La problemática del juego está muy enquistada en Santa Fe y preocupa a todos los sectores de la sociedad. Tanto, que la arquidiócesis de Rosario mediante el Equipo de Pastoral Social rechazó la habilitación del juego en línea en la provincia, haciendo una fuerte crítica al estado, ya que consideran que apuesta "prioritariamente a los impuestos y al asistencialismo" como respuesta a los tiempos de crisis que corren.

Además, resaltaron: "(...) nos preocupa además que también desde el Estado se vengan ofreciendo mensajes que profundizan la naturalización y la ambigüedad en el manejo de las adicciones. (...) ¿Cuál esperaríamos que fuera la apuesta de los poderes del Estado ante esta situación? Entendemos que la misma debiera ser establecer políticas públicas capaces de generar trabajo genuino, que hagan posible una vida digna, que posibiliten alimentación, salud, vivienda, seguridad a las familias, atravesar serenamente su vejez a jubilados y pensionados,  dar esperanza a los jóvenes y ante todo que brinden seguridad jurídica para que lo anterior sea posible."

Mientras la Iglesia hizo esta declaración, el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, acusado por el exfiscal Gustavo Ponce Asahad de ser "la pata política" del juego clandestino, se presentó esta mañana en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Estuvo acompañado por su abogado defensor, José Luis Vázquez. No hablaron sobre la audiencia con los medios locales presentes en el lugar, pero el senador invitó a los periodistas el lunes próximo a una conferencia de prensa para "charlar tranquilos"

Fue convocado por la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Traferri prestó declaración informativa (que para los fiscales sería una posición intermedia entre imputado y testigo), ya que está protegido por los fueros y por eso no se le tomó una declaración imputativa. 

Sin embargo, al finalizar la audiencia, los fiscales de la causa Matias Edery y Luis Schiappa Pietra hablaron con la prensa y confirmaron que irán al Senado provincial para pedir el desafuero del legislador. 

Edery dijo: "Tuvimos una audiencia en base a un escrito que habían presentado. Les pedimos explicaciones sobre ese escrito. Considerábamos que ese escrito era inconsistente con la evidencia que nosotros tenemos en la causa. Por eso, le preguntamos si era su voluntad desaforarse voluntariamente y admitir que lo imputemos el día que formulemos la audiencia imputativa", mientras que Schiappa Pietra explicó que "el abogado (Vázquez) consideró que no correspondía, que no podía renunciar a sus fueros. Y por eso nosotros vamos a solicitar el desafuero para poder llevar adelante la audiencia imputativa".

Los fiscales se refirieron también a lo expresado por Traferri en el escrito presentado en la Justicia esta semana, donde manifiesta que su acusación es una maniobra política del ministro de Seguridad Marcelo Saín para perjudicarlo: "En esta causa no tiene nada que ver el ministro Sain, como se está mencionando. La imputación que queremos hacer es en base a las pruebas que tenemos".