esto es porque son fungibles».

«Supongamos que al que mató a este joven arquitecto y le robó el auto, le dan perpetua. En seguida van a traer a cuatro o cinco más para hacer el trabajo, porque hay alguien que vende autopartes robados, hay desarmaderos,  o los llevan y los venden afuera, hay toda una modalidad de este mercado clandestino. Entonces hay que abordar todos los aspectos del negocio y, sobre todo,  hay que tener claro que hay un sector de la sociedad civil que es cómplice de esto o es parte, porque siempre se habla de la corrupción policial, política o judicial, pero hay un sector importante de la sociedad que está haciendo grandes negocios con esta violencia y con estas muertes. El otro día hubo un allanamiento a una financiera que lavaba dinero, esta es la complicidad y la vinculación de una parte importante de la sociedad civil».