El diputado Martín Nievas, Presidente de la Comisión de Legislación General explicó luego de la sanción que se trata de “una ley que ha sido fruto del trabajo de mas de un año, los abogados y procuradores tienen la regulación de su profesión de una ley de 1953, hace 23 años atrás se sanciono la ley de Colegiación Obligatoria que nunca se aplicó porque se suspendió en el tiempo hasta hace dos años atrás que derogamos esa ley, y nos comprometimos con todos los abogados a hacer alumbrar una nueva ley que regule el ejercicio profesional”.

Relató que “había tres cuestiones que dividen a los colegas profesionales del derecho, por un lado quién va a controlar la matrícula, por otro lado quién va actuar de tribunal de disciplina para las faltas éticas de los abogados y en tercer lugar si hay que poner o no poner dinero para ejercer la profesión, en consecuencia, nosotros concluimos que la mayoría de los colegios, la mayoría de los abogados se han inclinado por tener el esquema de que siga manejando el Superior Tribunal la matrícula, que la potestad disciplinaria la tenga la propia justicia a través de la Cámara Contenciosa y las Cámaras Civiles y Comerciales y, en tercer lugar, un fondo especifico de la Ley de Tasas para el sostenimiento de los colegios sin que ningún colega tenga que poner un peso”.

El diputado sostuvo que primó “el respeto a lo que dice el articulo 15, inciso 3º de nuestra Constitución de la Provincia del Chaco que habla de la gratuidad del ejercicio profesional, en consecuencia, de 31 colegas diputados hubo un a abstención, 30 diputados estuvieron a favor, lo que habla de un consenso casi unánime, con el compromiso de los diputados de haber escuchado, de haber participado de las reuniones y tomado la decisión en el mismo sentido, de manera que es una ley por unanimidad”.

Admitió que “hoy los divide la cuestión de la colegiación, creo que se tendrían que buscar alternativas, no es descabellado pensar en trabajar de acá en mas en un esquema en el cual usted saque la cuestión de los aportes económicos de los colegas profesionales y que discuta tan solo la matrícula y tan solo el tribunal ético que les sirve no solo para los profesionales si no para la comunidad, para que la comunidad pueda venir y decir ‘aquel abogado ha cometido una falta ética’ y que yo lo pueda denunciar y que tanga la correspondiente sanción, no es descabellado pensar hacia adelante en que podemos trabajar en la modificación de lo que hoy es una ley por unanimidad en la Cámara de Diputados”.

El debate en el Recinto

El diputado Carim Peche recordó que “se trató paso a paso la ley vigente N° 25 que fue sancionada en 1953 cuando estaba de Presidente el escribano Deolindo Felipe Bittel, cuando me recibí allí en el año 90 recuerdo que cuando volví a mi ciudad natal, Sáenz Peña, y se empezó a discutir este tema que era duro, era una lucha, decidí militar la no colegiación porque estaba convencido de que uno tiene libertad para el ejercicio profesional, libertad de asociarse, y es verdad lo que dice Nievas, muchos años pasaron de este debate, muchos años de desencuentro”.

Reconoció que “después de la derogación de la ley se militó el tema nuevamente, se recorrió toda la provincia, se consultó con todos los colegios, con todos los colegas, y había posiciones encontradas, algunos creían que la matrícula la debía seguir controlando el Superior Tribunal de Justicia, otros que no, el tema también del pago para ejercer la profesión”. Y sostuvo que, “en definitiva, la modificación a la que hacía mención Nievas de la Constitución en el año 94 y otros fundamentos de la Corte Suprema, de la Asamblea de los Derechos Humanos, dan una claridad mediana de la libertad en el ejercicio de la profesión, por eso indudablemente que después de haber trabajado, haber escuchado una y otra postura se trabajó en este proyecto de ley que se trata hoy, y que desde nuestro punto de vista seguimos sosteniendo que no hay obligación de asociarse compulsivamente, seguimos convencidos de la gratuidad en el ejercicio profesional y en la libertad profesional”.

