En Junio de 2012, concejales se presentaron a denunciar hechos cometidos en el marco de la actuación del COPROTUR por realizar numerosas contrataciones sin que su Directorio participara en la decisión, irregularidaes en la confección de las actas del ente, como así también supuestos sobreprecios en algunas contrataciones.

En algunas contrataciones los solicitantes de las mismas, integrantes del Instituto Cultural municipal u otras Secretarías, acudieron al mismo ente cuando debían haber utilizado las partidas asignadas del presupuesto para contratar bienes y servicios, dijeron en su momento.

Mencionaban asimismo que el COPROTUR, elevaba una nota por su presidente Sergio Paladino y la tesorera Soledad Espina, aveces sin la participación de esta última, en la que solicitaba un subsidio al Secretario de Economía Ramiro Villalba, imputando el pedido a una partida excedida.

Luego de analizar por casi dos años, con nuevas presentaciones permanentes por parte de los denunciantes, y sin definición por parte del tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el Fiscal Alvarez procedió al archivo de esas actuaciones, por lo que desestimó las denuncias.

Más allá de opiniones personales y sensaciones sociales, el Fiscal en lo investigado, sólo mencionó que existen irregularidades y desprolijidades, pero ninguna de ellas son punibles desde el punto de vista jurídico,

El escrito menciona en una parte: "El balance del ente, si bien adolece de múltiples irregularidades, ha mostrado la actividad económica del consorcio durante el ejercicio 2011, descartándose que se halla expuesto información falsa sobre la situación patrimonial de la misma, en términos de tipicidad penal"; como así también que "la ausencia de una contabilidad llevada sistemáticamente no constituye per se un delito penal".

No obstante no deja de sosprender que sin una definición del Tribunal de Cuentas, y sin haber citado a nadie a declarar, es decir sin testimoniales, el Fiscal decidió cerrar la causa COPROTUR.

Ahora la auditoría por los más de 8 millones de pesos que costó la Feria USB, como las importantes contrataciones artísticas realizadas, quedan en manos del Tribunal de Cuentas bonaerense, que como menciona la resolución judicial, en caso de encontrar irregularidades podría reabrir la causa.

Por ahora, el "Sapo Pepe" sigue cantando...