Por Gastón Crespo, concejal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de La Plata.

En su larga extensión, el Arroyo El Gato recorre gran parte de nuestro distrito, pasando por zonas industriales, residenciales, comerciales, sociales y deportivas. Más del 55% de la población local reside en su área de influencia.

Sin embargo, sus altos niveles de contaminación son un problema de larga data que los sucesivos gobiernos han desoído, al punto de que hoy constituyen una verdadera amenaza para el ambiente y también para la salud de todos los vecinos.

Estudios recientes dan cuenta de que el principal problema del arroyo es la alteración de la calidad de su curso de agua que se genera a partir de la presencia de distintas fuentes contaminantes.

Entre ellos: vertidos de efluentes cloacales sin tratar o insuficientemente tratados; vertidos de efluentes líquidos industriales; desagües pluviales con residuos sólidos; conexiones clandestinas de cloacas; vuelcos ilegales de actividades no industriales (estaciones de servicio, lubricentros, talleres de pintura); residuos sólidos urbanos que se arrojan directamente al curso del arroyo o son arrastrados desde basurales en las márgenes del mismo, y el escurrimiento superficial de agroquímicos utilizados en áreas rurales, provenientes de la cuenca superior.

En efecto, uno de los mayores riesgos es la instalación de una planta de tratamiento de aguas negras por parte de ABSA. Esta planta no funciona correctamente, no da abasto para tratar todos los residuos que recibe y libera sin ningún tipo de tratamiento más del 60% de los líquidos cloacales que llegan sin ninguna restricción al Río de La Plata.

Algunos informes indican, incluso, que los lixiviados están filtrando al Acuífero Puelche, una fuente de agua natural sumamente importante para la región.

La concentración de bacterias fecales -cinco veces mayor a la permitida (25 mil por mililitro, cuando no deberían superar las 5 mil)-, junto con la elevada concentración del anión nitrato disuelto en la superficie, elevada presencia de hidrocarburos y detergentes, generó que más de la mitad de su curso no tenga vida, porque el agua carece de oxígeno suficiente.

Por la misma situación, la población que vive en sus márgenes o cercanas a estas, presentan mayor cantidad de enfermedades estomacales, epidérmicas y dificultades respiratorias.

En este punto, si bien tanto la empresa prestadora del servicio de cloacas y agua de red, ABSA, como la recolectora de residuos CEAMSE, tienen una gran responsabilidad frente al estado del arroyo; también debemos preguntarnos cuál fue el accionar de los estados municipal y provincial frente a esta catástrofe ambiental.

Por todo ello, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, estoy impulsando un Programa Integral de Saneamiento del Arroyo El Gato.

Esto implica que el Municipio, en coordinación con autoridades provinciales y con el Municipio de Ensenada -otro de los grandes afectados-, pongan en marcha de forma urgente un control estricto de todas las empresas radicadas en las orillas del Arroyo para determinar la calidad de las aguas que vierten al cauce.

En paralelo, se debe atacar la acumulación de basura en la superficie. La utilización de barreras flotantes para evitar que llegue al río, junto a campañas de concientización y programas de limpieza deberían ayudar a restablecer la calidad del cauce. De esta manera, quizás podamos recuperar parte de la flora y fauna que se pierde por el colapso del ecosistema.

Por su parte, la planta de tratamiento de residuos cloacales debe ser controlada por una comisión de especialistas que evalúe el funcionamiento actual, la capacidad de operación y las condiciones necesarias para operar al 100%; junto con el desarrollo de un plan que considere tanto el crecimiento de la ciudad como el nivel de tratamiento de los efluentes para el retorno al arroyo. Mientras que la UNLP y organismos provinciales competentes realizarían los estudios necesarios para garantizar que no se haya corrompido su integridad.

El proceso de saneamiento de un curso de agua tan importante como el que mencionamos no solo es una responsabilidad de todos los ciudadanos, sino también un derecho para mejorar nuestra calidad de vida y el ambiente en el que nos desarrollamos. Es una prioridad impostergable que este reclamo sea escuchado y que el Estado garantice su recuperación y preservación.