La diputada Celeste Segovia saludó la presencia de la Convencional Constituyente Ana Abraham “compañera mía en el Colegio de Abogados en el cual militamos mucho en principio por la derogación de la ley 3718 y luego de tantos años hoy me tienen aquí sentada como diputada, peleando por lograr una ley que nos una a los abogados y que respete el mandato constitucional del artículo 15 inciso 3 que habla de esta libertad de asociación”.

Recordó que “cuando era estudiante de abogacía, en derecho del trabajo una de las cuestiones en las que hacia hincapié el profesor eran las tres libertades sindicales, para que sea constitucional la libertad sindical se debía respetar el derecho a asociarse, a no asociarse y a desafiliarse. Yo creo que con la sanción de esta ley estamos dando un paso cualitativo en ese sentido porque el control de la matrícula quedará en el STJ, el juzgamiento a los abogados por las conductas que se prevén en este plexo normativo también va a ser por parte del Poder Judicial -lo cual garantiza una imparcialidad-; y también se respeta el mandato constitucional de la gratuidad en el ejercicio de la profesión”.

Manifestó que “es una ley que aparte de establecer esos tres ejes fundamentales, tiene artículos que son interesantes como la regulación del deber de secreto profesional que no estaba establecido en ninguna normativa, la inviolabilidad del estudio jurídico de los abogados, la protección por parte de las asociaciones y de los colegios de abogados a los abogados en caso de ser allanados y derechos fundamentales que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía las mujeres abogadas no los tengamos como es el derecho a pedir la licencia por maternidad”.

Finalizó acotando que “me gustaría que esta ley amplíe un poco más la licencia por maternidad y no sea simplemente de treinta días corridos sino que sea mas amplia” tras lo cual mocionó en particular una ampliación del plazo a 45 días, lo que fue acompañado por el voto de la mayoría de sus pares. “Para mí es un día especial –manifestó-, seguramente esta ley va a unir a los abogados porque regula cuestiones en las que tal vez estábamos divididos”

El diputado Juan José Bergia felicitó “la militancia que tuvieron estos jóvenes abogados que vienen trabajando hace mucho tiempo en favor de este despacho” y agradeció la presencia de la doctora Abraham. “Se también que esto viene de vieja data, está el proyecto de ley 2854 del año 2010, presentado por Castelán y Milar, el proyecto 2810 de nuestra autoría la cual nace cuando la Dra. Abraham vino a visitarnos a la Legislatura comentando este proyecto, también quiero hacer un reconocimiento al Dr. Amilcar Aguirre que trabajó mucho en este proyecto, que esta fundamentado en lo que presento en su momento el Colegio de Abogados de Resistencia”.

“Es por ello –explicó- que vamos a votar el despacho que emitiera la Comisión de Legislación ya que estamos en todo de acuerdo, se ha caminado la provincia, se ha hablado con los abogados, y nosotros hace mas de dos años fijamos posición en favor de la no colegiación, además queremos decir que nuestra Carta Magna en el artículo 14 bis habla de la organización sindical libre y democrática, nosotros desde nuestro bloque no acompañamos la obligatoriedad de las colegiaciones porque estamos convencidos, defendemos la libertad y el respeto por cada una de las personas que tengan el sentido de la libre asociación”.

La diputada Elda Pértile explicó “hemos acompañado este proyecto, nobleza obliga, quiero decir también que para mi ha significado un proceso que he acompañado como miembro de la Comisión de Legislación General donde, en un comienzo, he analizado la colegiación y la no colegiación obligatoria desde el enfoque y la experiencia de mi profesión como contadora. Ha significado un proceso donde se ha evolucionado todo un entendimiento, una comprensión, un acompañamiento a la realidad que fuimos experimentando”.

“He logrado concluir –sostuvo- que la mayoría de los profesionales abogados no querían la colegiación obligatoria, de manera tal que en mi condición de diputada provincial y queriendo recoger el sentido de la mayoría, a mi me llevo a comprender y acompañar este despacho que he suscripto”. Agregó que “no solamente se trata de la obligatoriedad o no, lo que estamos dando desde esta Legislatura en muchos artículos es una ley de avanzada para muchos aspectos del ejercicio profesional de los abogados”.

