- A casi un año de dejar la gobernación bonaerense, Daniel Scioli comienza a estar asediado por múltiples causas en las que ya procesaron a su número dos, el ex jefe de gabinete Alberto Pérez, y a varios ex funcionarios de segunda y tercera línea. Son varios los frentes abiertos en los que la Justicia avanza sobre denuncias por posibles actos de fraude y lavado de activos a través de empresas fantasma, y el manejo de cajas políticas de organismos del gobierno bonaerense.

Las principales causas que acechan a Scioli investigan actos de corrupción en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Aguas Bonaerenses (ABSA), el Instituto de Lotería y Casinos, el Ministerio de Salud, el Astillero Río Santiago, el Instituto de Previsión Social y, sobre todo, en la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esta última área, el fiscal Álvaro Garganta -que instruye la megacausa presentada por la diputada Elisa Carrió contra Scioli y sus hombres- ya procesó a Pérez y a otros cuatro ex funcionarios a los que se les prohibió abandonar el país y se le impuso una inhibición de bienes por 15 millones de pesos.

Los investigadores judiciales creen que esto podría ser la punta del ovillo para poder determinar si el ex gobernador participó o estaba al tanto de que en su Jefatura de Gabinete se habrían fraguado facturas por un monto que supera los 10 millones de pesos.

Garganta mantiene la hipótesis de que los montos recaudados a partir de esa modalidad podrían haber sido dirigidos a solventar gastos de la campaña presidencial de Scioli, en 2015. Por eso, la semana pasada allanó los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando en busca de documentación.

"La Justicia secuestró los libros y cuadernos para analizar si hay diferencias entre los registros de vuelos oficiales y los vuelos que Scioli realizó durante su campaña. Se busca determinar si el ex gobernador hizo pasar los viajes que efectuó para promocionar su candidatura como si fueran vuelos oficiales", dijo a LA NACION una estrecho colaborador de la fiscalía con acceso al expediente judicial. De hecho, el programa de TV de Luis Majul anteayer reveló que Scioli había viajado al exterior durante la campaña en diferentes vuelos privados solventados por las arcas de la provincia.

Esta línea de investigación también fue alimentada por una presentación del presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (Supttioma), Idelman Seillant, que denunció que empresas acusadas de haber estafado al IOMA fueron aportantes de la campaña presidencial.

"Durante la gestión del sciolista Antonio La Scaleia en el IOMA se pagaron sobreprecios -sin que se pueda explicar el porqué- a varias empresas que veníamos denunciando por distintas maniobras de corrupción. Por eso nos presentamos en la justicia y pedimos que se investigue el caso para saber si se derivaron fondos públicos para la campaña a través de estas compañías y de aportes de funcionarios", dijo Seillant a LA NACION.

La denuncia también recayó en la fiscalía de Garganta y se suma a otras causas que el Sutttioma ha radicado contra la gestión de La Scaleia, en particular, y de Scioli, en general. Entre ellas hubo una megapresentación a mediados de septiembre último, en la que se describe cómo el IOMA fue objeto de un fraude sistemático que se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasma, compra de medicamentos truchos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron.

En esa causa se precisó que en los últimos 18 meses de la gestión sciolista, el IOMA perdió $ 2800 millones en compras directas, sobreprecios y otros rubros, y sirvió para reactivar otras investigaciones que venían demoradas. Tal fue el caso de la causa por internaciones truchas que instruye el fiscal Jorge Paolini en la que se detuvo a un médico y a su mujer, y se ordenó la captura de otros dos ex funcionarios sciolistas.