El Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe revisará junto a organismos de derechos humanos sus padrones y expulsará de sus filas a todos los afiliados implicados en causas por crímenes de lesa humanidad.

"Nos planteamos desafiliarlos, tengan o no condenas firmes, y también abrir el debate sobre quienes tuvieron responsabilidades civiles" en la dictadura, indicó el titular del PJ santafesino e intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre. "Creemos que corresponde una condena política y social y que no pueden estar afiliados al partido", añadió.

"Así como hemos asumido con el objetivo de abrir el debate para una recuperación de nuestra ideología en el ámbito partidario, con nuestras diferencias internas incluidas, por supuesto; creemos en la necesidad de construir esa identidad", señaló Freyre.

Entre las afiliaciones que deben revisarse figuran el ex comisario Roberto Martínez Dorr, recientemente condenado a diez años y seis meses de prisión por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos. La iniciativa incluía también el caso de Horacio Américo Barcos, ex personal de Inteligencia del Ejército, muerto la semana pasada en prisión, también condenado por crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a quienes tuvieron responsabilidades civiles, el dirigente más conocido es Juan Carlos Mercier, ex ministro de Hacienda provincial durante la dictadura y también durante los dos gobiernos de Carlos Reutemann.

Otro caso es el del ya expulsado del PJ Mario Facino, ex jefe comunal de San José del Rincón, también condenado por crímenes de lesa humanidad.

A su vez, el titular de la departamental Rosario del PJ, Eduardo Toniolli, indicó que la iniciativa fue bien recibida por los organismos de derechos humanos y las agrupaciones de ex detenidos.

Deuda. "Es una deuda pendiente del peronismo, una fuerza donde hubo miles de desaparecidos debe acompañar y ponerse a la cabeza de este reclamo que vienen haciendo los organismos", afirmó Toniolli, querellante en la causa Quinta de Funes y cuyo padre es una de las víctimas de la dictadura.

Toniolli asegura que de todos modos no es una condena que la conducción partidaria va a aplicar sin antes poner en marcha el mecanismo del tribunal de disciplina del PJ.

Por su parte, el intendente de Venado Tuerto agregó que "el partido tiene que aportar y llevar el observatorio de derechos humanos a todos aquellos lugares que aún no lo tienen, y esa agenda de derechos humanos no tiene que ver sólo con el pasado sino con mirar a nuestro presente y nuestro futuro".

"Intentamos abrir el juego no sólo con los hechos de la dictadura, sino con cuestiones coyunturales, con los debates sobre temas de derechos humanos referidos a problemáticas de género o a la trata de personas", señaló.

Respecto del cambio cultural que todos estos debates implican, Freyre sostuvo que se desarrollan "no sin dificultades" y resaltó que "en nuestro país está pasando que los temas se debaten, a veces con más o menos racionalidad, pero lo bueno es que se debaten".

El titular del PJ santafesino indicó que la decisión no ha encontrado resistencias hacia el interior del partido y consideró que esto "tiene que ver con el contexto generado a partir de la recuperación de la justicia que inició el gobierno nacional desde 2003".

"Si cargamos en nuestra historia con que hubo un oficialismo con Reutemann y (Jorge) Obeid y se perdió el espacio político para el debate de ideas, creemos que hoy es una obligación generar propuestas inclusivas y progresistas, y es nuestro partido el que tiene que tomar la iniciativa".

El PJ santafesino se plantea también colaborar en un monitoreo constante de las causas por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en la provincia.

"Celebramos las causas reabiertas y las que jamás imaginamos que se podrían abrir, y que los responsables tengan la cárcel común que merecen", apuntó Freyre.