Observó que “como todas las leyes en todas las sociedades siempre están sujetas a ser mejoradas y superadas en el tiempo pero en el día de hoy lo que vamos a convertir en ley es un proyecto que es superador a la legislación con la que se contaba para la profesión de abogado que ya estaba desactualizada”.

El diputado Carlos Martínez volvió “sobre algunos argumentos que diera yo a conocer en oportunidad de participar como coautor o acompañando las innumerables leyes que prorrogaban la suspensión de la ley 3718 y los argumentos que diera a conocer en oportunidad de la derogación de esa norma, estableciendo en los momentos posteriores todo un mecanismo que culmino en el estudio de la modificación de la ley 25”.

“Ese día 30 de mayo del año 2012, cuando fui uno de los veinte coautores de la derogación de la ley también fui parte de ese compromiso de todos los legisladores en discutir profundamente esta cuestión, democratizar la opinión y buscar por todos los medios posibles lograr una norma que representara cabalmente el sentir de los profesionales del derecho de esta provincia, ya que nuestra obligación como Estado provincial es garantizarle a esos profesionales su derecho a trabajar y ejercer la profesión, el empleo, sin la obligación de asociarse compulsivamente a entidad alguna tal como lo establece la primera parte del inciso 3 del artículo 15 de la Constitución del Chaco”.

Observó que “dentro de ese marco de atribuciones y obligaciones del Estado provincial también la Constitución a nosotros nos autoriza a delegar en colegios, consejos o entidades profesionales el otorgamiento y control de la matricula de esos ciudadanos que quieren ejercer el derecho a trabajar libremente, y trascurridas estas jornadas y trascurridos estos años la verdad que no he cambiado un ápice lo que pensé en se momento respecto a este tema”.

Finalizó manifestando que “vamos a ejercer lo que establece la constitución de que esa garantía del ejercicio de la profesión, del derecho al trabajo, lo determinemos a través de la ley y en las condiciones que estamos fijando en este proyecto que en alguna medida culmina una etapa importante de debates respecto a una cuestión que ya fue debatida durante todos estos años. Acompaño el proyecto y el despacho unánime en los términos de lo que establece la Constitución del Chaco”.

El diputado Ricardo Sánchez manifestó “quiero presentarme porque hay muchos abogados que están en el día de hoy, quizás algunos me conocen otros no, pero quiero recordar la militancia activa que tuve dentro de nuestro Colegio de Abogados de Sáenz Peña donde fui presidente de la Federación Chaqueña de Colegios de Abogados e integré el Consejo de la Magistratura del 2008,

desde esa militancia activa y del ejercicio de la profesión es que prefiero una matricula gobernada por abogados y no por el STJ”.

En ese sentido, recordó que “este debate ya lo ha dado esta Legislatura cuando derogó la ley 3718, es decir que en la ley que hoy estamos sancionando estamos cumpliendo con aquel compromiso que asumimos al derogarla de darnos un espacio de participación con todos los colegios de abogados y buscar una nueva legislación. En aquel momento no apoyé la derogación de la ley no por estar a favor de ella, ya que sabíamos que la ley 3718 era una ley para un grupo de abogados de Resistencia, pero entiendo y me parece que le faltaron alternativas a esta ley”.

Sostuvo “yo creo que el cuco fue la cuestión económica y me parece bien que se haya ahondando en este tema, estamos aprobando que el 10% de la tasa, siendo que sale del cliente, que vuelva a financiar a estos colegios de abogados, pero si le hemos buscado la salida económica ¿cual es el motivo para que un STJ que desde esta banca hemos cuestionado en innumerables veces vaya a llevar mejor que nuestros propios colegas la matrícula?”.

También destacó que “no hay que temerle a la cuestión del tribunal de disciplina, a ser juzgado por un par abogado, porque tenemos la cuestión recursiva que caerá a tribunales, acá decimos vamos directamente a los tribunales, el camino final es el mismo, podemos llegar al STJ hoy con la ley que vamos a aprobar o podemos llegar al STJ con una sanción impuesta por un tribunal de disciplina y nosotros apelando en disconformidad”.

