Por: Hugo Alconada Mon.

Santiago Caputo avanza sobre otro casillero clave del Estado nacional. Bajo su influencia, el gobierno de Javier Milei postuló como número dos de la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF) a un abogado de 44 años, sin experiencia en la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo, delitos económicos o “de cuello blanco”, la evasión tributaria o el fraude corporativo.

El candidato de Milei –en rigor, de Caputo-, es Santiago Martín González Rodríguez. Afrontará este viernes una audiencia pública en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación, donde por lo bajo dejaron entrever que el nombre surgió de la Casa Rosada, sin injerencia del titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona.

El abogado Santiago Martín González Rodríguez

La postulación de González Rodríguez cosechó ya las impugnaciones de la dirigente de Republicanos Unidos –y ex número dos de la UIF- María Eugenia Talerico, y de la Fundación Apolo, que rechazaron su candidatura con el argumento de que “no reúne los requerimientos de idoneidad técnica exigidos por la ley 25.246″, que regula el sistema antilavado.

El presidente y vice de la UIF son elegidos por el Presidente a propuesta del Ministerio de Justicia. En esa cartera, en tanto, señalan a la Casa Rosada. “Su nombre [el de Santiago González Rodríguez] fue sugerido directamente por el asesor”, indicó una fuente oficial a LA NACION en alusión a Caputo, que ya registra un episodio previo de injerencia directa sobre la UIF. Propios y ajenos lo señalan como el responsable de la salida del primer vicepresidente de la unidad antilavado durante la gestión Milei, Manuel Tessio, a mediados de junio. Exigió su renuncia, poco después de que ese funcionario se presentara en los tribunales federales de Loma de Zamora para colaborar con la investigación, con la UIF como querellante, contra el otrora jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

Abogado especialista en compliance, transparencia y prevención y lucha contra el lavado de activos, además de profesor de la Universidad Austral, Tessio debió presentar su renuncia a la unidad antilavado por orden de Caputo, según reveló LA NACION, aún cuando desde la Casa Rosada adujeron que su salida respondió a “razones personales”.

Liderada por Ignacio Yacobucci, la UIF se encuentra desde hace varios meses en el epicentro de un proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esa revisión podría desembocar el mes próximo en el ingreso de la Argentina en la llamada “lista gris” de naciones poco fiables en el circuito bancario y financiero global, con un impacto a lo largo de varios años de hasta siete puntos porcentuales de PBI, según estiman algunos expertos.

Karina Mieli, Guillermo Francos y Santiago Caputo

En ese contexto, la canciller Diana Mondino convocó de urgencia a Eugenio Curia, embajador en situación de retiro con amplios conocimientos del mundo GAFI y Gafilat desde hace décadas, para que asista a Cúneo Libarona, a Yacobucci y al resto de la delegación argentina que pugna por evitar el descenso a la “lista gris” de la Argentina.

El proceso de revisión se centra en las acciones y falencias que acumuló cada país durante los últimos cuatro años, en particular, aunque irá incluso más atrás. La evaluación abordará lo ocurrido en el ámbito antilavado argentino durante las presidencias de Alberto Fernández, Mauricio Macri y los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner. Pero los evaluadores también preguntaron sobre las primeras decisiones del presidente Milei en el área, incluida la salida intempestiva de Tessio y la inestabilidad manifiesta de las autoridades de la UIF, según reconstruyó LA NACION.

Los evaluadores tomaron nota además del currículum vitae del ahora candidato a ocupar la vicepresidencia de la unidad. González Rodríguez no informó experiencia pública o privada alguna –ya fuera teórica o práctica- en los campos de la prevención o la lucha contra el lavado, el financiamiento del terrorismo, delitos económicos o “de cuello blanco”, el fraude corporativo, la evasión tributaria, decomisos o cuestiones patrimoniales. También tomaron nota de la conformación -incompleta- del Consejo Asesor de la UIF durante el actual gobierno libertario.

González Rodríguez, a quien le adjudican haber integrado por orden de Caputo la comitiva argentina que viajó a París el mes pasado para un encuentro del GAFI, sí cuenta con experiencia como abogado con conocimientos en Derecho Aduanero y especializado en Derecho Civil y Comercial desde que se graduó de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2007.

Ignacio Yacobucci (a la derecha), presidente de la UIF, junto a Manuel Tessio, exvicepresidente

LA NACION procuró consultar a González Rodríguez antes de la publicación de esta nota. Agradeció el contacto y trasladó la consulta al área de prensa del Ministerio de Justicia, por encontrarse en pleno proceso de impugnaciones y eventual designación.

Aunque indicaron que la candidatura llegó desde la Casa Rosada, en el Ministerio de Justicia –cartera de la que depende la UIF- defendieron la postulación de González Rodríguez ante la consulta de LA NACION. Remarcaron que fue propuesto “por Presidencia” y sostuvieron que es un profesional “piola, bien intencionado, que se va a formar”.

Los cuestionamientos de Talerico y la Fundación Apolo que recibió la postulación de González Rodríguez registran antecedentes en el área antilavado. Entre ellos, los registrados tras la nominación de José “Pepe” Sbatella para liderar la UIF durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Al igual que el ahora candidato de Milei y Caputo, Sbatella, que ingresó a la UIF en 2010, carecía de la idoneidad para el cargo, lo que levantó cuestionamientos desde la oposición.

Desde el Ministerio de Justicia remarcaron, además, que de ingresar a la UIF, González Rodríguez se sumaría a un equipo “fuerte”, que incluye como titular a Yacobucci –contador y abogado enfocado en el ámbito penal, donde acumuló experiencia en investigaciones complejas y especialización en materia tributaria-, y a una “muy sólida” número tres.

“La situación no es fácil, ni tampoco ayuda el panorama general del sector público”, argumentaron junto a Cúneo Libarona. Recordaron, en ese sentido, que el ministro entrevistó en su momento “a siete candidatos para liderar la UIF, incluyendo expertos de Deloitte y de PricewaterhouseCoopers, además de personas con años en Estados Unidos, pero a las responsabilidades propias del cargo se suma que el salario es muy bajo”. De aceptar, todos tenían que resignar al menos la mitad de lo que ganaban en el sector privado, dicen.

Cúneo Libarona terminó inclinándose por Yacobucci, quien venía del Poder Judicial y convocó, a su vez, a Tessio, quien sólo duró cuatro meses como vicepresidente de la UIF antes de que el número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio –otro alfil de Caputo-, le exigiera su renuncia invocando una orden directa del asesor presidencial.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo LibaronaSantiago Filipuzzi

Protagonista de roces públicos o apenas solapados con el otrora jefe de Gabinete Nicolás Posse y su sucesor, Guillermo Francos, como también con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Caputo avanzó con candidatos propios sobre decenas de cargos públicos en las segundas, terceras y cuartas líneas de la administración pública nacional.

En esa línea, los hilos de Caputo en el sector público llegan al secretario de Justicia, Amerio, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con Sergio Neiffert; al área de YPF que maneja miles de millones de pesos en publicidad cada año, con Guillermo Garat; a la “unidad ejecutora” a cargo de las empresas públicas, con Diego Chaher, y a los números del sistema ferroviario con el director general de administración de Trenes Argentinos Infraestructura, entre otros.

Señalado como el titiritero de la estrategia comunicacional del Gobierno, Caputo también tiene influencia sobre la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, y sobre figuras claves del Banco Central -Federico Furiase-, del Enacom –Martín Ozores-, del sector energético -Diego Aduriz-, y de la Cancillería -Ursula Basset-. Ahora, lograría acceder a los secretos más sensibles de la unidad antilavado con González Rodríguez.