La concejala radical María Eugenia Schmuck insistirá con su proyecto presentado en el año 2013 para incorporar multas gravosas a propietarios y/o inquilinos de casas que organicen fiestas privadas de gran escala.
La propuesta surge a partir de la denuncia de vecinos de Fisherton y se suma a las quejas de otros barrios por una historia que se repite y este verano se cobró la vida de una joven de 28 años en la ciudad de La Plata que murió ahogada en una fiesta clandestina.
"Nuestro proyecto procura aplicar multas más gravosas para aquellos propietarios y/o inquilinos que organicen eventos de magnitud sin habilitación. Hay que dejar claro que no nos referimos a celebraciones con familiares o amigos sino a fiestas que cobran entrada, cuentan con baños químicos, Dj, seguridad privada, es decir, gran infraestructura pero ningún tipo de habilitación ni control", afirmó Schmuck.
La edila consideró importante avanzar en legislaciones para evitar el corrimiento de estas fiestas a Rosario, a raíz de las multas que imponen actualmente en Funes y en Roldán: "Funes y Roldán ya cuentan con multas de entre 20 y 35 mil pesos para sancionar este tipo de eventos, y en Rosario también se fueron detectando, pero no contamos con multas graves, todos los fines de semana existe al menos uno o dos lugares que responden a estas características".
Asimismo, Schmuck precisó que el proyecto no busca solamente preservar a los vecinos - y la convivencia entre ellos- sino también a los asistentes: "estas fiestas multitudinarias no generan únicamente inconvenientes en los vecinos por ruidos molestos o incluso enfrentamientos, sino que también constituyen un peligro para quienes concurren.
Este año en la ciudad de La Plata el 1° de Enero una chica de 28 años apareció ahogada en una pileta donde se realizaba una fiesta clandestina que congregó 6000 asistentes. Al no estar habilitado el espacio, no cuenta con salidas de emergencia, dispositivos de seguridad, de higiene ni ninguna otra medida preventiva necesaria para un evento tan convocante".
Si el proyecto impulsado por la concejala radical se convierte en normativa, se penalizará con multas onerosas la realización de estos encuentros que encubren una actividad comercial por fuera de cualquier marco legal, poniendo en peligro la integridad de los asistentes y los vecinos.
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