Sin embargo, manifestó “uno acepta la voluntad democrática y mayoritaria de esta Legislatura, por eso el debate se dio con la ley 6995 cuando en mayo de 2012 esta Legislatura derogó la Ley y se comprometió a llevar adelante un proceso democrático para generar esta nueva norma. Se generaron operaciones, vimos al STJ que nos gobierna la matrícula diciendo que no está en condiciones de controlar, y es una mentira, son 2 empleados y 1 más que controlan la matrícula y pueden llevar adelante este control, y este STJ que hace estas operaciones es el que sigue diciendo quien ejerce y quien no la profesión”.

Sostuvo que “el debate se dio, y esta cámara dijo no, felicito a Nievas y a toda la Comisión que hicieron reuniones en cada una de las circunscripciones, tuvieron un criterio que tenemos que respetar en democracia y acostumbrarnos a que las mayorías imponen los criterios, el debate ya se dio y esta Legislatura se expidió con mayorías sobradas para que la matrícula la tenga el STJ. Celebro una ley que permita darle financiamiento a los colegios de abogados, avanzar en positivo frente a la ley 25 y es un gran paso adelante en el ejercicio profesional de abogados más allá de los argumentos que sostengo sobre la matrícula”.

La diputada María Lidia Cáceres, sostuvo “los abogados por vocación defienden el derecho de los ciudadanos y como abogados en este caso les toca defender sus propios derechos, que no se avasalle su libertad individual, la libertad a trabajar y ejercer su profesión sin obligación de asociarse compulsivamente y asegurar la gratuidad tal cual reza la Constitución Provincial. Entendí que la ley 3718 no tenía asidero porque fue tal la resistencia que durante 20 años se prorrogó su vigencia, fui autora de la derogación de esta ley y a partir de ahí se abrió una nueva etapa donde la Legislatura tuvo un rol protagónico, escuchando a cada uno de los abogados que querían expresarse hace más de 20 años”.

“Cada reunión que realizábamos –observó- reafirmaba la firme convicción de que la libre colegiación tiene que ser el norte en cualquier ejercicio profesional, y no es cierto que no estemos colegiados, y lo digo como abogada, no integremos colegios de abogados, lo hacemos en todas las circunscripciones, y no tenemos ningún tipo de temor, se trata de convicciones firmes”.

Puntualizó que “se trabajó muy seriamente, pudimos escuchar todas las voces, hubo una libertad absoluta, no es que no se tuvieron alternativas, se tuvieron todas y cada una, y efectivamente podemos decir con la tranquilidad del deber cumplido que hemos modernizado la ley 25, y podemos decir que en esta nueva ley tenemos la posibilidad de tener el financiamiento de los colegios, algo muy difícil para los abogados del interior, y lo vamos a hacer a través de la tasa de justicia”.

Agregó “como mujer tengo que estar en el beneplácito de tener una licencia por maternidad, quienes ejercemos la profesión y nos tocó estar en estas situaciones tuvimos que recurrir a otros colegas y pagar para que ejercieran en nuestro nombre”. Y concluyó, “hemos tenidos logros, definiciones claras, firmes que marcan un antes y después en el ejercicio profesional, nadie puede decir que no tuvo la posibilidad de expresarse, marcar su posición”.

Darío Bacileff Ivanoff, Presidente de la Legislatura, bajo del estrado a su banca y expresó “no quería dejar de esgrimir mi posición personal con respecto a esta sanción legislativa, los colegas profesionales conocen mi postura, la verdad que trabajé y me formé en una familia donde me inculcaron la libertad de colegiación y la gratuidad, quería reflejar una cuestión que no fue reflejada por los colegas profesionales que integramos las bancadas y que tiene que ver con que hemos logrado una construcción de las más democráticas en el mandato que tengo en este Parlamento, donde se han recorrido todas y cada uno de las cabeceras de circunscripciones escuchando la posición”.

Insistió en que “en ese sentido esta Legislatura se ha expedido, esa construcción democrática, transformada en ley, casi en la unanimidad de los diputados, es un hecho que para el profesional abogado y procurador marca un punto de inflexión, de no tener a la profesión dividida, sino tener un único camino y ocuparnos en dignificar a una de las profesiones más bastardeadas ese va a ser el objetivo que nos una a todos los profesionales abogados de la provincia del Chaco.”

