La Cámara de Diputados de la provincia deberá abocarse tras el receso legislativo a discutir en comisiones el proyecto de reforma tributaria que tiene media sanción del Senado.

Mientras se aguarda con expectativa qué decisión tomará la Cámara baja, algunos datos de provincias vecinas pueden ilustrar y ayudan a comparar. Para tener una idea del atraso del régimen impositivo en Santa Fe, es válida la comparación con Entre Ríos, una de las primeras provincias argentinas en actualizar en los últimos años la valuación y los impuestos que pagan los propietarios de los campos. El campo más caro de la vecina provincia, ubicado en la zona más productiva, paga a valores actuales un avalúo de 16 mil pesos, bastante más que cualquier propietario santafesino, aunque un valor considerado bajo si se tiene en cuenta que los campos se valoran en dólares y el impuesto en pesos. O sea que está cinco veces por debajo del valor real.

En cuanto al impuesto inmobiliario, el dueño del campo más caro de Entre Ríos paga 368 pesos por hectárea al año, un promedio de 32 pesos por mes por hectárea.

Aplicación progresiva. En Entre Ríos la emisión para el presente año del impuesto inmobiliario rural asciende a 650 millones de pesos, y el aumento del avalúo fue del orden del 189 por ciento, y su aplicación fue progresiva.

Estos datos, irrefutables puesto que provienen del contador Marcelo Casaretto, titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, quien destacó que "el porcentaje de aumento impositivo recae sobre un sector de mayor capacidad contributiva", similar criterio que utiliza la provincia de Santa Fe. Las entidades del campo entrerrianos judicializaron su protesta ante los aumentos presentando sendos amparos los que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia, puesto que los aumentos habían sido aprobados por la Legislatura.

En la provincia de Santa Fe, la realidad es otra: la recaudación en concepto de este impuesto tiene un tope de 150 millones, pero con un agravante: que Santa Fe duplica a Entre Ríos, por ejemplo, en extensión de áreas dedicadas a la actividad agrícola ganadera y que aquí no se grava con ingresos brutos la actividad primaria. Es importante destacar, porque forma parte del marco político, que desde muchos hace años no se modifica la valuación de la tierra.

Otro hecho aberrante en la vida santafesina es que las empresas constructoras y ciertas industrias, injustamente, no paguen ingresos brutos. Cuestión poco entendible para un sector que fue proverbialmente rentable, a no ser que se las quiera justificar con subterfugios.

Injsticias. Se trata, además, de una flagrante injusticia si se tiene en cuenta que hay trabajadores monotributistas que perciben salarios de 3.000 pesos y deben hacer frente al pago del tributo. La exención, defendida por Juan Carlos Mercier, funcionario de la dictadura y del gobierno de Reutemann, siguió durante los posteriores gobiernos peronistas y hoy el Poder Ejecutivo proyecta derogarla. Habrá que ver qué decide el peronismo en ese aspecto.

Las provincias de Córdoba y Entre Ríos ya hicieron su parte, en Santa Fe aún se aguarda el desenlace en la Legislatura donde la oposición tiene mayoría.