El nuevo acuerdo de paz es definitivo, sostuvo el gobierno colombiano. Tras intensas reuniones en La Habana, donde se desarrollaron las negociaciones en los últimos cuatro años, las delegaciones del presidente Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el sábado un nuevo pacto de paz para terminar un conflicto armado de más de medio siglo.

Los negociadores de paz de Santos llamaron ayer a “implementar ya” el nuevo acuerdo alcanzado con la guerrilla, tras incorporar peticiones de sectores que se opusieron en las urnas al pacto original. “Pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo, satisfacción y, sobre todo, deseo de implementar ya. Este es el acuerdo final, así se denomina, y lo que no podemos es perder tiempo. Hay que comenzar la implementación”, dijo el jefe negociador Humberto de la Calle en rueda de prensa desde el palacio presidencial.

“Realmente no hay espacio para una nueva negociación. Después de 130 horas de trabajo minucioso con las FARC, realmente esto es lo que tenemos”, añadió, refiriéndose a la renegociación que tuvo lugar en los últimos días para incorporar peticiones de los sectores que votaron “No” al acuerdo original, en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Según el ex vicepresidente, el nuevo acuerdo no será cambiado porque incluye “más del 80 por ciento” de las propuestas de modificaciones hechas por quienes se opusieron al primer acuerdo de paz firmado en septiembre, que fue rechazado por una estrecha mayoría de votantes en el plebiscito de comienzos de octubre. “Este es el acuerdo final, realmente lo que sigue es una discusión sobre refrendación”, insistió De la Calle, tras asegurar en que el nuevo acuerdo le parece mejor porque incluye dichas recomendaciones.

Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que formó parte del equipo negociador del gobierno, destacó la actitud de las FARC en la renegociación: “Aceptaron una cantidad de cosas que no es fácil para una guerrilla aceptar”.

Recién el lunes se publicó el nuevo texto y, aunque aún no emiten un pronunciamiento definitivo, representantes de partidos que rechazaron el acuerdo en las urnas, liderados por el ex presidente Alvaro Uribe, ya adelantaron su “sorpresa” ante el nuevo texto.

“Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública’’, dijo por ejemplo el abogado Rafael Nieto, cercano a Uribe.

Por su parte, el senador oficialista Roy Barreras, que también fungió como negociador por parte del gobierno, comentó que es normal que en el país no haya unanimidad y que es previsible que algunos de los promotores del rechazo del acuerdo en el plebiscito rechacen el nuevo pacto. “Entendemos que hay personas con agenda política para 2018 (año de elecciones parlamentarias y presidenciales) y necesitan bandera, necesitan oponerse a todo”, expresó Barreras.

Ayer, sin embargo, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo: “No podemos tener un acuerdo de paz abierto de manera indefinida y dedicarnos a dialogar y a llegar a un acuerdo perfecto, enemigo de lo bueno”. Destacando que se hicieron cambios en 56 de 57 asuntos propuestos por la oposición, los negociadores del gobierno dijeron que esperan sentarse hoy con los voceros del “No”.

También insistieron en que en paralelo buscarán definir cómo se refrendará el nuevo texto, para que su implementación comience pronto y no se ponga en peligro el cese del fuego vigente desde agosto.

Los promotores del “No” presentaron unas 500 propuestas sobre 57 temas para modificar el acuerdo de paz, que fueron puestas a consideración de las FARC. Finalmente, el gobierno y el grupo guerrillero anunciaron el sábado en La Habana que se aceptaron las propuestas en 56 temas. El único punto rechazado fue una propuesta para que los guerrilleros que se desmovilicen no pudiesen participar en política ni llegar a cargos de elección popular.

El primer acuerdo planteaba un sistema de justicia transicional, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz, encargado de juzgar los delitos ocurridos durante el conflicto armado, con penas alternativas a la prisión, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado bien delimitado. En el nuevo texto se establece un período de 10 años para presentar acusaciones, que mediante prórrogas podrían llegar a 15 años.

Como otra novedad, el gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de Ley de Amnistías, Indultos y Tratamientos penales especiales, que incluirá un apartado especial con tratamientos diferenciados para militares y policías, como quería la oposición.

Se aclaró otro punto criticado: delitos como el narcotráfico sólo serán aceptados como crímenes conexos a los delitos políticos –y por lo tanto podrán ser sujeto de amnistía– en caso de que “no hayan derivado en enriquecimiento personal”.

La guerrilla aceptó inventariar sus bienes, que servirán para reparar a las víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluyendo integrantes de las milicias.

Los miembros de las FARC que hayan tenido relación con “cualquier eslabón de la cadena” de la producción de drogas deberán entregar un reporte de sus acciones.

El gobierno mantuvo contactos con diversas fuerzas políticas para determinar la forma en que el acuerdo será refrendado. Se estima que el pacto no será sometido a un segundo plebiscito, sino que será presentado al Congreso, donde la coalición gobernante de centroderecha Unidad Nacional cuenta con la mayoría de escaños.