El diputado Daniel Trabalón, aclaró “integro la comisión, no soy abogado y no hemos firmado el despacho de la mayoría, y quiero expresar cual es la posición que el Frente Grande tiene referida a este tema, entendiendo y partiendo de un concepto general referido al tema de la colegiación”. En ese sentido, observó que “se ha hablado de la Constitución Provincial en su artículo 15 inciso 3 que en su primer párrafo habla de la libertad de asociación, pero no se menciona que en el segundo párrafo dice que la ley podrá autorizar a los colegios el control de la matrícula”.

Recordó que “desde el bloque Frente Grande presentamos proyectos de colegiación de otros profesionales y entendemos que es un mecanismo democrático, y en ese sentido hemos tomado posición hablando de este tema cuando se derogaba la 3718 allá por el 2012, estaba claro que la ley 3718 y 25 eran cuestionadas y no atendían a las necesidades de este momento histórico y había que generar debate, participación donde los sectores se expresaran, ese proceso se realizó y es algo que valoramos”.

Insistió “desde el Frente Grande creemos que la colegiación es un mecanismo democrático, compartimos que hay una mayoría importante pero no hay unanimidad, no estamos de acuerdo que el control de la matrícula lo tenga el STJ, los profesionales tendrían que tener el control, no compartimos que el SJT tenga esa potestad disciplinaria, más allá de esa acordada, tenemos diferencias en esas cuestiones, por lo tanto, repitiendo votaciones que tuvieron otros compañeros, no firmamos este despacho”.

Reconoció como méritos “que esta iniciativa surge de un profundo y amplio debate, y lo expresado tanto en el debate que se hizo y la comisión de legislación es que hay una voluntad mayoritaria tanto de los profesionales que participaron de este espacio como de los diputados en avanzar con esta ley. Esperamos que esta ley avance y que deje atrás esa vieja discusión y creemos que tiene que cumplir con el objetivo planteado, vamos a solicitar la abstención en este tema ya que no compartimos en cuestiones centrales”.

La norma sancionada

La ley especifica que “el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador en la Provincia del Chaco se regirá por las prescripciones de la presente ley, por las normas especiales sobre la materia de los códigos de procedimiento provinciales y demás leyes que no resulten derogadas por esta. La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado, forma parte de las finalidades de esta ley, y ninguna de sus disposiciones podrá entenderse en un sentido que los menoscabe o restrinja.”

Determina que “para el ejercicio de las profesiones de abogados y procuradores ante los Organismos Jurisdiccionales de la Provincia será indispensable la inscripción ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia., que tendrá a su cargo el Registro de la Matrícula Profesional de Abogados y Procuradores”.

Se detallan los requisitos para la inscripción; la jerarquía del abogado, sus deberes, derechos y funciones; las incompatibilidades e inhabilidades; las prohibiciones; la inviolabilidad del estudio profesional; la obligatoriedad de la contestación de los pedidos de informe; la representación de personas detenidas; y la suspensión de términos en casos especiales –dentro de las cuales se incluyó una cláusula de protección de la maternidad-.

En cuanto a los Poderes Disciplinarios, la Ley detalla las causas de sanciones disciplinarias y las características de las mismas, al tiempo que establece que “en primera instancia y conforme el procedimiento que se fija en la presente ley, en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, oficiará como Tribunal de Disciplina la Cámara Contencioso Administrativa. En las restantes Circunscripciones Judiciales lo hará la Cámara Civil y Comercial que actúa como alzada para la circunscripción judicial donde se desempeña el profesional. La instrucción estará a cargo del fiscal correspondiente, pudiendo actuar en forma conjunta como acusador el promotor de la denuncia o el damnificado, ambos con las mismas facultades que el primero. Como segunda instancia intervendrá la Sala Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia”.

Incluye también el detalle de las competencias del Tribunal de Disciplina y el procedimiento. Luego, en el título de disposiciones generales figura el reconocimiento de las asociaciones profesionales y su fondo de sustento.